Como una instancia inédita en materia de relaciones entre las empresas mineras y los pueblos originarios se ha considerado el “memorandum de entendimiento” firmado por la canadiense Barrick Gold y las comunidades diaguitas con el fin de destrabar la tramitación del proyecto Pascua Lama.
En conversación con Radio Bío Bío el abogado Lorenzo Soto, quien representó a las agrupaciones en los recursos interpuestos ante los tribunales, sostuvo que este principio de acuerdo no es una negociación ni implica necesariamente un diálogo, sino que permitirá a las comunidades revisar en detalle el proyecto.
“Los indígenas del norte de Chile van a poder tener por primera vez el control de una actividad minera y escanearla, revisarla completamente, para recién después de aquello iniciar, tal vez, un proceso de diálogo que eventualmente podría terminar con un acuerdo o un arreglo definitivo para la materialización del proyecto”, agregó.
En tanto el abogado y antropólogo Alonso Barros aclaró también que la primera fase del memorandum es de carácter técnico, denominándolo como un “rayado de cancha” para las partes implicadas. Esta etapa, que no conlleva la renuncia a posibles acciones judiciales, se extendería por cerca de seis meses y, de ser exitosa, daría paso al diálogo.
“El proceso puede culminar en un convenio que sea un ejemplo y un modelo para América Latina tanto en su elaboración como en su contenido, o puede que lo peor que ocurra es que no haya acuerdo y las cosas sigan como están, y que se sigan en términos de conflicto”, dijo Barros.
El papel que ha tenido Barrick Gold en esta problemática fue cuestionado fuertemente por Lorenzo Soto, quien aseguró que ésta “ha sido la peor empresa minera que ha conocido la historia de Chile por su comportamiento y sus estándares”, valorando que el pueblo diaguita tome “el control del destino de su propio territorio y de su propia identidad, de su propia cultura y de la cuenca [del río Huasco] que ellos sienten que les pertenece ancestralmente”.
En esta etapa, añadió Alonso Barrios, es muy temprano hablar de un posible acuerdo para un “royalty indígena”, aunque sin descartar que ello pueda ocurrir: “Si después se llega a un royalty indígena, sería derechamente una revolución en el sistema nacional”.
Pese a ello, Soto subrayó que el acuerdo presupone la viabilidad ambiental del proyecto ya que, según estimó, “un pueblo no va a cobrar royalty a
cambio de la destrucción de su entorno natural”.
La ausencia del Estado en este acercamiento entre Barrick Gold y los diaguitas también es parte de la discusión relativa al futuro del proyecto minero. Barrios destacó que, pese a todo, el Estado es quien tendrá la última palabra al respecto, pero ahora se reconoce la opinión de las comunidades como “la voz legítima del dueño ancestral del territorio”.
Soto fue mucho más crítico, dejando en evidencia que “para los diaguitas, el Estado equivale a Barrick Gold; ambos han mancillado y violado sistemáticamente los derechos de los indígenas”.
La denominada etapa técnica del memorandum no establece un monto determinado para las auditorías que se efectuarán, aunque se podría implicar el uso de incluso 5 millones de dólares, dineros que se utilizarán para la contratación de profesionales.
En tanto, Lorenzo Soto no descartó que el proceso entre el pueblo diaguita y la minera canadiense sea analizado por observadores internacionales
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