2021: Atoyac y el ecocidio que no se detiene

La polución de la cuenca Atoyac-Zahuapan, considerada un ecocidio por una multitud de expertos, sigue vigente pese a la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2017 dirigida a autoridades de Puebla y Tlaxcala. A cuatro años, ni la recomendación ni las obligaciones jurídicas vinculantes establecidas en el nivel más alto de la jerarquía jurídica nacional e internacional se han cumplido a cabalidad, la violación a los derechos a la salud de los habitantes parece imparable.

El pasado 21 de marzo, cumplió cuatro años de su emisión y fracaso la Recomendación por las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala.

Las 11 autoridades convocadas a terminar con estas violaciones simplemente han ignorado el llamado de la CNDH. Las recomendaciones fueron dirigidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

A nivel local, la comisión giró el escrito al gobernador de Puebla, cargo que en ese entonces ostentaba Antonio Gali Fayad; al mandatario de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; así como a los alcaldes de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e lxtacuixtla de Mariano Matamoros.

Ninguno de los arriba mencionados atendió ese llamado.

A cuatro años de distancia, organizaciones ambientales, expertos, académicos y afectados ambientales señalan que el problema no ha sido atendido, básicamente, por la falta de interés y voluntad política de los actores involucrados.

Los niveles de contaminación, en aumento: UNAM

Omar Arellano Aguilar, investigador de la facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador del laboratorio de Riesgo Ecológico, sostuvo ante este medio que el problema de contaminación ambiental en el río no sólo continua, sino que sus niveles de polución son cada vez más altos.

“La situación que por más de una década se ha mantenido igual y en algunos momentos se ha acentuado, actualmente no se tienen datos de los niveles de contaminación de éste año, pero consideramos que éste no se ha modificado de los años anteriores”.

Omar Arellano, investigador de la UNAM

El río Atoyac, en 2020, sigue superando los límites de lo que la propia Conagua clasifica como aceptables desde su paso por la ciudad de San Martín Texmelucan, en Puebla, hasta su desembocadura a la presa Manuel Ávila Camacho, al sur del estado.

Como hace una década, ésta zona había perdido el oxígeno suficiente para la vida de peces y otras especies acuáticas. Entre los compuestos químicos que se encontraron hay metales pesados extremadamente tóxicos como mercurio o plomo -uno de los neurotóxicos del desarrollo más potentes-; solventes como benceno o cloroformo; compuestos como el cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el DEHP (Bis-2-[Etilhexil] ftalato).

Falla en contra el Tribunal del Agua

Debido a la grave contaminación del Atoyac y el riesgo que implica para la salud de los habitantes de la zona, en 2006 el Tribunal Latinoamericano del Agua, al emitir su veredicto, se refirió a este caso como “un grave desastre ambiental y social”.

Ahora, en 2021, el académico asegura que la gente sigue expuesta a los contaminantes que se evaporan y aerolisan del río, pero también están expuestos a emisiones de contaminantes del corredor industrial de la zona centro de la cuenca alta de los ríos Atoyac Zahuapan.

Integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC han documentado que en los últimos 11 años ha muerto una persona cada cuatro horas por causas relacionadas por la grave contaminación.

Esto significa que la mayor parte del Atoyac es altamente tóxico y representa un peligro severo para los 1.2 millones de personas expuestas en las proximidades del río. Además de la intoxicación causada por el uso de agua para el riego de cultivos en la zona, ya que este río suministra agua potable para la región, lo que aumenta el riesgo de afectaciones a la salud.

Se han reportado niveles elevados de leucemia o daño renal en las zonas fuertemente contaminadas como Villalta, San Baltazar y Santa María; habitantes de la zona sufren de un nivel elevado de daño genotóxico y con ello el riesgo de padecer cáncer.

De las industrias que descargan sustancias directamente al río Atoyac y que fueron evaluadas por el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA), 78 por ciento no cumplieron con lo establecido en la norma NOM-001 para algunos de los parámetros básicos como son metales pesados; 74 por ciento de las industrias presentaron niveles de toxicidad altos. Esos datos indican que las industrias no limpiaron sus cargas contaminantes e intoxican el río, el cual es propiedad nacional.

