7 claves sobre el conflicto entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos

Los enfrentamientos entre el Ejército venezolano y grupos irregulares colombianos en el fronterizo estado Apure llevan más de dos semanas. El saldo de esos choques armados ha sido el desplazamiento de población civil, la muerte de ocho soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), atentados contra organismos públicos en Venezuela, ataques con minas antipersona, y una lluvia de acusaciones mutuas entre Caracas y Bogotá.

Mientras el Gobierno venezolano señala a Colombia de haber descuidado la frontera para facilitar la actividad de las organizaciones criminales y «tercerizar» un conflicto con Venezuela, desde la Casa de Nariño acusan a Miraflores de amparar a una fracción guerrillera para otorgarles el control del territorio y convertirlo en una vereda para el narcotráfico.

1- ¿Por qué comenzó la disputa entre el ejército venezolano y los irregulares colombianos?

El Gobierno venezolano inició hace 15 días una operación militar en el fronterizo estado Apure para combatir la presencia de grupos irregulares colombianos, denominada «Escudo Bolivariano«.

Ese despliegue buscaba destruir los campamentos de esas organizaciones irregulares, vinculadas con el narcotráfico y la violencia armada, que están tratando de permear el país por el área limítrofe, ante la aparente ausencia de las autoridades colombianas. De hecho, Caracas señala a Bogotá de abandonar la vigilancia en la zona binacional, de manera deliberada, y de incluso prestarle apoyo logístico a estas células terroristas.

2- ¿Cuáles son los grupos ilegales que combate el Estado venezolano?

Aunque no se ha especificado oficialmente de cuáles se tratan, se habla de varios campamentos de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y agrupaciones paramilitares.

En las fotografías que se conocen por redes sociales, se pueden apreciar varias insignias de las FARC e indumentaria militar. Sin embargo, el ministro de Defensa de Venezuela dejó claro que los grupos que combate el Ejército son de naturaleza diversa y con fines criminales diferentes (desde la extracción ilícita de oro, tierras raras, narcotráfico), que el Ejército los combatirá a todos por igual.

3- ¿Qué impacto ha tenido el enfrentamiento?

El parte más reciente de las autoridades venezolanas detalla que los ataques contra los asentamientos irregulares han dejado un saldo de seis campamentos destruidos, nueve irregulares abatidos, ocho soldados venezolanos muertos y 34 heridos, e implicó la captura de más de 33 personas, acusadas de pertenecer a estas organizaciones ilegales.

4- ¿Qué ha pasado con la población civil y el ejército venezolano?

De acuerdo a las autoridades venezolanas, el operativo se realizó fuera de las zonas urbanas. Sin embargo, la escalada de los enfrentamientos habría provocado el desplazamiento de parte de la población civil de La Victoria hasta la localidad colombiana de Arauquita.

Luego de que se registrara el desplazamiento, el Gobierno colombiano emitió un comunicado para expresar su «preocupación» por esa movilización y exigir la presencia internacional en la zona.

Sobre este punto hay versiones encontradas. Mientras Venezuela señala a los grupos irregulares de amedrentar a la población para que se desmovilizaran, como ocurre con frecuencia en Colombia (donde se triplicó este año el número de personas desplazadas); Bogotá asegura que la razón de esa salida fue la operación militar venezolana.

La divergencia también está en el número de desplazados. El Gobierno colombiano aseguró que se movilizaron 5.000 personas hasta Arauquita desde La Victoria, pero la proyección de población para 2021 en esa localidad venezolana no supera los 3.500 habitantes. Sobre ese tema, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ironizó: «Extrañas esas matemáticas mediáticas».

5- ¿Por qué no hay una cooperación entre el ejército venezolano y el colombiano?

A pesar de que ya van más de dos semanas de operaciones en la zona, hasta ahora no hay ninguna cooperación en materia de seguridad entre Colombia y Venezuela.

«Toda la violencia y todos los males de Colombia se están viniendo para Venezuela y no hay quien controle», denunció el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien consideró que el objetivo de la inacción de Colombia es «tercerizar» el conflicto mediante los grupos irregulares, la parapolítica y el narcotráfico, flagelos que afectan el territorio colombiano desde hace más de medio siglo de guerra, y que se han recrudecido a pesar del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC en 2016.

Bogotá, por su parte, mantiene una posición hostil contra Caracas, en línea con el desconocimiento al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se consolidó en 2019 tras la autoproclamación del exdiputado opositor Juan Guaidó como mandatario «interino» del país. Desde entonces, no hay acercamiento público de ninguna naturaleza.

6- ¿Cuál es la situación actual en Venezuela?

El Gobierno venezolano dijo que la situación se está normalizando en la zona, pero anunció «medidas extraordinarias» en tres municipios del estado Apure: Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos. El propósito es restringir la circulación y fortalecer los controles migratorios para detectar cualquier movimiento de esos grupos irregulares a su territorio.

Para ello activó una «Zona Operativa de defensa Integral Temporal Especial», en la que ejecutarán planes de seguridad pública para cercar a los irregulares. En ella se establecerán rutas y horarios para el tránsito terrestre, aéreo y fluvial, así como el funcionamiento de lugares públicos y privados.

Entre los controles de movilidad, los ciudadanos deberán informar previamente a las autoridades los cambios de residencia y las salidas o ingresos al país. Las autoridades podrán efectuar inspecciones en propiedades, desalojar ocupaciones ilegales e intervenir para restablecer el libre tránsito en zonas urbanas y rurales, en caso de que llegaran a ser interrumpidas.

Además se ha pedido la colaboración de la ONU en el proceso de levantamiento de minas antipersonas colocadas por los irregulares; y para que intermedie con el Gobierno de Colombia para «trabajar en conjunto» en las labores de resguardo fronterizo.

El canciller Arreaza reiteró su petición para usar el mecanismo de ‘back channel’ (puerta de atrás) de Naciones Unidas para coordinar acciones de seguridad con Colombia, y lamentó que Bogotá no haya querido ofrecer información para proceder a la captura y combate de esos grupos irregulares, a pesar de que el Gobierno de Iván Duque ha acusado de manera reiterada a Caracas de amparar a esas organizaciones.

Del mismo modo, el titular de Exteriores solicitó al Gobierno de México -que actualmente preside la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac)- su mediación para «abrir canales de comunicación» con Colombia, en línea con el mandato de esa organización de mantener a la región como una «Zona de paz». Asimismo, dijo estar dispuesto a dialogar con la canciller colombiana Claudia Blum, aunque reconoció que los esfuerzos que ha hecho Caracas para entablar un diálogo de alto nivel con Bogotá ha sido, hasta ahora, infructuoso.

7- ¿Cuál es la posición de Colombia?

Hasta hace poco, Bogotá se había limitado a acusar al Gobierno de Maduro de ser una «dictadura» y a desacreditar la acción de las FANB. Además, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, reiteró en entrevista con El Tiempo que el Ejército venezolano supuestamente atacaba a la facción narcoterrorista de ‘Iván Mordisco’ para ceder la zona a las disidencias del ELN y las FARC, unas acusaciones que ya habían sido calificadas por el canciller Arreaza como «absurdas, fantasiosas y esquizoides».

Sin ofrecer ninguna prueba, Molano aseguró que el objetivo del despliegue de las FANB no era el resguardo de la frontera sino «la protección del negocio del narcotráfico», a pesar de que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, los grupos irregulares que operan en esa zona limítrofe son todos de procedencia colombiana y Venezuela es territorio libre de cultivos ilícitos.

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