Desde que Juan Guaidó se autoproclamó «presidente interino» el pasado 23 de enero en una plaza pública de Chacao, municipio históricamente opositor al proceso revolucionario, las irregularidades en torno a su figura cimientan un amplio prontuario de crímenes y escándalos
El accionar de Juan Guaidó -ficha del Gobierno de Estados Unidos para intentar montar un Estado paralelo en Venezuela- se ha visto manchado por una serie de delitos relacionados con violencia extrema, robo, traición, mentiras, engaños, prostitución, infidelidad, drogas, abusos, delincuencia, lujos, viajes, mafias y corrupción.
Lo más reciente de este diputado es un escándalo en Cúcuta, Colombia, donde su nombre está estrechamente relacionado con su grupo de extrema derecha Voluntad Popular, calificado por el Gobierno venezolano como una célula terrorista dirigida por el prófugo de la justicia Leopoldo López, actualmente protegido por la embajada de España en Caracas.
El escándalo salió a relucir en un reportaje escrito por el periodista venezolano Orlando Avendaño, editor jefe de The PanAm Post, quien públicamente apoya a Guaidó y se manifiesta contrario al Gobierno de Nicolás Maduro, a quien califica de usurpador y dictador.
El reportaje «Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia» fue publicado el pasado viernes 14 de junio –con actualización del martes 18 de junio- por The PanAm Post, un sitio web fundado en 2013 con sede en Miami, Florida y que se autodefine como “libertario (…) desde una perspectiva de libre mercado”.
«Mucha plata» en manos de los autorizados de Guaidó
En ese trabajo, Avendaño muestra una serie de irregularidades que estarían sucediendo en Cúcuta con relación al desvío de “elevados presupuestos” que supuestamente estaban destinados a “costear la estadía y manutención de los militares venezolanos que desertaron de la Fuerza Armada Nacional y que retiraron su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro para dárselo a Guaidó.
En esa serie de irregularidades, el periodista explica que su reportaje se fundamenta en una serie de pruebas que le llegaron personalmente y que evidencian cómo los “representantes de Guaidó” en Colombia habían desviado y malversado fondos, inflado cifras, cometido fraude y lanzado amenazas para regodearse de excentricidades, lujos y lujuria.
“En Cúcuta sucede algo. Desde hace bastante. Hay mucho ruido. Se acusan entre todos y fluye demasiado información, que suena inverosímil, y que no se ha confirmado. Me ha llegado. Que esto pasó, que la plata rodó por acá, que acá se gastó esto y esta persona se compró un apartamento con lo que se ganó acá, que los militares reclaman, que el cheque, que el embajador, que qué bolas. Muchos están indignados con un caso que parece etéreo, difícil de palpar. Pero basta con escudriñar un poco para saber que no hay solo ruido y que las acusaciones no se alejan tanto de la realidad. ‘Es muy desagradable’, me dicen. (…) Fue un fracaso. Un rotundo fracaso. Son muchas las razones. Improvisación, manejo de información desacertada, mediocridad o simple ingenuidad”, explica Avendaño en su reportaje.
Seguidamente, aparecen los nombres de Rossana Barrera y Kevin Rojas, quienes de acuerdo a una carta enviada el 24 de febrero, firmada y sellada por Guaidó en representación de la Asamblea Nacional, y dirigida al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, autorizó a ambos militantes de Voluntad Popular como responsables de “la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano”.
“Las miradas se deben posar sobre la mujer, Rossana, quien es la cuñada del diputado del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha del presidente Juan Guaidó”, explicó el editor jefe de The PanAm Post.
“Barrera, junto a Kevin Rojas, asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana, Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran. Me entregaron todas las pruebas. Facturas que demuestran excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos. Casi todas sin sello. Gastos de más de 3 millones de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata. Inteligencia colombiana fue la primera en precisar la anomalía. Nuevamente: en Cúcuta sucede algo”, escribió el periodista del referido medio.
En el reportaje Avendaño agrega que la designada por Guaidó “empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados con la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta. Según me confirmaron tres fuentes diferentes, Barrera reportaba a Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares. Caracas desembolsaba los fondos. Sin embargo, a Venezuela, subrayó, solo le correspondían dos hoteles».
El periodista prosigue reseñando otro incidente del que se percató el Gobierno de Colombia, «relacionado con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1.450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700”.
Gobierno de Venezuela muestra pruebas
Tomando en cuenta las amplias denuncias mencionadas en este reportaje de un medio totalmente contrario al Gobierno de Venezuela y que promueve la figura de Guaidó como supuesto “presidente” del país, Caracas divulgó este lunes varias pruebas que reafirman el accionar de “la mafia que lidera Guaidó” en Cúcuta y que cuenta con el apoyo de los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Chile, sólo por mencionar algunos que son reflejados en el reportaje de Avendaño.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles sobre la trama de corrupción y escándalos que involucran a Guaidó, su exasistente Gustavo Marrero -actualmente privado de libertad- y miembros de Voluntad Popular como Leopoldo López, los diputados Gaby Arellano, Sergio Vergara, José Manuel Olivares y Freddy Superlano, entre otros.