Los asentamientos industriales con tipos de fábricas alimenticia, textil, química, petroquímica, automotriz, papelera, bebidas, hierro y acero, farmacéutica, curtido de pieles, metalmecánica, siderúrgica y servicios, causantes del deterioro del río Atoyac forma la cuenca alta del río Balsas -Tlaxcala y Puebla también sigue presente.

La historia de un incumplimiento

En julio de 2011, seis años antes de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC (CFJG) ya habían presentado una queja ante la CNDH.

Desde que fue publicada la Recomendación de la CNDH, el 21 de marzo de 2017 y hasta que se cumplió el plazo establecido por dicha institución para que cada una de las autoridades incluidas le notificaran su aceptación o rechazo del contenido del documento, la habían aceptado formalmente todas las autoridades federales, estatales y municipales a quienes fue dirigida, con excepción del presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nieves.

Las organizaciones documentaron entonces como empezaba el proceso de cumplimiento de la Recomendación, ya que la aceptación formal por parte de las autoridades no era “motivo para echar las campanas al vuelo” con otras experiencias similares (como la Recomendación de la CNDH en 2014 por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi).

Lo que sucedió después puso en evidencia que la CNDH no garantiza, de ningún modo, su cumplimiento ni mucho menos la eficacia de las “acciones” realizadas para “remediar” la violación de los derechos humanos.

“… De hecho, en caso de “ganar” la emisión de una Recomendación por parte de la CNDH, los afectados deben ahora correr el riesgo de ser revictimizados por las autoridades responsables, puesto que a éstas, lo último que se les ocurre es acercarse a los agraviados y tender puentes para resolver la situación que dio origen a la queja. Son las víctimas del agravio quienes deben presionar para que las autoridades no incurran en una práctica que son común en ellas: interpretar a su favor hasta los documentos que los impugnan y condenan. Son las y los afectados quienes deben insistir y reclamar que el Estado deje de simular y de actuar unilateralmente porque, en un país como el nuestro, defender los derechos humanos y denunciar los agravios sigue siendo visto como una ofensa por quienes detentan el poder…”, sostuvieron las organizaciones en 2017.

Y eso se cumplió en Puebla, el gobierno de Antonio Gali Fayad lanzó una campaña publicitaria incitando a la población a delatar a los “enemigos del Atoyac”, es decir, a que las personas se acusen entre sí como responsables de la contaminación del río, cuando las principales causas de la contaminación del río son las descargas de agua residual no tratada ni controlada de la industria y los drenajes municipales, en medio de una política fracasada de onerosa construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) y hasta de un flamante sistema de monitoreo de la calidad del agua del río Atoyac, que costó cien millones de pesos y que arroja datos cada 15 minutos que ni siquiera pueden ser procesados por la misma autoridad. Todo lo anterior no sólo implica una gasto millonario en “elefantes blancos”, sino un oscuro negocio para empresas constructoras, consultorías, políticos aspirantes a la presidencia y funcionarios públicos locales, estatales y federales.

Sin embargo, el Centro Fray también documentó como “lo más preocupante” que en los primeros días de agosto de 2017, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal (Tlaxcala), en las comunidades de Villa Alta y Tepetitla se inició la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, presuntamente en cumplimiento de la Recomendación 10/2017 de la CNDH, cuando el municipio de Tepetitla, al momento en que fue enviado este documento a la imprenta, ni siquiera había aceptado formalmente la Recomendación.

“Es un mal signo para las comunidades agraviadas por décadas, de omisión, engaño, negligencia y corrupción gubernamental el que, sin haberse hecho público un plan, programa u otra medida parecida por parte de las autoridades que pudiera ser considerado un ‘Plan Integral de Restauración Ecológica o Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac’, como expresamente lo indica la Recomendación, se hayan iniciado las obras de construcción de ‘nuevas’ PTARs y que éstas pretendan hacerse pasar, no sólo como parte del Plan, sino como todo el plan, sin haberse siquiera conformado —como también establece la Recomendación— el llamado Grupo Interinstitucional que elaboraría el proverbial Plan Integral de Saneamiento”.

