Caracas condenó falta de imparcialidad de la Comisión que preside la expresidenta chilena, que responsabiliza al Estado de vulnerar algunos derechos humanos fundamentales, mientras exculpa a Washington y a la oposición de sus acciones terroristas y desestabilizadoras
Este jueves se públicó el informe de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre la situación político, social y económica de Venezuela.
Aunque Bachelet y su equipo visitaron Venezuela y tuvieron acceso a pruebas, hechos y evidencias que demuestran los efectos de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero perpetrado por Estados Unidos desde 2013, su informe presenta una visión sesgada y parcializada sobre la realidad de la nación caribeña.
Durante la visita que realizó a Caracas, entre el 19 y 21 de junio, la Alta Comisionada pudo reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro; el titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el canciller Jorge Arreaza, integrantes del gabinete ministerial, los titulares de los Poderes Públicos y el defensor del pueblo.
También sostuvo encuentros con diputados de la Asamblea Nacional -parlamento de mayoría opositora declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia-, y su titular, Juan Guaidó, reconocido por Washington como «mandatario interino» del país para llevar a cabo una agenda golpista y desestabiliadora.
Además, dialogó con representantes de la Iglesia católica, medios de comunicación, instituciones médicas, estudiantes, empresarios, comunidad diplomática, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, entre otras instancias.
La exmandataria chilena indicó que el principal propósito de su visita giró en torno a abrir un espacio para mantener una relación cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y otros actores políticos y sociales.
Por tal motivo, se esperaba que al conocer de primera mano la realidad del escenario político, social y económico de Venezuela, el informe de la Alta Comisionada ofreciera un balance objetivo, riguroso y ajeno a sesgos de índole política, tal y como ha sido evidente en otros reportes.
Aunque el documento expone la crítica situación que atraviesa el pueblo venezolano en áreas como economía, salud, alimentación, seguridad y derechos sociales; responsabiliza al Gobierno central por la crisis y deja a un lado las responsabilidades y acciones desestabilizadoras, violentas y golpistas perpetradas por la oposición, así como las graves consecuencias del bloqueo financiero, sanciones unilaterales y ataques financieros aplicados por la Casa Blanca.
Bachelet instó al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para «detener» y «remediar» las «graves vulneraciones» de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales. Además, advirtió que si la situación no mejora, continuará el éxodo de migrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
Imprecisiones en el informe
El informe de la ACNUDH plantea que la crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019 y que en la medida en que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo.
“La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales” refiere el texto.
En el texto, la ACNUDH se limita a reconocer -sin condenar- que las sanciones económicas aplicadas por Washington -que incluyen a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)- “están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria”, “dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo”.
Sin embargo, no incluye el sabotaje promovido por la oposición y las prácticas de especulación, acaparamiento y contrabando de extracción en las que han incurrido empresarios y comerciantes inescrupulosos.
El informe deja por fuera impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por Estados Unidos, entre las que figuran la prohibición de realizar transacciones con la criptomoneda “petro” y operaciones con el oro venezolano.
Tampoco hace referencia a la congelación de activos venezolanos en el exterior, que suman más de 5.400 millones de dólares, ni a la confiscación de CITGO (filial de PDVSA en suelo estadounidense), ni a los más de $ 35.000 millones que le ha costado a Venezuela el bloqueo y las sanciones, cuyo verdadero objetivo es vender la idea de una supuesta crisis humanitaria para ejecutar una intervención militar.
Adicionalmente, el informe sostiene que la economía venezolana ya se encontraba en crisis antes de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales, pero pasa por alto el impacto generado por la dramática reducción del precio del barril petróleo que se registra desde finales de 2013.
El 95 % de las divisas que ingresan a Venezuela son producto de la exportación petrolera y, por ende, los ingresos del Estado se han visto mermados por la baja en la cotización del crudo.
El reporte firmado por Bachelet plantea que el Gobierno venezolano destina 75 % del presupuesto anual a la inversión en el área social. No obstante, advierte que incumple su obligación de garantizar, los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
Qué sucede con los alimentos
En materia de alimentación, advierte que “la disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente” y que “la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos”.
Según el documento, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de asistencia alimentaria implementado por el Gobierno y que llega a más de seis millones de familias, resulta insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales de la población.
Sin embargo, en su reporte, no menciona que millones de cajas CLAP no pudieron ingresar al país porque bancos estadounidenses decidieron no procesar los pagos.
También, omite una vez más las prácticas de guerra económica y la influencia de los empresarios y sectores desestabilizadores en el incremento desmesurado de la inflación y la devaluación inducida de la moneda nacional , el bolívar, frente al dólar, lo que ha mermado la capacidad adquisitiva de los venezolanos.
Sobre la crisis sanitaria
En el sector salud, la ACNUDH indica que “las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad y de acceso a fármacos y tratamientos esenciales”, así como al deterioro de las condiciones de los hospitales y centros de salud.
Aunque el asedio y retención de los fondos del Estado por parte bancos internacionales ha impedido la compra de medicinas, el informe asegura que las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.
La Alta Comisionada también señala que “el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.
No obstante, parece olvidar los continuos sabotajes y ataques contra el sistema eléctrico del país latinoamericano.
Tampoco hizo mención a que entre el 7 y 10 de marzo de 2019, producto de un sabotaje focalizado en el cerebro informático de la principal central hidroeléctrica (El Guri, estado Bolívar), Venezuela vivió la interrupción del servicio eléctrico más prolongada y extendida de su historia reciente, que afectó más de un 80 % del territorio nacional.
