Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Canadá firmaron una comunicación dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie una investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, informó este miércoles la Presidencia paraguaya.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, junto a sus homólogos de «Argentina, Chile, Colombia y Perú, y el primer ministro de Canadá, suscribió una comunicación dirigida a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a fin de abrir una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, que habrían tenido lugar en Venezuela bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014», indica el texto de prensa de la Presidencia paraguaya.
La comunicación se realiza para determinar “si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes de lesa humanidad a una o varias personas determinadas”, añade el texto.
La solicitud a la CPI se hace al amparo del artículo 14 del Estatuto de Roma, por el cual se constituyó la Corte, el cual faculta a los Estados Parte, como es el caso de los firmantes, a remitir una situación de este tipo y solicitar su investigación.
La comunicación toma en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela” y el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”.
Los países que firmaron la comunicación forman parte del Grupo de Lima, integrado por 14 países de las Américas, creado en agosto de 2017 en la capital peruana para hacer seguimiento de la crisis venezolana, arguyendo que en el país caribeño se quebró el orden constitucional.
Venezuela atraviesa una crisis política y económica marcada por escasez de productos esenciales y elevada inflación, lo que ha derivado en la emigración de miles de ciudadanos, situación que es calificada por la comunidad internacional de crisis humanitaria.
El Gobierno de Maduro denuncia que sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de EE. UU. para desestabilizar a su administración.
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