Viuda de normalista protesta con féretro vacío frente a PGR

Foto: Mario Marlo

Un féretro espera frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Junto a él, una joven viuda denuncia: “Están haciendo tiempo para desgastarnos, para tensarnos, para que nos quedemos solas”.

En noviembre del año pasado, Marisa Mendoza y la familia Mondragón Fontes decidieron exhumar los restos de Julio, el normalista de Ayotzinapa ejecutado extrajudicialmente la noche del 26 de septiembre.

Su decisión tenía como objetivo saber qué ocurrió la noche del homicidio. Ahora, acusan, el Estado los castiga por esa osadía y los obliga a esperar tres meses para devolverles el cuerpo de Julio.

Tras colocar el ataúd frente a las instalaciones de la PGR, la familia enlistó las omisiones de la investigación: “la ropa de Julio no fue analizada como elemento para esclarecer las condiciones de su muerte, tampoco existe registro de que fuera asegurada ni se nos devolvió. Tampoco sabemos qué ocurrió con el globo ocular izquierdo que le fue arrancado”.

Según anuncios públicos realizados por la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR, el viernes pasado se detuvo a Mauro Taboada, quien estaría vinculado con la ejecución de Julio. Sin embargo, el único lazo que implica al sospechoso en la muerte de Julio es una declaración de otro detenido, El Cabo Gil.

Para Marisa Mendoza dos líneas de declaración no son suficientes para hacer justicia a su marido: “Julio fue víctima de tortura y ejecución extrajudicial en un ataque tumultuario. Por ningún motivo aceptamos la teoría del asesino solitario. Las múltiples facturas que sufrió en tórax y cráneo, así como las marcas de arrastre que se observan en su cuerpo no pudieron ser cometidas por un solo individuo”.

Acompañada por los familiares de los normalistas desaparecidos, Marisa caminó con el ataúd hasta la Suprema Corte de Justicia. Entre todas las preguntas que tiene sobre la muerte de Julio, una sobresale: ¿cuándo será devuelto su cuerpo?

Por Paloma Montes

El Ciudadano