Fotografía: Víctor Llanquileo, preso mapuche (referencial) | Fuente: observatorio.cl
El Gobierno confirmó que se encuentra estudiando la posibilidad de crear una cárcel especial para presos de pueblos originarios. La idea fue planteada en su inicios por parlamentarios, pensando principalmente en los comuneros mapuche encausados por distintos delitos en la Macrozona Sur.
Este anuncio tiene lugar meses después de que la ministra de Justicia chilena, Marcela Ríos, se reuniera con diputados de distintas bancadas en el marco de los beneficios carcelarios concedidos a comuneros indígenas, al tiempo que se debatía el traslado administrativo de internos que se encontraban en huelga de hambre en la prisión de Angol, en el sur de Chile.
Según lo confirmado por La Tercera, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo habría señalado que «hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello».
La autoridad señaló que en el Gobierno coinciden «con los parlamentarios en el hecho de que es necesario adaptar nuestro sistema penitenciario al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas».
«Estamos al debe en lo referente a las personas que han sido condenadas por delitos de cualquier índole y que forman parte de los distintos pueblos indígenas«, remarcó el subsecretario, que recordó que «en el Gobierno anterior esto se comenzó a abordar y por eso se dictó la resolución 3.925″. A la vez, el subsecretario resaltó que los distintos sectores reconocen que existe un problema y un desafío como Estado al respecto.
La factibilidad normativa está, por lo que el Ejecutivo sólo tendría que dictar un decreto supremo para crear el nuevo penal. Pero el tema se está tratando con cautela, Gajardo afirmó que están realizando una serie de pasos previos, como establecer puentes de diálogo con las bancadas oficialistas y opositoras y con organizaciones de derechos humanos.
La Subsecretaría de Justicia encargó a Gendarmería un análisis técnico para explorar la opción. «Pedimos ver en qué lugar se debiera emplazar, cuánto costaría, cuánto se demoraría, etcétera. Con aquello vamos a revisar el tema, hablar con los parlamentarios para ver bajo qué modalidad lo podríamos hacer», señaló Gajardo.