Las organizaciones explican que “aprovechando la crisis del virus ISA, fuera de todo control sanitario, la asociación de salmoneros y los bancos acreedores han negociado con el Gobierno un “Plan de Salvataje”. Este entregará a las grandes compañías salmoneras –incluida las transnacionales-, una línea de crédito de 450 millones de dólares, el que contará con un 60% de aval proveniente del dinero de los contribuyentes chilenos”.
Santiago, 17 de junio de 2009.- 13 argumentos para la eliminación de la industria salmonera plantearon organizaciones de medioambiente nacionales e internacionales, Federaciones de trabajadores, y agrupaciones de comunidades indígenas y de la pesca artesanal, a través de un inserto publicado este miércoles en el Diario La Tercera. El texto se centra en rechazar el “Plan de Salvataje” del Gobierno a este sector productivo, y la privatización del mar que pretende imponer el proyecto de modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura.
Las organizaciones explican que “aprovechando la crisis del virus ISA, fuera de todo control sanitario, la asociación de salmoneros y los bancos acreedores han negociado con el Gobierno un “Plan de Salvataje”. Este entregará a las grandes compañías salmoneras –incluida las transnacionales-, una línea de crédito de 450 millones de dólares, el que contará con un 60% de aval proveniente del dinero de los contribuyentes chilenos”.
Precisan que “si las empresas salmoneras no pagan, lo haremos todos los chilenos” y a modo de propuesta plantean que “estos recursos debieran destinarse a la reconversión y a un bono de mantención de los 17 mil trabajadores que hoy se encuentran cesantes debido al colapso de la industria salmonera”.
“Hoy se está tratando de modificar la Ley de Pesca y Acuicultura para permitir que las compañías salmoneras endeudadas puedan hipotecar sus concesiones de acuicultura con los bancos acreedores. Esto les permitiría apropiarse del borde costero, lagos y fiordos australes, los que son bienes comunes de la Nación y por los cuales pagan la irrisoria suma de $7 por metro cuadrado al año”, señala el inserto.
Las organizaciones afirman que “después de 20 años de continua expansión, con un crecimiento promedio anual de 22% durante la última década y ganancias exorbitantes, hoy nos anuncia caídas del 50% en su producción, presenta una deuda que supera los 2.200 millones de dólares, la que en parte se traspasaría a la sociedad y al Estado y anuncia que los despidos llegarán a los 20.000 trabajadores para fin de año”.
Según información publicada en el Diario Estrategia, las deudas de la industria del salmón con el sistema financiero alcanzan poco menos de US$4.000 millones, duplicando la cifra inicial, puesto que también involucra a proveedores del sector.
“Una industria irresponsable y destructiva, subsidiada por el Estado y la Naturaleza, es un mal negocio para Chile”, afirma el inserto y entrega información que evidencia claramente la insustentabilidad ambiental, económica y social de la salmonicultura.
Las organizaciones además denuncian las pésimas condiciones laborales y de seguridad, y argumentan como la salmonicultura ha afectado a otros sectores productivos como la pesca artesanal y el turismo. “En Chile la industria salmonera es incapaz de garantizar la vida de sus trabajadores en la que cada mes muere un trabajador debido a accidentes laborales. A esto hay que sumar las extensas jornadas de trabajo y una de las mayores tasas de infraccionalidad a la legislación laboral”.
En materia ambiental, exponen que esta industria no respeta la capacidad de carga de los medios acuáticos, genera cantidades de materia orgánica intolerables para cualquier sistema acuático, y denuncian respecto de la matanza ilegal, enfermedad y muerte de mamíferos marinos, y del uso excesivo e incontrolado de antibióticos y químicos.
El inserto también apunta a la evidente incapacidad fiscalizadora del Estado. “La institucionalidad pública ha demostrado incapacidad de hacer cumplir la legislación vigente, lo que ha hecho imposible vigilar los más de mil centros de cultivo que ocupan 11 mil hectáreas distribuidos en tres regiones. La autorregulación de la industria fue una ingenuidad y demostró ser un fracaso”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Fundación Pumalín, Fundación Otway, Centro Ecoceanos, Comité de Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), Centro de Conservación Catácea, Federaciones de Trabajadores de la Industria Pesquera Puerto Montt (FETRAINPES), Federación de Sindicatos de la industria del salmón de Quellón, Chiloé, Sindicato Independiente de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales (SITONERS), y Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen, entre otros.
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