Aunque ya tiene siete meses que dejó el cargo de ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) del país suramericano, Iris Varela Rangel, no se desprende del tema carcelario. Recientemente inició una jornada de visitas a los retenes policiales del país para chequear la situación de los privados de libertad, reseñó el diario Últimas Noticias en una entrevista realizada a la parlamentaria.
La nota indica que Varela visitó los retenes policiales como integrante de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, instancia que emprendió el Plan Sistema de Justicia Carabobo 200, para apoyar el nacimiento de la Comisión Especial para la Revolución Judicial, aprobada por el Consejo de Estado, máximo órgano de consulta del Ejecutivo venezolano, para impulsar la reforma del sistema judicial del país caribeño.
—Desde su regreso a la AN ha iniciado un trabajo a nivel de una subcomisión que redacta un nuevo Código Penal. ¿Cómo marcha ese debate?
—Tenemos un proyecto preelaborado que está siendo discutido en el seno de la comisión artículo por artículo. Estamos tomando toda la materia, la estamos compilando y luego se depurará; porque hemos identificado normas penales que se repiten. Por ejemplo, un delito contra un adulto mayor, no tiene por qué tener una ley especial. Cometer un delito contra un adulto mayor, esa circunstancia debe ser un agravante que tiene que ser considerada por el juez a la hora de tipificar el delito para poder emitir su sentencia contra un acusado.
—¿Ese proyecto de nuevo código penal establecerá la eliminación de algunos delitos?
—Aquí no se va a despenalizar nada, tampoco se van a aumentar las penas más allá de lo que establece la ley. Aquí en Venezuela el derecho penal tiene un límite constitucional. Hay normas constitucionales que nos impiden a nosotros alargar las penas a más de 30 años de prisión. Que les impiden a los operadores de justicia dar beneficios en casos de delitos de corrupción, de narcotráfico, que son delitos de lesa humanidad que no prescriben. La Constitución ordena que la ley tiene que ser dura contra esos delitos. Eso lo estamos tomando nosotros como premisas orientadoras y con una visión humanista.
—¿Cómo quedará plasmada esa visión humanista en el nuevo Código Penal que redactan desde la AN?
—Por ejemplo, no podemos estar colocando que los delitos contra las personas a veces se condenan con menos severidad que los delitos contra la propiedad. Te puedo poner un caso. El delito de robo de vehículo no tiene beneficios procesales, pero una persona por homicidio sí tiene beneficios. Eso no puede ser.
—¿Y eso se cumple?
—Eso pasa en la ley. Eso está así en la ley. Hay beneficios dependiendo de las circunstancias de cada caso. Eso se va a corregir. Se van a unificar los criterios.
—Usted ha propuesto en esos debates el cumplimiento separado de cada pena impuesta a una persona. ¿En qué consiste y cómo se justifica ese planteamiento?
—Yo he propuesto que la persona debe responder individualmente por cada delito cometido, si las víctimas son distintas. Por ejemplo, si alguien fue a robarse un celular y rompió un vidrio, no es que se le va a imputar por daños a la propiedad y robo. Porque en este caso, romper el vidrio sería un mecanismo para él acceder al celular y robarlo. Hay que estudiar las circunstancias y eso lo hace el juez, pero creo que eso debe quedar bien orientado en las normas y principios de la ley penal.
—¿Este proyecto de Código Penal ya fue llevado a consulta pública?
—Aún no. La consulta pública arranca una vez que sea aprobado en primera discusión el proyecto. Nosotros tenemos es un anteproyecto que se viene trabajando desde hace muchos años y que ha sufrido distintos ataques por parte de las personas que no tenían voluntad política de aprobar aquí un instrumento de esa naturaleza, se ha visto frustrada su sanción. También la dinámica política del país ha frenado que se avanzara en eso. Desde el año 2001 veníamos haciendo el esfuerzos en la Comisión de Política Interior para darle a Venezuela un nuevo Código Penal ajustado a la Constitución.
—Es decir, este anteproyecto que debaten data de cuando usted era diputada así como el actual presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y Pedro Carreño.
—Sí. Pero creo que estamos en el momento justo, en el momento oportuno. Nosotros lo que hicimos fue rescatar todas esas normas, todo ese trabajo adelantado, con algunos expertos que han venido trabajando en el transcurso de estos años. Efectivamente entre los diputados que estamos estudiando eso, está la diputada Cilia Flores y los diputados que integramos la Comisión de Política Interior, todos hemos tenido que ver con eso. Es un mismo trabajo que viene con una continuidad porque queremos darle visión constitucional, tiene que ajustarse a la Carta Magna.
—¿El Código Penal vigente está alejado de la Constitución?
—El nuevo Código Orgánico Penal tiene que ajustarse a la Constitución; no puede ser el que está actualmente, porque es un código inspirado en el código italiano de Guseppe Zanardelli de 1890 que ya ni siquiera es ley en Italia, fue abolido. Por supuesto que los delitos van a seguir siendo juzgados. Los delitos que existen seguirán existiendo, pero definitivamente se impone que nosotros podamos recoger toda la materia, organizarla, sistematizarla, lanzar líneas claras para que los operadores de justicia y el pueblo en general sepan cuáles son las conductas prohibidas para garantizar la sana convivencia.