Según las investigaciones oficiales, quedó demostrado que el ciberataque se orquestó desde Washington, en complicidad con sectores de la oposición.
En el informe, Bachelet y su equipo advierten que el Gobierno ha neutralizado, reprimido y criminalizado a sectores opositores, que diversos organismos de seguridad han cometido uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, con detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y sus familiares.
Antes de culminar su visita a Venezuela, la Alta Comisionada relató que había sido muy doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares en obtener justicia, “bien sea ante graves violaciones de derechos humanos, o por ser víctimas de violencia política por ser partidarios del régimen”.
“Todas sus historias son desgarradoras, todas reclaman justicia (…) Sean del color que sean necesitan justicia”, afirmó.
Sin embargo, el informe no hace mención a la violencia opositora, a los más de 170 muertos y cientos de heridos que dejaron las “guarimbas” perpetradas por seguidores de la derecha, así como de los intentos frustrados de golpe de Estado y magnicidio, que involucran a actores políticos de la derecha en complicidad con Washington y Bogotá.
La imparcialidad de la ACNUDH quedó en duda al basar buena parte de su informe en testimonios y datos sobre “violaciones a los derechos humanos” del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y de la ONG Foro Penal, instancias que reciben financiamiento del Departamento de Estado norteamericano.
Venezuela responde
El Gobierno venezolano envió sus comentarios por escrito sobre las 70 observaciones, señalando los errores presentes en el informe de la Alta Comisionada.
Al respecto, condenó que el informe presenta una «visión selectiva y abiertamente parcializada» sobre la verdadera situación de DD. HH. en Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena.
Caracas indicó que la visión distorsionada que presenta el reporte es el resultado de las “importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”.
A pesar de que el Ejecutivo venezolano aportó toda la información pertinente, en el documento de la ACNUDH se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial.
Según la ficha técnica, el informe ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en Venezuela entre enero de 2018 a mayo de 2019, pero el Gobierno cuestiona que el 82 % de las entrevistas utilizadas por la ACNUDH para fundamentar el documento se correspondan con personas que no viven en Venezuela.
La oficina de la ACNUDH realizó dos visitas al país este año, “la primera de ella en marzo con una duración de 12 días y la segunda entre el 19 y 22 de junio, por parte de la Alta Comisionada”, Michelle Bachelet.
En el documento se omiten los logros y avances alcanzados por Venezuela en materia de derechos humanos.
“No es objetivo, ni imparcial, un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilicen o minimicen los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado”.
Entre los errores que advierte el Estado venezolano se encuentra la ligereza en el uso del término “crisis humanitaria”, sin presentar datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación y cuando no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello.
El Ejecutivo también dejó claro haber usado todos los recursos a su disposición para asegurar el derecho a la alimentación, aportando abundante información sobre las medidas adoptadas.
Igualmente, también rechazó la supuesta exclusión por inclinación política de los programas de atención social, incluyendo el programa Clap.
Por tanto, la afirmación de que el Estado violó sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la salud, carece del más mínimo sustento técnico, puesto que la ACNUDH no evaluó las medidas adoptadas por el Estado «en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir hasta el máximo de los recursos disponibles”, así como el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos.
A pesar de que el informe menciona la necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica en Venezuela, se abstuvo de llamar a levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por otra parte, omitió hacer mención a las diferentes expresiones de violencia ejercida por los manifestantes opositores, así como sobre las consecuencias de esa violencia y los casos de personas fallecidas y lesionadas.
El Gobierno también indicó que al referirse al número de venezolanos que habrían abandonado el país, la cifra presentada en el informe resulta errada y exagerada, tal como se ha informado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional de Migración.
Ante esta serie de incongruencias, Venezuela «solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe».
¿Cuál es el objetivo del informe?
La parcialidad y sesgo político del informe de Michelle Bachelet parece tener un objetivo claro: suministrar «argumentos» que adviertan sobre una «crisis humanitaria en Venezuela», ocasionada exclusivamente por la supuesta negligencia del Gobierno de Nicolás Maduro.
El reporte deja sin responsabilidad a la administración de Donald Trump y a la oposición venezolana sobre la delicada situación social y económica que enfrenta el pueblo de la nación caribeña.
A través de datos inexactos y fuentes que incluso no viven en territorio venezolano, la Alta Comisionada y su equipo exponen una diagnóstico inexacto que busca criminalizar al Gobierno Bolivariano.
Muchas son las veces en que la ONU ha callado e, incluso, ha sido cómplice de intervenciones e invasiones militares a distintos países, por lo que no extrañaría que la oficina de la ACNUDH haya decidido pactar con Washington para justificar el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Frente al fracaso de los múltiples intentos de golpe de Estado perpetrados por la oposición venezolana, auspiciada y dirigida por la Casa Blanca y ante el debacle nacional e internacional del auto proclamado Juan Guaidó, a quien se le agota el tiempo otorgado por Trump para tomar el poder por la fuerza, es más que probable que la presión sobre Venezuela se intensifique.
La pregunta que cabe es si Michelle Bachelet decidirá pasar a la historia por la puerta trasera, tal como José Ayala Lasso, Mary Robinson, Sergio Vieira de Mello, Bertrand Ramcharan , Louise Arbour, Navanethem Pillay y Zeid Ra’ad Al Hussein, quienes ocuparon el mismo cargo y dejaron un saldo de agresión, muerte, destrucción y violación de derechos humanos.
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