Yumare, una masacre que no tiene olvido

Con intención de acabar con cualquier pensamiento o grupo revolucionario, el presidente de la República de Venezuela, Jaime Lusinchi, persiguió durante su mandato a cualquiera que se opusiera a su gestión de gobierno. Entre los hechos más crueles contra civiles llevados a cabo, se reconoce la Masacre de Yumare, en la que nueve dirigentes sociales de izquierda fueron acusados de formar parte de la guerrilla y ajusticiados.

He aquí las claves del suceso:

El día: 8 de mayo de 1986 (se cumplen 32 años).

El hecho: La Masacre de Yumare, operación militar contra civiles, que tuvo lugar en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy.

Los responsables: Se acusó al gobierno de Jaime Lusinchi, representado por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, y el jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), Henry López Sisco, de amedentrar y erradicar a los grupos de izquierda.

Las víctimas: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz, y Alfredo Caicedo Castillo. Nueve dirigentes sociales asesinados por su supuesto vínculo con la guerrilla.

El móvil: Ajusticiamiento y masacre. Supuesto enfrentamiento armado contra los funcionarios policiales en una zona de bosque tupido. Las evidencias revelaron que en el lugar no había casi vegetación y que el terreno estaba muy bien iluminado. Los muertos solo registraron impactos de bala en zonas puntuales del cuerpo, desmontando el supuesto de un enfrentamiento. Testigos concordaron en que los fallecidos habían sido detenidos, torturados y vestidos con ropa militar para mostrarlos como guerrilleros.

El esclarecimiento: Ocurrió en 2011, 25 años después de la masacre, y se condenó a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió participar. En junio de 2009, el Ministerio Público acusó al comisario jubilado de la DISIP Henry Rafael López Sisco y pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica, donde se había radicado.