Según los cálculos de la Junta Nacional de Drogas, adscrita a la Presidencia de la República de Uruguay, el narcotráfico perdió 18 por ciento del mercado de la marihuana en el país. La cifra se desprende de la VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas.
Según consigna Telesur, la reducción se dio a pesar del ataque del cual ha sido objeto la ley, que permite el consumo y compra de marihuana, principalmente por parte de la banca internacional, quien se negó a proveer sus servicios a las farmacias que comercien con marihuana.
A la fecha, están inscritas más de 17.220 personas autorizadas para comprar marihuana en las farmacias, 7.682 cultivadores de cannabis, y 70 Clubes de Membrecía para la siembra comunitaria.
Para informar sobre las implicaciones que tiene la legalización, la producción y el consumo del cannabis y sus derivados, este fin de semana se está realizando la cuarta edición de la Expocannabis Uruguay, instancia que buscar «ofrecer un punto de encuentro para aquellos que quieran aprender más sobre sus derechos, en virtud de la nueva Ley de legalización, así como de qué manera consumir y crecer la planta».
El proyecto de José «Pepe» Mujíca, la Ley N° 19.172
En mayo de 2014 se dio a conocer el Decreto Reglamentario de la Ley N° 19.172, lo que implicó una modificación en la política uruguaya respecto a la regulación y control del cannabis y sus derivados. A partir de este cambio en la norma, el mercado del cannabis quedaba estrictamente regulado. En palabras del entonces presidente José “Pepe” Mujíca, se trató de la «regulación de un mercado que ya existe, regulación, más que legalización».
En ese sentido, la ley surgió como una política preventiva que introdujo el Gobierno de Mujíca para combatir el narcotráfico y los delitos que de él derivan. La idea era combatir el negocio de las drogas ilícitas no a través de la violencia, sino de los mecanismos legales de los cuales se puede valer el Estado.
Así, en su artículo 4°, la ley establece que se busca «proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico», para reducir «la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado».
De esta manera, se reguló la producción, consumo y comercialización del cannabis, por lo cual el mercado ya no está controlado y regulado por las dinámicas del narcotráfico, sino por el mismo Estado uruguayo.
Fuente: Telesur
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