Una de las pruebas, además de las conversaciones por WhatsApp, es un video protagonizado por Superlano horas antes que fuera envenenado con «burundanga» por unas prostitutas en Cúcuta, en un hecho donde terminó asesinado su primo y entonces asistente Carlos Salinas.
En el video se observa a Superlano con las dos mujeres que lo habrían envenenado y que, además, le robaron joyas y 250.000 dólares que tenía en efectivo, luego de hospedarse en el hotel donde lo encontraron en estado grave de salud junto al cadáver de su primo, en una habitación que evidenciaba excesos en consumo de drogas y alcohol.
“¿Qué hacían con 250 mil dólares?”, preguntó el ministro Rodríguez sobre el hecho suscitado la noche del 23 al 24 de febrero, en la que casi muere Superlano en manos de las dos llamadas “prepago” luego que resultara infructuoso el plan de invasión contra Venezuela desde Colombia, cuando grupos violentos intentaron entrar a la fuerza al país suramericano, como parte de un plan de invasión que promovió Estados Unidos, junto a los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay.
Al respecto, Rodríguez reveló que un día antes del intento de violar la frontera venezolana -22 de febrero-, la ultraderecha gastó 800 mil dólares en el alquiler de avionetas para el traslado de diversos dirigentes a Cúcuta.
Un total de 15 aviones fueron los utilizados por el grupo de Guaidó para viajar a Cúcuta y fueron identificados por el gobierno venezolano con las siguientes siglas: N600TB Citation II; N27FL Hawker 800; N999CM LR60; N126KL LR55; N450MB G4; N125GR ASTRA; N179JA G200; VP-CNI MD87; N1900A Astra; N352BH G4; N113WJ G4; N600CK G4; N843GS Challenger 601; N125GR Astra; HK4758 Hawker 900.
Comida podrida y los choques de Guaidó con Colombia y Chile
De acuerdo con eal trabajo de Avendaño, “Rossana Barrera y Kevin Rojas, además de ser responsables del sustento de los uniformados, también compartían obligación con todos aquellos que se debían encargar del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países. Un nombre clave es el de Miguel Sabal, el designado por el Gobierno de Juan Guaidó para manejar todo lo relacionado a USAID”.
“Según me confirmaron tres fuentes, quienes me pidieron que en todo momento guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia, al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados del Gobierno de Juan Guaidó se dañaron. Me mostraron fotos sin compartírmelas”, agrega el periodista.
Al respecto agrega: «La comida está podrida, me dice. ‘Todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino'».
En ese sentido, Avendaño también comenta: “El Gobierno de Colombia está molesto. Muy molesto. Esto, junto al hecho de que jamás le notificaron de los diálogos escandinavos y los errores cometidos el 23 de febrero, los ha llevado a preguntarse cuál es el concepto que los venezolanos tienen por «aliado»”.
“Aunado a ello, aunque hace más de treinta días se puso al tanto a López y a Guaidó del entramado de corrupción de sus emisarios en Cúcuta, no han recibido ninguna respuesta todavía”, sostiene Avendaño
Fiscalía venezolana investiga y pide evidencias a Colombia
Tras estas declaraciones, el martes 18 de junio, el Ministerio Público (MP) venezolano abrió una investigación para imputar a Guaidó, Barrera y Rojas por este escándalo que incluye compra de apartamentos, drogas, prostitutas, gastos de miles de millones de dólares, entre otros delitos violentos.
La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa ofrecida en Caracas.
“Estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos, las cuales en realidad eran canceladas por ACNUR (…) Además, inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro del dinero (…) El dinero se habría utilizado para gastos personales, alcohol, e incluso prostitutas, y se presume que es utilizado también para financiar la desestabilización contra Venezuela”, subrayó Saab.
El Fiscal también detalló que Rossana Barrera y Kevin Rojas serían los responsables materiales de los hechos, mientras Guaidó es el autor intelectual de los delitos.
“Esto lo hacen sin tener control de las finanzas del Estado, ¿cómo sería si esta gente llegara al Gobierno?, subrayó Saab, quien reiteró que Guaidó aparece en todos los casos como el jefe directo de los “hampones”, así como también las “mafias y redes de extorsión” en Colombia.
“No se puede vivir engañando a la opinión pública, estas evidencias han sido tan sucias y tan cochinas que lo han reseñado medios opositores, y las autoridades colombianas y de otros países han pedido investigación”, subrayó.
