A 3 años de la ejecución de Pablo Marchant: Tribunal autoriza nueva investigación forense

 En el Juzgado de Garantía de Carahue se llevó a cabo este martes una audiencia crucial que marca un hito en la búsqueda de justicia para Pablo Marchant Gutiérrez, joven miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), asesinado hace tres años en el fundo Santa Ana de la empresa Forestal Mininco.

La audiencia dio luz verde definitiva a la exhumación de su cuerpo y a la realización de una segunda autopsia, una diligencia largamente solicitada por los querellantes y familiares del joven mapuche.

Los informes peritajes iniciales del Servicio Médico Legal (SML) señalaron que la causa de muerte de Marchat fue un «traumatismo encéfalo craneano (…) por herida con arma de fuego, escopeta», descartándose que fuese herido a corta distancia».

Sin embargo, la necesidad de esta nueva investigación forense surge del informe metapericial forense elaborado por el médico Luis Ravanal Cepeda, el cual reveló múltiples falencias y negligencias en la primera autopsia realizada por el SML.

Según el informe, es crucial esclarecer la dinámica de los hechos y, principalmente, la distancia del disparo que acabó con la vida de Pablo.

En uno de los puntos de la conclusión del informe de Ravanal, se señala: “En suma, es posible establecer con la evidencia disponible que la lesión balística ocasionada a nivel de la zona temporal posterior derecha (mastoidea) con estallido y evisceración de la masa encefálica, es concordante con un disparo de escopeta efectuado con apoyo, mortal en forma inmediata, y atribuible a la acción de terceros”.

A pesar de que la autorización para la exhumación ya había sido otorgada el 9 de mayo pasado, su ejecución estaba pendiente de un informe de factibilidad positivo por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Este informe, que finalmente leído durante esta jornada, confirmó que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la exhumación.

Patricia Cuevas, abogada de la familia de Marchant, subrayó la importancia de que las autoridades y funcionarios policiales presentes durante la exhumación respeten el significado emocional y espiritual de esta diligencia.

“Esperamos que en la disposición de estas medidas de seguridad, tanto las autoridades como los funcionarios policiales que concurran a la misma, tengan el mayor respeto por la diligencia en sí, por el cuerpo de Pablo, por la familia de Pablo y también por las personas residentes del sector, y tengan en consideración la significación emocional y espiritual de esta importante diligencia, que implica sacar un cuerpo de su lugar de descanso y volver a intervenirlo, precisamente porque no se hizo lo que se tenía que hacer en el momento en que se tenía que hacer»,  declaró Cueva .

La abogada también expresó su preocupación por el uso potencial de la exhumación para llevar a cabo otras diligencias investigativas o allanamientos, práctica que ha sido frecuente en los últimos días. «Esperamos que esta diligencia no sea utilizada con otros fines que no sean la realización de la segunda autopsia,» agregó.

Cuevas enfatizó la necesidad de adherirse estrictamente a los protocolos y directrices tanto nacionales como internacionales respecto a las personas fallecidas en manos de agentes estatales. «Es fundamental que se hagan las cosas como corresponde, para avanzar en el acceso a la justicia y en la determinación de las responsabilidades correspondientes», enfatizó.

Destacó que la audiencia de hoy representa un paso significativo en el prolongado camino hacia la verdad y justicia para Pablo Marchant, cuya muerte sigue siendo un doloroso recordatorio de la violencia y la impunidad en la región. La exhumación y la segunda autopsia son vistas como oportunidades esenciales para esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia por su trágica pérdida.

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