En la Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt, fue interpuesto este lunes 4 de agosto, un recurso de protección por parte del lonko Eric Vargas Quinchaman, en representación de siete comunidades indígenas de la zona afectada, y por Tomás Pizarro Meniconi, vicepresidente del Consejo Consultivo del Parque Nacional Alerce Andino.
La acción judicial fue presentada contra la empresa Saesa, la cual se encuentra instalando alrededor de 940 postes de tendido eléctrico en el primer tramo de la Carretera Austral, en la comuna de Puerto Montt. Los vecinos argumentan que las obras están afectando el potencial turístico del área y que han dañado once sitios arqueológicos (conchales) de cinco mil años de antigüedad.
Según Pizarro, «la Corte de Apelaciones ha ordenado a Saesa la evacuación de un informe sobre su proyecto y la intervención en los sitios arqueológicos, y la Fiscalía ha instruido a la PDI las diligencias para realizar peritajes en los sitios arqueológicos».
En agosto se realizaría una consulta ciudadana a los habitantes de ese sector de la Carretera Austral, para dirimir la aprobación o rechazo de la instalación de los polémicas postes de Saesa.
ANTECEDENTES
Todo comenzó el 28 de agosto del año pasado (2013), cuando la Dirección de Vialidad de la Región de Los Lagos aprobó la instalación de 934 postes de concreto por parte de la empresa Saesa, destinados a la transmisión eléctrica de dos centrales de pasada, La Arena, y próximamente la de Chaica, ambas de la empresa Epasa. Esto, tomando en cuenta que desde 2001 financió labores de salvataje arqueológico, pues en el año 2000 los conchales fueron reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales.
De acuerdo a Pizarro, la querella se basa en el hecho que Saesa no realizó aviso alguno a Monumentos Nacionales, al descubrir los sitios arqueológicos en el momento de comenzar las obras, el 28 de febrero de este año.
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El presidente del consejo consultivo del Parque Alerce Andino, de la ONG Comité de Servicios Chilenos, Raúl Fernández, fue quien encendió alarmas respecto a la gran cantidad de postes que son instalados a un costado de la Ruta 7. “La postación ha sido progresiva y avanza en forma acelerada. Esto entrega una visión muy mala, porque es una zona turística y además provoca un desorden en la parte territorial”, adujo. Fernández criticó la nula participación de la comunidad. “Hay proyectos que pueden ser beneficiosos para la región, pero cuando se está desarrollando se debe comunicar a la población, porque existe total desconocimiento de lo que se trata, e incluso los residentes de esta zona pensaban que era para el alumbrado público”.
DENUNCIA Y MESA DE TRABAJO
La primera medida fue una declaración pública -entregada a la prensa el 1 de abril- en que Raúl Fernández y Tomás Pizarro exigieron «que sean retirados los postes y que se mitigue la pérdida de la arborización escénica destruida hasta la fecha».
A continuación, Tomás Pizarro interpuso una denuncia, el 6 de mayo pasado en el retén de Carabineros de Piedra Azul, por daño al sitio arqueológico. En ese momento señaló: “Estoy satisfecho porque la Fiscalía acogió mi denuncia. Esto confirma que cualquier vecino que quiere proteger el patrimonio de toda la ciudadanía puede buscar el reguardo de la Ley a través de las autoridades competentes”, sostuvo. Añadió que producto de esto fue creado el Comité de Defensa de la Carretera Austral, donde participan personas desde Chamiza a Lenca y a las que se sumaron siete comunidades indígenas.
Producto de estas acciones, el 22 de mayo se constituyó una mesa de trabajo. A la cita llegaron representantes de Medioambiente, Vialidad, Superintendencia de Electricidad y Combustible, municipio y de las comunidades de la carretera austral.
El gobernador Juan Carlos Gallardo informó que se ofició al Consejo de Monumentos Nacionales en que se solicita la presencia del arqueólogo Oscar Toro, para que se constituya en el sitio patrimonial. Y a su vez, que el organismo indique las acciones administrativas y judiciales a seguir, en caso que se confirme la alteración al sitio.
Entre las medidas que se adoptarían, está levantar una agenda de trabajo para el rescate, preservación y puesta en valor de los sitios arqueológicos del borde costero de Puerto Montt y registrar nuevos; estudiar la factibilidad de contar inspectores ad honorem en materia de patrimonio, y un trabajo para abordar la cosmovisión mapuche de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
ACCIÓN DIRECTA
El pasado 30 de junio, a eso de las 10:30, un grupo de vecinos liderados por Tomás Pizarro y el lonko de la comunidad Riloncahuin (Reloncaví), Erick Vargas, interrumpieron las faenas en el kilómetro 24 de la Ruta 7 en el sector de Quillaipe, Puerto Montt.