Saab acotó que “Guaidó es el principal responsable en hacer esta actuación criminal y delictiva”, razón por la cual, será investigado junto a Barrera y Rojas por la presunción de los siguientes delitos: Legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir.
El Fiscal también indicó que el MP pedirá a las autoridades colombianas a que entreguen “indicios y evidencias” de esta “mafia que ha pretendido usurpar el poder” y que no son más que “criminales de bajo fondo”.
“Si ellos llegaran a ser Gobierno saquearían de manera total y absoluta todo resquicio de dinero público para ellos convertirse en magnates (…) son la peor excreta”, subrayó Saab.
Peleas internas del grupo de Guaidó dividieron a Bogotá y Cúcuta
En el artículo de The Panam Post también se pueden ver facturas millonarias pagadas en efectivo que demuestran los excesos de la “mafia de Guaidó”, algunas de ellas firmadas el mismo día, con estilos de escritura idénticos y casi todas sin sello.
Otras irregularidades denunciadas en el texto son facturas de los gastos de abril “por más de 30.000 dólares”, y reportes a Guaidó con cuentas por pagar, que contemplan “cuentas del Hotel Villa Antigua, en manos de ACNUR; y reportan un monto de más de 34.000 dólares. Además proyectan gastos de más de 15.000 dólares e incluyen Hotel Villa Antigua”, cita el trabajo periodístico, acompañado de fotografías con pruebas de la malversación.
Además, el texto agrega que hubo reportes de gastos a Guaidó que superaban los 47.000 dólares, entre los que se incluyen gastos en varios hoteles en Cúcuta como Cinera, Cinema Cúcuta, Hampton, Sterling y Zaraya, y que habrían sigo divididos entre el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El reportaje reseñó además que la embajada de Colombia avisó a Guaidó sobre la situación, es decir, resalta Avendaño en su reporte: “Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas”. De hecho, dice Avendaño, que el equipo de Guaidó siempre “mostraba una defensa a ultranza de ambos (Barrera y Rojas)” e incluso “hubo amenazas y se trató de desviar la responsabilidad hacia la embajada de Calderón Berti”, supuesto “embajador” de Venezuela, nombrado por Guaidó.
Según la publicación, Barrera acudió el 27 de mayo a una reunión “con miembros de la embajada” para someter sus gastos en Cúcuta a una auditoría.
“Un hombre, el diputado Luis Florido, la acompañó para abogar por ella, según comentó un allegado a uno de los que estuvo presente en la reunión. La carpeta que entregó era pequeña. Muy pocas hojas para toda la escandalosa información que manejaba la inteligencia colombiana. Al final, Barrera pudo entregar un soporte, bastante burdo, de 100.000 dólares que había gastado durante su estadía en Cúcuta. Varios montos de los que entregó no se correspondían con la realidad. La cifra es formidable pero, según me dijo el miembro de inteligencia, se queda corta”, escribió Avendaño.
De acuerdo con el reportaje, Barrera es investigada por el Gobierno de Colombia, cuando a mediados de mayo comenzó a organizar una cena benéfica para «recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares», usando el aval de la embajada de Guaidó en Bogotá, pero tras el rechazo de la propuesta por parte del embajador, lo hicieron a cuenta propia.
Entonces, Barrera «envió invitación a las embajadas en Bogotá a nombre de la representación venezolana encabezada por Calderón Berti, utilizando un correo electrónico falso (…) El evento iba a ser en el muy lujoso restaurante Pajares Salina ubicado en la exclusiva urbanización de Chicó Norte en Bogotá. Al final se tuvo que cancelar debido a que los miembros de la embajada pusieron al tanto a las otras representaciones de que ellos no auspiciaban el evento. Al contactar a la embajada y referirme a la invitación, me confirmaron que ellos nunca estuvieron detrás del intento de realizar una cena benéfica», explicó Avendaño.
Maduro: Nosotros trabajando, ellos en un festín de corrupción
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, resaltó este lunes que mientras el Gobierno trabaja para solventar la coyuntura actual del país, la oposición venezolana lo único que hace es estar «en un festín de corrupción» donde se roban miles de millones de dólares y se burlan de sus jefes, el Gobierno de Estados Unidos.
Estas declaraciones las realizó el Jefe de Estado en cadena nacional de radio y televisión, en referencia al escándalo de corrupción que protagonizan los miembros de Voluntad Popular autodenominados como representantes de Guaidó en el extranjero.
«Se burlaron del Gobierno de Estados Unidos (…) se robaron toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria (…) Se robaron miles, millones de dólares entre ellos (…) Mientras nosotros estamos trabajando, la oposición venezolana está en un festín de corrupción (…) una derecha golpista, vendepatria y muy ladrona», subrayó Maduro.
