En países como Honduras, Panamá, Costa Rica, Chile – en el norte-, así como en Bolivia y Ecuador, las comunidades indígenas se han visto afectadas al alterar sus sitios sagrados a causa de la extracción y la contaminación, por lo que incluso, “en algunos casos se han visto obligados a desplazamientos”.
La directora general de estudios socio demográficos y perspectiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), María de la Cruz Murada Troitiño, consideró necesario tomar medidas para garantizar los derechos de estas comunidades y terminar con la discriminación y la desigualdad.
Murada Troitiño, quien participó esta semana en Ciudad de México en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, aseguró que de 17 de 20 países de la región enfrentan conflictos por actividades derivadas de la minería o la extracción de hidrocarburos.
“Lo que si hemos percibido también es un crecimiento en la criminalización de la protesta social indígena en la defensa de sus territorios, criminalización y militarización en sus territorios”, reconoció.
“Lo que nosotros estamos previniendo y estamos poniendo como un desafío para la región es que América Latina es que si no se incluyen estándares de derechos territoriales los conflictos más que disminuir van aumentar”, detalló Murada Troitiño al aseverar que parte de ese concepto se debió retorno de neoextractivismo.
De acuerdo con la experta, es necesario entender que para los pueblos indígenas los derechos territoriales están en el centro de sus cosmovisiones y la tierra no solamente tiene valor económico y productivo.
“Ellos tienen un vínculo y es un común denominador su bienestar, que tiene que ver con una armonía y un equilibrio a nivel individual, de pareja, con la comunidad y la naturaleza y en ese sentido, por ejemplo, una minera llegue afectar sitios sagrados, es una violación a sus derechos territoriales de los pueblos indígenas”, afirmó.
Explicó la participación activa de las comunidades indígenas en el contexto local pero también internacional ha sido importante en los últimos años, lo que dijo, ha propiciado un acercamiento con los Estados y organismos internacionales para lograr que se respeten los derechos territoriales por una parte, pero que también sean incluido en lo que se llama la nueva gobernanza de los recursos naturales.
En ese sentido, dijo, “es necesario entender que no van en contra del desarrollo. Hay tensiones y no podemos negar, pero si podemos recobrar los estándares de pueblos indígenas”.
El último estudio de la CEPAL, de 2014, señala que existen en América Latina cerca de 45 millones de indígenas, lo que supone un 8,3 por ciento de la población regional. Estos están integrados en 826 pueblos, casi 200 más respecto a los datos de los que disponía el organismo en 2006.
Para la investigadora de la CEPAL, aunque existen algunos avances en materia de educación y salud para los pueblos indígenas, aún existen muchos desafíos como son la desigualdad.
“En este sector existe una enorme diversidad demográfica, territorial, socio-política desde punto de vista demográfico, en unos países los pueblos indígenas constituyen minorías poblacionales, en otros como grandes mayorías como Guatemala o Bolivia (…) pero que comparten con el denominador común que es la discriminación”, aseveró la experta.
Ese último punto, insistió, se debe trabajar.
“Es interesante una característica de este Siglo y es la constitución de los pueblos indígenas como activos actores sociales y políticos que definitivamente han logrado tener un rol muy protagónico y que debemos aprovechar”, finalizó.
Vía: http://cedin.info/
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