Las fallas en el suministro de agua potable y gas doméstico en Venezuela se han hecho cada vez más recurrentes y profundas. En Caracas —la capital— y estados cercanos, la intermitencia de esos servicios puede ser de días, pero la espera en el interior incluso es mucho mayor, lo que lleva a la población a tratar de resolver por cuenta propia.
Durante la campaña electoral a los comicios parlamentarios de diciembre de 2020, la mayor demanda de la población fue la atención a los servicios públicos, que también han sido blanco de sabotaje con fines políticos, según ha denunciado el Gobierno. Como respuesta, el Poder Legislativo adelanta dos propuestas que aspiran convertir en leyes orgánicas, reseña un reportaje de RT.
Sin embargo, el escenario no es sencillo. Si bien el presidente Nicolás Maduro considera que los servicios públicos no son autosustentables y que se debe «pagar lo justo» para mantener su infraestructura, su postura ha generado polémica porque sugerir el aumento de tarifas cuando la población ha perdido casi la totalidad del poder adquisitivo, parece una propuesta insostenible.
No obstante, el mandatario ha adelantado que busca «fórmulas» para recuperar el salario de trabajadores y pensionados, ya que el sueldo mínimo se ubica en 3,5 dólares, un ingreso que les impediría pagar un alza en los servicios públicos (actualmente subvencionados en casi 100 %).
«Buscamos fórmulas, por aquí, por allá, estamos encontrando alguna que puede ser muy exitosa, pero como ustedes saben, cualquier cosa que se anuncie con relación a eso, inmediatamente el mercado capitalista salvaje se lo traga, lo hace sal y agua», declaró Maduro recientemente. Por su parte, el sector privado desde hace rato ajusta sus tarifas al ritmo hiperinflacionario, un fenómeno que la Comisión de Finanzas del parlamento pretende frenar con una propuesta de indexación.
¿Qué está haciendo el parlamento de Venezuela?
Willian Gil, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Poder Legislativo, sostiene que una de las prioridades es legislar sobre los servicios públicos.
En referencia al planteamiento de Maduro, Gil resalta que aunque no es competencia del parlamento fijar tarifas, el debate está abierto. Para él, una opción sería el establecimiento de aportes «de mantenimiento» para «los grandes consumidores», como industrias y centros comerciales.
Asimismo, el parlamentario dice que no avala la aplicación de un ‘tarifazo’ contra la población. Sobre ello, apunta: «Estamos de acuerdo en no seguir regalando los servicios públicos [cuyo pago no sobrepasa actualmente un dólar mensual] y estamos de acuerdo en que sea siempre protegiendo el bolsillo de los venezolanos a través de Carnet de la Patria», dijo en entrevista para RT.
Por eso, destaca que la comisión a su cargo trabaja en la redacción de «dos leyes fundamentales«: la Ley Orgánica de Aguas y la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Gas Doméstico.
«Un solo cuerpo de ley»
El acceso al agua potable y el saneamiento están consagrados por la ONU como «esenciales para la realización de todos los derechos humanos«, una cuestión que pone el asunto del suministro en el centro de la agenda legislativa venezolana.
Gil indica que se elabora «un solo cuerpo de ley» para integrar las normativas vigentes que rigen el sector desde 2007 yque permita, además, que el Ministerio encargado —creado en 2018— asuma «todas las competencias» que en la actualidad manejan otras carteras.
La propuesta, que ya fue presentada a la Junta Directiva del parlamento, también busca que las comunidades organizadas en ‘Mesas Técnicas de Agua’, tengan el poder de «mejorar la prestación», así como acceder a la capacitación técnica para asumir el «mantenimiento correctivo y preventivo» del servicio. Según Gil, esto ayudaría a evitar que personas ajenas a la comunidad se presten para sabotajes, como desviar el curso del agua a otros lugares «sin ningún control».
Otro elemento importante es la sustentabilidad, «que tiene que ver con el cobro del servicio». Para ello plantean un «subsidio cruzado« al consumo residencial, que provenga del aporte de los mayores consumidores. «Que quién más consuma, más aporte. Así podríamos tener un subsidio para la familia, debido a la difícil situación en la que están los salarios, que han sido muy golpeados por este bloqueo criminal», puntualizó Gil.
La propuesta incluye un capítulo especial sobre el uso del recurso, y pretende delimitar lo concerniente a las aguas servidas, potables y de reúso, de manera que los organismos del Estado y el sector privado estén obligados a utilizar plantas potabilizadoras para crear, por ejemplo, ciclos para el mantenimiento de áreas verdes y labores de limpieza.
La ley también tendrá un capítulo educativo, con el fin de explicar el origen de la escasez del agua. Ese apartado también plantea el manejo eficiente de la temporada de lluvia, así como el resguardo de los acuíferos.
«Ya va muy avanzada»
Otra de las leyes es la del gas doméstico, un servicio profundamente afectado al punto de que escasea en regiones lejanas a Caracas, donde la población recurre al uso de leña y de hornillas eléctricas —cuando el suministro es estable— para cocinar.
Para Gil, la ley es de suma importancia como marco regulatorio para mejorar el suministro y «ya va muy avanzada». Lo fundamental, considera, es lograr que el servicio de gas llegue por tuberías en las grandes ciudades y las bombonas sean solamente para las zonas donde no se puedan instalar tuberías o «resulte muy costoso hacerlo».
El tema del gas es especialmente sensible en el país, no solo por lo esencial del suministro, sino también por la trama de corrupción descubierta en febrero pasado en la empresa estatal Pdvsa Gas Comunal, sobre la distribución irregular de bombonas en las que estaba inmerso su expresidente, Jacob Grey, según denunció el fiscal general, Tarek William Saab.
Mientras el Parlamento avanza en este camino, el Ejecutivo intenta frenar el deterioro de las condiciones de vida de la población, en medio de un complejo panorama de bloqueo financiero, pérdida de sus principales fuentes de ingreso (debido a las sanciones de EE.UU.), pandemia y dinámicas como la hiperinflación, que atacan especialmente a los más pobres.
Un bloqueo con graves consecuencias en Venezuela
Actualmente, la imposición de las medidas coercitivas unilaterales por parte de EE.UU. no solo tiene consecuencias graves para el margen de maniobra del Gobierno, sino que afecta severamente la calidad de vida de los venezolanos.
De hecho, Gil detalló que esas sanciones le impiden al país la importación de la maquinaria y los repuestos necesarios para mantener los servicios públicos, especialmente los que dependen de tecnología estadounidense y europea.
«Más del 64% de los equipos que están en Venezuela son de tecnología alemana y norteamericana, es decir, totalmente dependiente de la tecnología importada, que son los países que nos están bloqueando. En ciudades como Caracas, por ejemplo, tenemos que bombear agua por tuberías hasta 1.900 metros de altitud, lo que requiere un gran esfuerzo en bombas y tableros eléctricos», precisó.
Esta situación, que golpea especialmente a la población, ha sido denunciada por Caracas ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el expediente Venezuela II, que pide investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, «como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de los EE.UU.», al menos desde el año 2014.
En febrero pasado, la Relatora Especial de los Derechos Humanos de la ONU, Alena Douhan, reconoció que las sanciones de EE.UU. contra Venezuela han causado «un efecto devastador» y «catastrófico» sobre la vida de los venezolanos, por lo que exhortó a Washington a «reconsiderar y levantar» estas medidas.
Pero mientras las denuncias sobre la situación venezolana se tramitan a su ritmo, desde el Parlamento intentan avanzar a una velocidad que pueda frenar el imparable deterioro de los servicios, y ofrecer una respuesta a la población que los llevó a esos curules con exigencias impostergables.
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