El Mandatario añadió que «no es nuevo que la oposición venezolana cometa actos de corrupción. Lo que es nuevo es la vulgaridad en que se están repartiendo el dinero y la riqueza».
En la cadena también intervino el ministro Rodríguez, quien adelantó que el Departamento de Justicia estadounidense abrirá una averiguación «a la junta directiva espuria que Guaidó nombró en la empresa Citgo, porque alteraron la contabilidad para excederse en 70 millones de dólares en el pago de los intereses de un supuesto bono PDVSA 2020″.
Citgo es una filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, país que mantiene bloqueados los bienes de la estatal venezolana, cuyo valor supera los 30.000 millones de dólares, y que tal y como lo han dicho los voceros de Donald Trump, es dinero que está a la disposición del grupo de Guaidó y su supuesto “gobierno interino”.
En ese aspecto, ya sectores de la oposición han denunciado que el grupo de Guaidó también realiza actos corruptos con el dinero de PDVSA y Citgo.
Precisamente, el reclamo de sectores opositores contra Guaidó se fundamenta en las revelaciones sobre el robo que se hizo a la «ayuda humanitaria en Cúcuta» que supuestamente ese sector de extrema derecha había recaudado para llevar a la población venezolana, pero que terminó siendo apropiado por el “equipo” de Guaidó en el extranjero.
Más corrupción: el robo de Citgo y bienes de PDVSA
La plataforma de periodismo de datos La Tabla detalló que actualmente se «han encendido alarmas en sectores de oposición de Venezuela», porque «creen que algo parecido» al «robo de la ayuda humanitaria en Cúcuta», «está pasando con la filial estadounidense de PDVSA (Citgo)”.
«Hoy en público, vía Twitter, y en privado se han pronunciado», explica La Tabla a través de la red social.
«Mi objetivo no es otro que expresar lo que siento y veo. Es lamentable que cometan pillaje con la Ayuda Humanitaria (sea quien sea). También molesta (y confunde) que acuerden pagar 71 millones de dólares por intereses de bonos PDVSA 2020 pero la Asamblea no apruebe el TIAR ni pida ayuda externa», escribió el abogado y docente opositor Pablo Aure en Twitter, quien se autodescribe como un luchador «por una Venezuela libre de socialismo».
De acuerdo con La Tabla, el robo del dinero por parte del grupo de Guaidó se haría a través de un mecanismo que permite la transferencia de los intereses que se generen en las cuentas donde hay recursos de Venezuela que fueron congelados por la banca internacional.
Los intereses serían entregados al grupo de Guaidó, tal y como ocurrió en 2011 con los recursos de Libia que fueron congelados por el operador financiero Euroclear, con sede en Bruselas, Bélgica, la misma empresa que desde 2017 tiene congelados más de 1.600 millones de dólares de Venezuela.
Al pagar los intereses generados en esas cuentas congeladas a terceros que no son el Estado venezolano, el monto de la transacción original se mantienen en la misma cantidad, es decir, no resulta «afectado».
De esa manera, entonces se entregaría dinero de Venezuela a civiles que no representan al Estado, hecho que ya tiene precedentes cuando Euroclear desvió fondos generados por los intereses confiscados a Libia en 2011 -con el objetivo de derrocar al presidente Muamar Gadafi, y que se presume fue entre 5.000 y 10.000 millones de dólares que terminaron «en cuentas de desconocidos».
«Los pagos se hicieron a cuentas en Bahrein y Luxemburgo, podrían sumar entre 5 mil y 10 mil millones de euros y sus beneficiarios finales no se conocen aunque se cree que habrían financiado a milicias que mantienen el conflicto en Libia e involucradas en trata y esclavitud», detalló La Tabla.
La Tabla también detalla que actualmente “circulan dos versiones” sobre el inicio de una investigación por parte del Gobierno estadounidense contra “funcionarios de Guaidó por los bonos. Una que involucra a directivos CITGO y la otra que señala que «Guaido people» (gente de Guaidó) compró títulos con precio en baja antes de aprobarse el pago de intereses”.
“La primera, revelada por el ministro Jorge Rodriguez, refiere una maniobra contable en CITGO para pagar más de 70 millones de dólares, y la otra al uso de información privilegiada por allegados a Guaidó para obtener una ganancia en la compra de los bonos en el mercado secundario”, agrega La Tabla.
El referido portal informativo también detalla que, el “director de CITGO” de Guaidó, Andrés Eloy Padilla Villalba, “oculta convenientemente en su perfil que en 2007 era corredor de títulos valores en la Bolsa de Caracas”; y revela que “es hermano del diputado de Acción Democrática por el estado Anzoategui, Luis Carlos Padilla Villalba, quien es el vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo donde se definen las postulaciones”.
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