“No puede aducirse la reparación de un daño si en las acciones que se pretenden realizar no se incluye la voluntad y el consentimiento de la parte agraviada. No puede garantizarse la no repetición del daño, además, si las acciones que se realizan unilateralmente son las mismas que formaron parte de la simulación previa que ratificó e intensificó el daño ocasionado a aquellos cuyos derechos fueron violentados.

Centro “Fray Julián Garcés”

“Las comunidades saben bien que repetir el modelo de construir onerosas PTARs no resolverá el problema, puesto que no está garantizada la prevención de los vertimientos de agua residual no tratada, porque tampoco existe la garantía plena de que las autoridades municipales, estatales y federales mantendrán en operación óptima y plena dichas plantas, ni está la ciudadanía segura de que alguna autoridad, federal, estatal o local, no terminará enriqueciéndose personalmente (gracias a la corrupción que se extiende a todos los niveles de gobierno), a costa de la enfermedad y la muerte de miles de personas en la Cuenca del Alto Atoyac.

“Existe un riesgo palpable y conocido por los habitantes de las comunidades afectadas que las distintas autoridades se coludan, nuevamente, para simular que van a limpiar el río, lo cual significaría una efectiva revictimización de quienes han perdido familiares por cáncer, insuficiencia renal, púrpura trombocitopénica, leucemia, arseniosis u otras enfermedades; también, de quienes hoy están enfermos y de sus familias que han debido incurrir en gastos catastróficos para atender los tratamientos, los traslados y los medicamentos de aquellos que están enfermos por la negligencia criminal del Estado mexicano.

“Asimismo, la simulación gubernamental pretende desconocer la situación de emergencia económica para los productores campesinos, los pequeños productores artesanales de productos lácteos, los pequeños lavanderos de mezclilla y otros similares, a quienes ahora se busca culpar de la contaminación extrema y persistente de la Cuenca, como si en los municipios incluidos en la Recomendación no estuviesen operando empresas como Pemex, Bayer, Porcelanite, Global Denim, Big Cola, Industrial Textil, Kimberly Clark, Lamosa o Rassini y, peor aún, como si éstas no estuviesen arrojando sus aguas residuales no tratada en los cauces de los ríos, las zanjas, los canales de riego o los campos de cultivo, además de sus emisiones al drenaje, a los suelos, a los arroyos y a la atmósfera, que incluyen compuestos como el cianuro, arsénico, plomo, cadmio, cromo, níquel, compuestos orgánicos volátiles, derivados del petróleo, solventes, detergentes, tinturas químicas y muchos otros contaminantes orgánicos persistentes”, sostuvieron organizaciones en un documento que resumía la Recomendación entonces obtenida.

Afectados ambientales aún esperan el Plan Integral de Saneamiento

La Recomendación del Atoyac constituye un parteaguas porque por primera vez en México se reconoció oficialmente que existe un nexo causal entre la contaminación de los ríos, la falta de saneamiento de las aguas residuales municipales e industriales y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas en la población.

Dada esta sentencia, se indica al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, una vez aceptada la recomendación, “colabore con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que en un plazo de seis meses (a partir del 21 de marzo de 2017) que se llevara a cabo la celebración de un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica entre estas dos dependencias más la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris), los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y los municipios colindantes con el Río Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, las empresas que descargan sus aguas residuales a estos cuerpos de agua o a las redes municipales, y las organizaciones de la sociedad civil interesadas, con el objeto de elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac”, situación que a la fecha se ha incumplido.

“La Recomendación obliga a que se convoque a todas las áreas y se les dé espacio a los afectados ambientales a participar en un grupo amplio para la elaboración de un plan integral de saneamiento de atención a la salud”, pero esto no ha ocurrido hasta el día de hoy.

Hace poco se respondió con un convenio de colaboración entre la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y gobiernos estatales para poder empezar a elaborar este plan. Hasta la fecha seguimos esperando y no se ha convocado a los afectados ambientales para que participen en la elaboración de éste plan. “Consideramos que en los hechos no se ha dado respuesta a la Recomendación”, explicó el representante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Omar Aguilar Arellano, autor del análisis “El río Atoyac y la lucha por revertir la contaminación”.