La candidata a Gobernadora de la Región Metropolitana, Nathalie Joignant, solicitó a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto a las presuntas infracciones que habría cometido la Superintendencia de Medio Ambiente respecto de sus deberes de fiscalización y evaluación del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
Dicho proyecto enfrenta un historial de infracciones ambientales y estructurales que han retrasado su operación por más de una década, poniendo en riesgo los ecosistemas y la seguridad hídrica de la Región Metropolitana.
Alto Maipo, inició su construcción en 2013, luego de un proceso de evaluación ambiental donde la comunidad manifestó desde un comienzo su oposición al mismo, denunciando sus impactos en el medio ambiente y en la disponibilidad de agua y alertando sobre los graves errores y vacíos en el Estudio de
Impacto Ambiental y la Resolución de Calificación Ambiental que resolvió dicho proceso (RCA N°256/2009).
Al respecto, la activista medioambiental, planteó ante la Contraloría que entre estos errores y vacíos, figura el hecho de que la empresa propiestaria- la estadounidense AES Gener S.A- indicó que el proyecto tendría un costo estimado de USD 800 millones y un tiempo aproximado de construcción de 5 años.
Sin embargo, para el año 2021 la inversión había ascendido a más de USD 3.400 millones, antes de cuatro de los derrumbes y desprendimientos en los túneles que han retrasado la puesta en marcha de esta iniciativa.
Joignant precisó que «a la fecha de la presentación de este requerimiento, han transcurrido más de 11 años sin que el proyecto entre en operación definitiva, dando cuenta nuevamente de los graves errores y vacíos en la evaluación ambiental».
Planteó que otro elemento que da cuenta de la improvisación y la falta de antecedentes con que fue aprobado Alto Maipo, tiene relación con la falta de agua necesaria para hacer funcionar las centrales hidroeléctricas, debido a lo cual el titular del proyecto «firmó un convenio con la empresa que tiene la concesión del servicio de público de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Santiago, con el fin de que poder utilizar los caudales de agua otorgados en la concesión sanitaria para hacer funcionar una de las centrales».
«Vale decir que este acuerdo fue firmado en secreto y solo se hizo público en 2013 debido a un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, y que dicho contrato mantiene una causa vigente de nulidad absoluta por incurrir en ilegalidades», enfatizó la candidata a Gobernadora por la Región Metropolitana.
En su solicitud a la Contraloría, recordó que en 2014 se presentó un demanda de nulidad en contra de la Dirección General de Aguas ante la Corte de Apelaciones por las autorizaciones que entregó el organismo a la empresa AES Gener en relación a Alto Maipo.
Infracciones en el proyecto Alto Maipo
Durante ese mismo año y los siguientes, la comunidad de la región Metropolitana presentó diversas denuncias en contra del proyecto por diferentes infracciones cometidas en la fase de construcción.
«Ante la acumulación de denuncias, en 2017 la Superintendencia del Medio Ambiente abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra Alto Maipo, formulando 14 cargos por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la RCA N°256/2009. Nueve cargos fueron calificados como graves y cinco de carácter leve según artículo 36 N°2 letra e) y N°3 de la LOSMA, (RES. EX. N°1/ROL D-001-2017)», señaló Joignant.
Dicho proceso concluyó con un plan de cumplimiento presentado por AES Gener, que fue objetado varias veces hasta ser aprobado en 2018.
Durante ese mismo año, el Segundo Tribunal Ambiental, como parte de la revisión de este plan de cumplimiento, ordenó a la empresa titular consultar al Servicio de Evaluación Ambiental si procedía la revisión de la RCA del proyecto, en base a la facultad establecida en el artículo 25 quinquies de la ley 19.300, concluyéndose que procedía esta revisión respecto de la variable hídrica.
Posteriormente, en 2023 la Superintendencia del Medio Ambiente abrió un nuevo proceso sancionatorio por cuatro nuevos cargos, proceso que se encuentra en curso, actualmente en fase de revisión de un nuevo plan de cumplimiento presentado por la empresa.
