Hace un año, más de 23 millones de salmones del Atlántico en descomposición abarrotaban las balsas-jaulas de los centros de cultivos ubicados en seno del Reloncaví, región de Los Lagos.
Este desastre sanitario era la evidencia de la segunda mayor crisis ambiental, sanitaria y social que en menos de una década, la industria del salmón infringía al archipiélago de Chiloé. Las mortalidades provenían de 38 centros de cultivo marinos pertenecientes a 14 grandes empresas salmoneras, los que fueron afectadas por una floración de algas nocivas Pseudochatenella verruculosa, que afixiaron a millones de peces destinados a la exportación.
Este primer evento ocurrido entre febrero y abril del 2016, fue seguido por una floración de micro algas Alexandrium catenella,-inédita por su toxicidad y extensión-, las que contaminaron las aguas costeras y los recursos bentónicos, base de la vida económica, social y la alimentación de la sociedad Chilota.
El florecimiento de micro algas tóxicas que se extendió desde el mar interior, canales y fiordos de Chiloé, hasta la región de Los Ríos, fue consecuencia de los cambios climáticos y oceanográficos provocados por El Niño, y gatillados por los altos niveles de contaminación orgánica existente. A las altas temperaturas, la disminución del oxígeno disuelto en el agua, y el aumento de la luminosidad, se unieron el aporte diario de nitrógeno (N) y fósforo (P), provenientes de las miles de toneladas de fecas y alimento no consumido por los salmones en sus abarrotadas balsas-jaulas.
Como rechazo a la aguda crisis sanitaria y ambiental, la indolencia de un gobierno distante y las expoliadoras políticas neoliberales, se generó en Mayo del 2016 una de las mayores movilizaciones sociales en la historia el archipiélago de Chiloé.
Durante 18 días, las comunidades organizadas realizaron un control territorial pacífico de su archipiélago, mientras se realizaban asambleas en Ancud, Castro, Chonchi y Quellón, reivindicando las demandas de educación, salud, conectividad y autonomía, hecho conocido popularmente como “La Comuna de Chiloé”.
Esta praxis constituyó un hito en la construcción de un sujeto patagónico-chilote de carácter autónomo, frente al colonialista proceso de “industrialización tardía”, ocupación territorial industrial, apropiación de los bienes comunes y sobreexplotación de sus recursos naturales, para destinarlos a la exportación, por parte de empresarios chilenos y de multinacionales.
Fuentes de la industria y del banco noruego Nordea, señalaron que las pérdidas generadas por los florecimientos algales ocurridos entre febrero y junio del 2016 equivalieron al 25 % de los volúmenes de producción de salmón estimados para el 2016, lo que tuvo un costo cercano a los 800 millones de dólares.
Paradojalmente, los destructivos impactos sanitarios, ambientales y sociales que afectan a la sociedad de Chiloé, se han convertido de la mano de la especulación y del libre mercado, en el mejor negocio para los clanes y transnacionales salmoneras en los últimos 25 años.
Esto comenzó cuando los seguros comprometidos pagaron cada uno de los millones de peces muertos. Sin embargo, el gran negocio surgió post-crisis sanitaria y ambiental, al caer en 180.000 tons la oferta de salmón Atlántico (Salmo salar) provenientes de Chile, equivalente al 6,8% de esta producción mundial. Esta situación se unió a las menores producciones de Noruega y Escocia, afectadas por masivos brotes del ectoparásito denominado piojo de mar, produciéndose la mayor caída en la producción global de salmones de cultivo de los últimos 25 años.
A partir de junio del 2016 comenzó a evidenciarse una sostenida alza en los precios del salmón de cultivo en los mercados de Estados Unidos, Brasil y Europa, los cuales aumentaron en promedio casi un 40%, dependiendo de la variedad de salmónidos. A nivel del mercado internacional, los precios aumentaron en promedio un 24,5% en el período diciembre 2015/enero 2016 (US$ 5,98/kg), a diciembre 2016/enero 2017 (US$ 7,45 /kg).
La transnacional japonesa Mitsubishi ingresó al negocio salmonero en Chile el 2011, al comprar Salmones Humboldt. El 2014 adquirió la transnacional noruega Cermaq, la segunda mayor exportadora de salmones en Chile, mientras lograba controlar la empresa Cultivos Marinos Chiloé. El grupo Mitsubishi reportó ganancias durante el 2016 de US$ 215,8 millones, lo que representó un incremento del 289% en relación con los US$55,4 millones obtenidos durante el 2015.
Por su parte, la transnacional noruega Marine Harvest señaló que su filial chilena fue la que impulsó sus ganancias corporativas a nivel global.
Al igual que en la crisis del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés), ocurrida entre el 2007-2009, la cual generó pérdidas por US$ 5.000 millones y 26.000 puestos de trabajo, la industria salmonera transfirió los billonarios costos ambientales, sanitarios y sociales al Estado, al medio ambiente, a la salud pública, y a los trabajadores (as) y contribuyentes chilenos.
Es así que el primer anuncio del empresariado salmonero post-mortalidades masivas de peces fue el despido de 12.000 trabajadores y trabajadoras, por razones de “fuerza mayor”, o “necesidades de la empresa”. Según los cálculos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el segundo trimestre del 2016, el sector de la pesca, acuicultura y agricultura de la región de Los Lagos había perdido 16.000 puestos de trabajo.
Con el aumento de los precios internacionales se implementó una absorción parcial de mano de obra cesante, en condiciones de alta precarización, mediante subcontratación, menores salarios y por períodos de 3 a 4 meses (“contrato por faena”). Estos trabajadores y trabajadoras, sin tener una inserción laboral permanente -por lo cual no acceden a derechos sociales y laborales-, representan el ejército de reserva de cesantes que el cluster salmonero utiliza para disminuir salarios y desregular las condiciones de empleo.
Las recurrentes y millonarias crisis sanitarias, ambientales, financieras y sociales provocadas por los monocultivos intensivos de salmónidos en Chile, confirman que es una actividad insustentable en lo ambiental, no equitativa en lo social e ineficiente en lo económico; la que se sostiene por el apoyo del Estado, la utilización de dineros públicos, y de los subsidios aportados por el medio ambiente, la salud pública y el trabajo precarizado, tercerizado y mal pagado de quienes laboran en los centros de cultivos y factorías de procesamiento.
En la actualidad, una alianza de organizaciones ciudadanas, comunidades locales, movimientos sociales y comunidades de pueblos originarios, exigen una moratoria permanente de la destructiva expansión territorial de las concesiones salmoneras en aguas de las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes; El control público sobre el opaco y corrupto accionar de políticos y altos funcionarios del Estado que benefician con recursos públicos y modificaciones a las normativas sanitarias, ambientales y laborales, a la insustentable industria salmonera y la implementación de una amplia campaña de boykot al consumo de salmones de cultivo por causas sanitarias, sociales y ambientales.
Por: Juan Carlos Cárdenas N. Médico Veterinario. Director Ejecutivo, Centro Ecoceanos.
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