Cerca del mediodía, los trabajadores recibieron la orden de continuar con los trabajos, los que habían sido interrumpidos por los vecinos. La maquinaria se acercó a la faja del camino, ante lo cual el lonko Vargas bloqueó el área de trabajo con su auto y junto a Pizarro se ubicaron frente a ella.
Carabineros llegaron al lugar, llamados por los dirigentes ya que a su juicio se estaba vulnerando la ley. Tras un diálogo con los manifestantes y la empresa, se interrumpieron las faenas a la espera de una reunión en la Gobernación de Llanquihue entre las partes, que se realizó en la tarde, con dirigentes sociales, de pueblos originarios, el encargado de la oficina municipal de patrimonio, Pablo Fábrega, el gerente zonal de Saesa, Rodolfo Pérez, y el gobernador, Juan Carlos Gallardo.
Según Pérez, la empresa ha «cumplido con la totalidad de lo exigido por Vialidad, la normativa eléctrica y lo dispuesto por el Consejo de Monumentos Nacionales. En cuanto a las reuniones informativas, el viernes 27 de junio la municipalidad nos entregó el listado de lugares y comunidades con las cuales debemos trabajar en la difusión del patrimonio arqueológico, encuentros que materializaremos los próximos días”.
La respuesta no fue satisfactoria para los vecinos, ya que a su juicio las faenas sólo podrían continuar una vez realizadas las acciones de mitigación y no antes.
Finalmente tras escuchar los diferentes argumentos, el gobernador Juan Carlos Gallardo, solicitó a Saesa paralizar nuevamente los trabajos hasta cumplir con los requisitos solicitados por el Consejo de Monumentos Nacionales. La desafiante respuesta del gerente zonal enmudeció a los presentes. “Las obras no las vamos a detener, porque hemos dado cumplimiento a todo lo solicitado por diferentes entidades públicas”.
DECLARACIÓN Y CARTAS
En vistas de lo ocurrido, el 4 de julio Erick Vargas y Tomás Pizarro enviaron una carta a la Presidenta Bachelet, en donde denuncian «una serie de irregularidades, todas las cuales constituyen ilícitos y faltas al proceso administrativo». Así mismo, la solicitan «dejar sin efecto los permisos otorgados a la empresa Saesa, suspender definitivamente las obras, iniciar Sumarios Administrativos a los funcionarios involucrados, informar a la comunidad sobre las Leyes que propician la participación ciudadana y aplicar exhaustivamente el Reglamento 169/OIT».
Paralelamente, el 9 de julio, el Grupo de Ciudadanos en Defensa de la Carretera Austral emitió una declaración pública en que explican «damos a conocer que sabemos quiénes son los responsables de los ilícitos y en ningún caso son los trabajadores de Saesa, como tampoco de las empresas sub-contratadas, que para todo efecto son parte de la misma empresa, sino que los propietarios y los niveles directivos de la empresa Saesa por una parte y por la otra se los funcionarios públicos de la Dirección de Vialidad responsables. Es contra de ellos que presentamos una acción judicial para que se cumpla con la Ley».
Posteriormente, Tomás Pizarro hizo llegar otra carta a Patricia Fuller, embajadora de Canadá en Chile, en donde le pide que interceda ante los propietarios de Saesa, un fondo de pensiones de profesores de Ontario y Alberta, para que cumplan con su compromiso de realizar «inversiones responsables«.
QUERELLA
El pasado 10 de julio, en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, fue presentada una querella contra Jorge Loncomilla, director de Vialidad de la Región de Los Lagos, y Rodolfo Pérez, gerente zonal de Saesa. Por el delito contemplado en el artículo 38 de la ley 17.288 por daño de monumento arqueológico ocasionado en los sectores de Piedra Azul, Quillaipe, Metri, Lenca, etc. La querella fue presentada también por Tomás Pizarro, vecino del sector, y por el lonko Eric Vargas Quinchamán.
En palabras de Tomás Pizarro, «La próxima semana ampliaremos la querella a la Gobernación Provincial de Llanquihue y al Consejo de Monumentos Nacionales. Y estamos estudiando el delito de cohecho por parte de Saesa, ya que estamos en pleno proceso electoral por la Consulta Cidadana».
Leer además:
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Por Cristian Sotomayor Demuth
[Con información de soychile.cl y fotografía de N. Hernández]
El Ciudadano
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