Historial de derrumbes
Nathalie Joignant también le recordó a la Contraloría que el proyecto hidroeléctrico cuenta con un historial de derrumbes que han retrasado y paralizado sus operaciones
Al respecto, indicó que en 2020 se tuvo noticia de un primer derrumbe en los túneles. Asimismo, a fines de 2022 se comunicó sobre un nuevo derrumbe en los túneles. En 2023 se supo de dos nuevos derrumbes, a lo que se acaba de sumar un quinto derrumbe, postergándose el funcionamiento hasta 2026 según lo comunicó desde la propia empresa al Coordinador Eléctrico Nacional.
En dicha comunicación, AES Gener se refirió a los estudios que están realizando para conocer la causa de los desprendimientos y poder repararlos.
Según la empresa estadounidense “los desprendimientos se deben, en general, a que las condiciones geológicas particulares requerían de un soporte estructural mayor a lo efectivamente construido en el túnel.”
Al respecto, la activista medioambiental, planteó que este reconocimiento es grave, «ya que da cuenta de que la evaluación ambiental del proyecto no consideró adecuadamente elementos estructurales del mismo, y de que todo el sistema de túneles tiene problemas estructurales graves».
«Esta situación genera un riesgo de colapso no solo de los túneles, sino de las laderas exteriores de los cerros por donde estos se encuentran, generando daños ambientales irreparables y a gran escala, pudiendo provocar grandes derrumbes, rodados y colapso de laderas, exponiendo a la población y a la biodiversidad local a riesgos graves. Junto a esta afectación, los túneles en desuso han drenado grandes cantidades de agua que se pierde irremediablemente, secando vegas de altura, afectando el hábitat de numerosas especies y afectando la disponibilidad de agua futura», explicó a la Contraloría la exsecretaria regional ministerial de Agricultura de la Región Metropolitana de Santiago.
También indicó que es posible advertir que los constantes derrumbes registrados en los túneles del proyecto Alto Maipo «constituye una infracción gravísima al provocar un daño ambiental no susceptible de reparación, en consideración de todo el agua aflorada y drenada por los túneles que se ha perdido, con los consecuentes impactos en las vegas alto andinas y los ecosistemas asociados a ellas, además de sus impactos en las reservas de agua potable para la Región Metropolitana».
Señaló que las obras de reparación que se realizan en túneles no han sido objeto de evaluación, cuya omisión también debe considerarse como una infracción gravísima.
Además, indicó que el proyecto hidroeléctrico ha significado un alto riesgo para la salud de la población, debido a la amenaza de colapso de laderas y de derrumbes exteriores producidos por el derrumbe de los túneles.
“Además de la posible contaminación de metales pesados durante la construcción del proyecto en las aguas del río Maipo, tal como lo señalara en un estudio el entonces presidente de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchin”, señaló.
Errores graves en evaluación ambiental
«En consideración de estos antecedentes es posible advertir una inadecuada labor de fiscalización y sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, que no se ha pronunciado sobre estos hechos. Esta inadecuada labor de fiscalización tiene como antecedentes dos procedimientos sancionatorios que no han dado resultados positivos, sino que han prolongado una sensación de impunidad respecto del proyecto, considerando que a pesar de las infracciones graves, el primer
procedimiento concluyó sin sanciones, sino con un plan de cumplimiento presentado por la propia empresa, mismo destino que parece seguir el segundo proceso sancionatorio cuyo plan de cumplimiento se encuentra en revisión», expuso la candidata a Gobernadora por la Región Metropolitana.
En consecuencia, Nathalie Joignant solicitó ante la Contraloría General de la República su pronunciamiento sobre si la Superintendencia del Medio Ambiente «cumplió con su obligación legal de fiscalización ambiental hacia el proyecto Alto Maipo y su postura frente a un cierre definitivo del PHAM, en consideración de los últimos hechos conocidos y teniendo en cuenta los antecedentes proporcionados por la propia empresa al Coordinador Eléctrico y el historial de infracciones del proyecto».
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