De los 20 años que presume la Minera Gorrión. S.A. de C.V. subsidiaria de Almaden Minerals Ltd, la cual busca extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán; al menos 13 años han transcurrido entre frenos a las concesiones, suspensiones, cancelaciones y ceses de permiso por ser un “proyecto inviable”, realizando exploraciones ilegales y sin autorización.

Representantes de organizaciones y núcleos de oposición a la mina a cielo abierto se pronunciaron ante el boletín de la empresa minera con el título “20 años en Ixtacamaxtitlán” en el que la trasnacional celebró su permanencia en el municipio con un proyecto de vanguardia que adoptó una Política de Derechos Humanos, la cual realizó una Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH), asegurando el respaldo de habitantes de 28 comunidades.

Alejandro Marreros, vocero del Colectivo Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, le recordó a la empresa, que esas dos décadas han representado para los pobladores, años de férrea resistencia por parte de comunidades al proyecto minero que, en sí mismo, implica violaciones a los derechos humanos.

El defensor del territorio desestimó el boletín, basado -dijo- «en discursos demagógicos e imprecisiones» en la información difundida por la minera, anuncia la reanudación de las Juntas Informativas Anuales en las instalaciones de Minera Gorrión en Santa María Zotoltepec con pobladores que apoyan la mina a cielo abierto para darles cuentas y difundir resultados de dos décadas de trabajos.

Según el boletín, Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión extendió su agradecimiento y reconocimiento a las comunidades de Ixtacamaxtitlán por lo construido de manera conjunta. “Para mí y para todo el equipo de Minera Gorrión, el proyecto Ixtaca no tiene sentido sin ustedes, las comunidades”

“Durante la sesión, el equipo de Minera Gorrión expuso los avances y logros cosechados de la mano con las comunidades locales en estas dos décadas en la región. Asimismo, se hizo entrega a los asistentes de ejemplares impresos de la revista conmemorativa del 20 Aniversario, la cual tiene como protagonistas a las comunidades a través de sus testimonios sobre el proyecto y algunas de las actividades realizadas en conjunto con la empresa”, aseguró la empresa en el comunicado.

Veinte años de la minera, veinte años resistiendo

Al respecto, Marreros, argumentó que la oposición estuvo presente desde el primer día y que la resistencia creció cada año, haciéndose más sólido ante los cientos de trabajos exploratorios que hizo la minera a espaldas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante miles de barrenos que no constan ni en informes preliminares reportados en México, ni en informes a Canadá.

“La gente poco a poco se ha ido enterando de que el territorio está amenazado por éste proyecto minero y además por las mentiras a las que ha recurrido Almadem Minerals, asegurando que la mina es de vanguardia. Nosotros hemos demostrado que le han mentido al gobierno mexicano y a sus inversionistas. Ellos aseguran que la gente respalda el proyecto cuando (en realidad) hay un amparo que los está frenando (…) que tienen concesiones en riesgo de perder al ser consideradas por un juez como ilegales e insubsistentes. La resistencia está vigente. La mayoría de la población está en contra del proyecto, sino fuera así no se habría detenido como ha sucedido hasta ahora”.

La oposición ha estado presente en pronunciamientos de asambleas en las que pobladores han manifestado públicamente la defensa a la vida y al territorio en la Sierra Norte de Puebla.

20 años de cancelaciones y suspensiones de Minera Gorrión

Los pobladores entrevistados, tanto del Colectivo Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, y el Consejo Tiyat Tlali recordaron la suspensión de 2020 a los trabajos mineros que buscaban extraer oro, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le negó a la empresa la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

En un comunicado de las organizaciones, se reveló el contenido del oficio SGPA/ DGIRA/DG/06549, el cual señalaba graves afectaciones ambientales por el proyecto, dadas sobre medidas de mitigación ante los impactos generados por la mina a cielo abierto proyectada.

Además, habría en la MIA de la minera, información insuficiente. Por lo que se puso en duda la veracidad de la información del proyecto.

Ésta suspensión se sumó a otras cancelaciones de trabajo. No obstante, en los primeros cinco años, la minera trabajó ilegalmente haciendo exploración en el territorio sin autorización, de acuerdo a la Denuncia Popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Almadem Minerals ha tenido, en los últimos siete años, suspendidas las concesiones mineras, lo que no, es el trabajo de exploración. La minera ha intentado, tanto por medios como por acciones jurídicas, destrabar el juicio de amparo. Sin embargo, no lo ha logrado.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación que ha documentado paso a paso esta resistencia, apunta que en abril de 2015, la comunidad de Tecoltemi, Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y ésta, inició un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía al haber entregado sobre su territorio dos concesiones mineras (“Cerro Grande” y “Cerro Grande 2”) sin consulta, ni consentimiento de la población.

La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley Minera, cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.

El 11 de abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla dictó sentencia favorable a Tecoltemi, reconociendo no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado y determinando, que las concesiones mineras “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.

Almaden ahora se monta en el discurso de DH de comunidades

Alejandro Marreros calificó de demagogia el anuncio de apego a los derechos humanos de Almaden y de sus “avances” en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) que emprendió la minera en éste año.

Al respecto insistió que la única y válida Evaluación de Impacto en Derechos Humanos es aquella que se realizó desde las comunidades a lo largo de cuatro años y presentada en 2017.

En esa evaluación se identificaron impactos negativos a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración. Además, se encontró potenciales riesgos de desplazamiento forzado.

En un comunicado, también difundido en este año (2017), las organizaciones pronunciaron señalando que “Una EIDH elaborada por la empresa no puede tener un ‘comité independiente’ si es financiado por la misma empresa y tampoco si sus empleados participan en él. No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades”.

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