El atentado terrorista contra Nicolás Maduro dejó un saldo de siete efectivos militares heridos y conmocionó a la opinión pública del país y del mundo.
Dos diputados a la Asamblea Nacional (AN) en desacato y dirigentes del partido de derecha Primero Justicia, Juan Requesens y Julio Borges, y una treintena de personas, entre ellas civiles y militares, algunos ya procesados por la justicia, la participación de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han arrojado las investigaciones oficiales sobre el intento de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que ocurrió hace un año.
Cerca de las 5:30 de la tarde del 4 de agosto de 2018, el presidente constitucional de la nación caribeña lideraba el acto en conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en la avenida Bolívar situada en el centro de Caracas, cuando fue víctima de un atentado que buscó acabar con su vida.
Mientras el primer mandatario se dirigía al país en una alocución, el Drone DJI Matrice 600 accionó una carga de explosivos C4 y perdigones, frente a la tarima presidencial.
Momentos después de que se activaran eficientemente los protocolos de seguridad, un segundo estallido tuvo lugar a unos 400 metros del lugar, lo que comprobaba que intento de magnicidio fue una acción coordinada que incluía varios objetivos.
El atentado terrorista dejó un saldo de siete efectivos militares heridos y conmocionó a la opinión pública del país y del mundo.
Plan criminal de la derecha
Julio Borges quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia venezolana, protegido por el gobierno colombiano, junto al ex diputado Juan Requesens, detenido el 7 de agosto por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y Fernando Albán, fueron imputados con el cargo de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del presidente Nicolás Maduro, por la Fiscalía General de Venezuela, tras ser comprobada su participación en el hecho.
Los dirigentes derechistas planificaron los actos terroristas desde Colombia, alentando una guerra civil en Venezuela, con la colaboración de Osman Alexis Delgado, alias «Alcon 2», quien planificó libremente la operación desde Estados Unidos (EEUU), por la que recibieron aproximadamente 20 millones de dólares como parte del financiamiento del magnicidio.
Participación de Colombia
Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias ‘Morfeo’, fue detenido por su presunta responsabilidad en el atentado y admitió que había sido entrenado por más de seis meses en una finca en Chinácota (Norte de Santander), en Colombia. En las tabletas de los drones se hallaron las trazas hechas por el aparato en ese lugar, un mes antes, y la proyección del vuelo en la avenida Bolívar.
Presuntamente, el atentado estaba preparado para un mes antes, el 5 de julio, día en el que se conmemora la firma del acta de la Independencia y se llevan a cabo actos de Estado, pero tuvieron dificultades con el ingreso de los aviones a Venezuela.
El testimonio de Rivas Vivas da cuenta de una supuesta connivencia de funcionarios de Migración Colombia para el paso de los drones y otros materiales bélicos usados durante la operación.
Las señales que apuntaban hacia Colombia no cesaron y en enero de 2019, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Luis Reverol informó sobre la detención a un grupo de sicarios que habrían sido contratados por la oposición para cometer asesinatos selectivos en Caracas.
En esa acción policial se capturó a Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, quien presuntamente proporcionaría la logística. En su confesión, manifestó que había sido contactado por un grupo de militares desertores venezolanos.
También fueron capturados Alberto Salazar Cabañas, quien fue entrenado en el país vecino y, Oswaldo García Palomo, coronel retirado de la GNB, contacto en Colombia del grupo entrenado en Chinácota. En su auto se localizaron dos fusiles AKA 103 y dos teléfonos satelitales que presuntamente habrían sido suministrados por Antonio Rivero González, prófugo de la Justicia venezolana.
Continúan las investigaciones
El pasado 11 de junio, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que siguen las investigaciones en el caso por el cual se han imputado un total de 38 personas, de las cuales 31 se encuentran privadas de libertad y siete con medidas sustitutivas. Además se han presentado 18 acusaciones y existen 15 personas con orden de aprehensión, pero que según las declaraciones de Saab, se encuentran fuera del país.
A un año del atentado contra su vida, el presidente Nicolás Maduro sigue ratificando su disposición al diálogo para garantizar la paz de la nación.
Por su parte, luego del intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018, y tras fallar en sus intenciones, la derecha venezolana sigue las órdenes del imperialismo estadounidense y ha intensificado sus ataques.
Incluso el 30 de abril, el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, orquestó un fallido golpe de Estado.
La participación directa del gobierno de Estados Unidos ha quedado en evidencia con los constantes llamados a la confrontación y su estrategia sistemática para someter al pueblo venezolano a una situación extrema a través de la asfixia económica.
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