Organizaciones ambientalistas cuestionaron este miércoles 31 que el Ejecutivo pretenda que el proyecto de ley que regulará la pesca para los próximos 20 años, sea despachado con discusión inmediata por el Senado, forzando su envío antes del 10 de noviembre. Según el Ejecutivo, este iniciativa legal pretende asegurar la sustentabilidad de los recursos, el acceso a la actividad pesquera, sus regulaciones y fiscalización, pero lo cierto es que el proyecto genera controversias y su contenido está muy lejos de cumplir con los objetivos planteados.
La Directora Ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, señaló que “la actual situación es similar a lo que ocurrió en la última etapa de la tramitación del proyecto de ley sobre institucionalidad ambiental, al final del gobierno de la Presidente Michelle Bachelet”. Indicó que “en ese momento se optó por llegar a un acuerdo político que impidió discutir el fondo de las indicaciones al proyecto, y se sacó una ley de manera apresurada. Pero la ley aprobada de esta manera adolece de una serie de defectos, como se ha demostrado con el tiempo”.
Por su parte, la Consejera Política de Greenpeace, Elizabeth Soto, sostuvo que “es necesario que un proyecto de ley con la importancia de éste se revise con el tiempo y la rigurosidad necesarios, pues estará vigente por no menos de 10 años e implicará cambios profundos en distintos aspectos de las pesquerías, en especial la recuperación de los recursos, con importantes implicancias socioeconómicas a largo plazo”.
Esta semana ingresaron más de 700 indicaciones al proyecto de ley, tanto desde el propio Ejecutivo, como de organizaciones sociales, ambientales y sindicatos, a través de senadores de oposición.
Desde el punto de vista ambiental, un elemento que han destacado las organizaciones medioambientales ha sido la necesidad de incluir en el proyecto las consideraciones científicas a la hora de tomar decisiones respecto a la explotación del recurso pesquero, como punto de partida para avanzar hacia una pesquería sustentable. Esto, especialmente considerando que el 70% de las pesquerías en Chile se encuentran en situación de sobreexplotación.
Liberona agregó que “es fundamental que el ministro de Economía Pablo Longueira retire la urgencia del proyecto y no insista en repetir la política de acuerdos como en la ley ambiental, ya que es malo para el país. Es necesario que se dé espacio para discutir a fondo las indicaciones al proyecto de ley, escuchando e incorporando el punto de vista de todos los interesados, y no sólo de los representantes de la industria».
El Ciudadano