Grupos ambientalistas opositores al proyecto, se mostraron sorprendidos por el acuerdo. No obstante afirman que este hecho no implica el fin de las movilizaciones ni una eventual aprobación del proyecto.
A fines de la semana pasada, el grupo MXP, cuyo dueño es el multimillonario brasileño Eike Fuhrken Batista, se anotó una importante victoria sobre los opositores al proyecto de la Central Castilla. Y es que en medio de la tramitación medioambiental, los representantes de la empresa lograron un acuerdo con el principal opositor a la termoeléctrica, la familia Domínguez, propietaria de los terrenos colindantes al lugar del emplazamiento de la central.
Según un comunicado de la empresa, ésta declara que “se ha accedido a revisar aquellas exigencias técnicas y ambientales solicitadas por el Sr. (Gonzalo) Domínguez en las instancias correspondientes, como también incorporar medidas de mitigación, lo cual ha permitido a este último revisar su oposición al proyecto”.
Al respecto, Alex Muñoz, abogado de la ONG Oceana, en declaraciones a ADN Radio, se manifestó sorprendido por la decisión, señalando que “no teníamos idea de estas conversaciones. De hecho la familia Domínguez fue uno de los grandes opositores a este proyecto”.
Semejante opinión tiene la senadora Isabel Allende (PS), representante por la zona, afirmando que “lamento que la familia haya recurrido a la comunidad y a numerosos actores políticos para formar un frente contra la megacentral Castilla sin informar que estaba negociando un acuerdo con la empresa”.
También, otras organizaciones como Greenpeace, a través de su director, Matías Asún, señaló que “no es posible que conflictos medioambientales de esta magnitud se transformen en un negocio entre particulares y, por tanto, nuestra oposición a este megaproyecto y, en general, a la energía en base a carbón, se mantiene”, añadiendo que la institucionalidad ambiental debe funcionar para toda la comunidad que podría ser afectada ante la magnitud del proyecto.
DIVIDE Y VENCERÁS
No obstante, Wilson Wastavino, colaborador de la Comunidad Agrícola Totoral y ex candidato a diputado por el distrito, quienes serían directamente afectados por la instalación de la central, manifestó su desazón ante el acuerdo entre los Domínguez y la empresa.
Wastavino destacó la importancia que la familia había tenido para llevar adelante la oposición al proyecto: “De alguna manera ha sido la familia Domínguez la que ha tenido la posibilidad cierta y real de hacer frente y frenar el proceso de Castilla, ya que ellos fueron los que han interpuesto los recursos que fueron acogidos”, señala, y añade que, de aquí en adelante, “la comunidad queda bastante desvalida, ya que no contamos con los recursos para hacer eso.”
Además reitera que este hecho deja muy mal parado al movimiento, más aún, cuando hoy se observa una fractura al interior de la misma agrupación: “Ahora la mitad de la directiva de la comunidad está dividida, porque (…) la presidenta (Holanda Pastene) y la tesorera ya están por la opción de negociar con la empresa”, afirma. “Estamos en muy mal pie en estos momentos”, reconoce el dirigente social, y añade que “la empresa hizo lo que se propuso: lograr los apoyos necesarios a base de la intervención monetaria”.
De paso, critica a diferentes representantes políticos que antes de conocerse esta noticia, nunca se habían manifestado decididamente en contra de la empresa: “Lo más lamentable es que hay parlamentarios que se manifiestan en contra, pero ya con hechos consumados, cuando esto ya está en curso (…) Ahora tratan de sacar ventaja política, a sabiendas de que este tema ya son hechos consumados, pero en su momento nunca estuvieron realmente en oposición al proyecto”, señaló.
A su vez acusa a la empresa de llegar tan lejos para intervenir en la comunidad que ésta ha contratado al ex secretario regional ministerial (Seremi) de Minería del gobierno de Michelle Bachelet, Ulises Carabantes, como encargado de asuntos corporativos de la compañía “entre otros socialistas que están también trabajando para la termoeléctrica”, afirma el ex candidato, criticando de paso a los gobierno de la Concertación por haber permitido que este –y otros proyectos semejantes– avanzaran.
LA VERSIÓN OFICIAL
Hasta el día de hoy, en la página oficial del grupo Atacama sin Carbón, liderado por la familia Domínguez, se puede ver el comunicado oficial en donde se explica el acuerdo entre la empresa y la familia.
Básicamente, se explica que tras un proceso de “acercamiento” se procedió a suscribir un “acuerdo marco”, el que contemplaría los “compromisos” que tanto MPX como los Domínguez asumirían en torno al megaproyecto, entre los cuales destaca el “desistirse y renunciar a los reparos formulados por el proyecto”, por parte de la familia.
Así como la empresa promete someterse voluntariamente a más medidas de mitigación ante la autoridad ambiental, también ha prometido reservar una extensión de terreno en el sector de Caleta del Medio en Bahía Salado, con el fin de constituir en ella un santuario privado de conservación de fauna y flora y de conservación arqueológica, cultural y paisajística, la que sería administrada a través de una fundación particular.
LOS REPAROS
No obstante el acuerdo alcanzado, para parte de la comunidad y de los grupos ambientalistas, este tipo de medidas resultan igual de preocupantes. “Acá está comprometido el interés público y por lo tanto se debe dejar que el sistema de evaluación de impacto ambiental opere técnicamente”, afirmó Alex Muñoz, de Oceana, a ADN Radio. “Estos acuerdos deberían estar estrictamente regulados, o prohibidos, porque las posibilidades de negociar en igualdad de condiciones son muy escasas”, afirmó, añadiendo que “se trata de conductas abusivas, donde una parte muy fuerte es capaz de imponer condiciones de negociación a la otra que es muy vulnerable”.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
