Alarma ambiental: Acusan al Gobierno de ceder ante presiones económicas en reforma de Ley Ambiental

Más de 200 agrupaciones medioambientales manifestaron su profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley – y a las indicaciones presentadas por el Gobierno – en la tramitación de la reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente-más conocida como Ley 19.300 – que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.

A través de una declaración pública, los 229 firmantes pertenecientes a ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalaron que «en un contexto de álgida discusión mediática en torno a la mal llamada “permisología” o la supuesta burocracia en torno a la tramitación de proyectos de inversión, en el presente año el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley de reforma a la institucionalidad ambiental».

Plantearon que «aunque desde sus inicios el proyecto contenía deficiencias, las indicaciones presentadas por el Gobierno han empeorado la propuesta, renunciando a los tímidos avances del documento original».

Calificaron como «notoria y lamentable la presión que existe por aprobar esta reforma a como dé lugar» y criticaron que por tal motivo, el Ejecutivo haya cedido «a las propuestas de los centros de pensamiento cercanos a los intereses económicos, como son Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán».

Asimismo, cuestionaron que se haya «despreciado la visión de los sindicatos de los organismos ambientales, organizaciones y ciudadanos que esperan una normativa ambiental que los proteja y que nos permita un país armónico ahora y en el futuro».

En la declaración, las organizaciones ambientalistas, señalaron que el proyecto que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse en una amenaza en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el Gobierno y por la oposición. Las cuales según advirtieron “entregarían un poder desmedido a los intereses económicos, limitando el control del Estado sobre el patrimonio natural del país, haciendo énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma acarreará”.

Para las organizaciones, entre los elementos más perjudiciales del proyecto se encuentran:

-Se crea un procedimiento especial para modificaciones de proyectos mediante declaraciones juradas, sin que estas sean revisadas previamente por la administración del Estado, renunciando a una revisión preventiva de los proyectos y actividades.

-Se flexibiliza el procedimiento de urgencia excepcional para reducir tiempos en la tramitación de proyectos, presionando al Estado en su actuación con el fin de acelerar la entrega de permisos, a proyectos que serán determinantes a dedo por los gobiernos.

-Se crea una nueva institucionalidad, a costa del fisco, para revisar las reclamaciones de proyectos y disfrazar el componente político en esta decisión. Esto en vez de aumentar la capacidad técnica y humana de los organismos ya existentes que tienen la expertiz y el conocimiento específico sobre las materias de su competencia.

-En línea con lo anterior, se entrega al Servicio de Evaluación Ambiental un rol superior sobre los demás Organismos con Competencias Ambientales, pudiendo este modificar sus observaciones, privilegiando una mirada economicista por sobre la opinión técnica de los demás organismos con competencias ambientales. Esta reforma podría además ser inconstitucional.

En el texto, advirtieron que además de estos retrocesos respecto de la normativa vigente, debido a las presiones en la tramitación del proyecto por parte del empresariado y la oposición, el gobierno renunció a sus propuestas originales, debilitando el contenido ambiental del proyecto de ley.

En la declaración, las ONGs denunciaron que la denominada “Evaluación Ambiental 2.0”, relega la participación local en la evaluación ambiental de proyectos, con indicaciones que restringen la injerencia de los gobiernos regionales y municipalidades en la Evaluación Ambiental; deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original y se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación de los territorios.

Ante este escenario, hicieron un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, instaron al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues constituye un retroceso respecto a la legislación vigente. Además, llamaron a la ciudadanía a informarse sobre este tema que «tendrá consecuencias fundamentales en la forma en que se aborda la situación medioambiental de nuestros territorios».

A juicio de Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA, “este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país».

«Genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo, y por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, señaló, citado por Diario U de Chile.

Por su parte, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, señaló que “el Gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la ‘permisología’ contra la cual protestan, ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio. El propósito central de nuestro sistema ambiental es proteger el medio ambiente y, con ello, la salud de las personas y el patrimonio ambiental; por lo tanto, no podemos retroceder en sus estándares”.

Asimismo, enfatizó que “para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece estar dispuesto a asumir”.

Revisa la declaración completa a continuación: