Ana Stipicic: “La autoridad medioambiental en Chile está absolutamente viciada”

Psicóloga y líder del movimiento Alerta Isla Riesco, reveló detalles de la lucha por impedir la instalación de cinco megaproyectos mineros carboníferos en Magallanes, de los cuales el primero ya cuenta con luz verde para su construcción.

Cinco minas de carbón a cielo abierto y un puerto, es lo que amenaza a uno de los más importantes ecosistemas del país. Isla Riesco, ubicada a 130 kilómetros de Punta Arenas, será explotada por las empresas Copec y Ultramar, que extraerán al año seis millones de toneladas de carbón de baja categoría para la generación de energía, dejando a su paso una serie de incógnitas frente a los riesgos de contaminación de las aguas, suelos y la biodiversidad de la zona.

-¿Qué sensación le deja la aprobación del proyecto ante el Consejo de Ministros?

-Tengo claridad y convicción que será un proyecto de tal magnitud destructiva que me apena enormemente ver cómo las autoridades velan por un mal entendido desarrollo económico y social y, a la vez, ceden ante intereses privados por sobre el valor de nuestros recursos naturales.

-¿Cree que exista conciencia de esto?

-Está más que claro que no hay conciencia en las autoridades. Y no hablo sólo de ahora, porque este proyecto nació durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuando llamaron a concurso a los privados para explotar el carbón que allí se encuentra. Ahora, de la ciudadanía es difícil evaluar, ya que a veces los movimientos sociales o medioambientales pueden ser considerados como moda o un tema que tras desaparecer de los titulares de los medios se olvida rápidamente y sólo es mantenido por la gente que directamente se ve afectada por la realización de estos proyectos.

-Asumiendo todos los costos sociales y económicos que implica…

-Si miras cualquier movimiento medioambiental o social, principalmente ves la resistencia de familias que apuestan todo en la lucha por el resguardo de lo que creen justo para el bien común. Somos familias las que nos enfrentamos a gigantescos grupos económicos, con una inmensa desigualdad de condiciones para, por ejemplo, poder realizar estudios que acrediten los riesgos a la flora y fauna, acudir a las instancias de tramitación de los proyectos y por sobre todo, poder entender la infinidad de tecnicismos con que cuenta el sistema medioambiental en Chile.

-El Gobierno aboga por el desarrollo de energías limpias y por otro lado aprueba este proyecto que explotará uno de los hidrocarburos más contaminantes del mundo. A su juicio, ¿hay un doble discurso?

-Por supuesto que sí. Hay un doble discurso al decirle al país que tiene que racionalizar, que habrá una crisis energética importante, que aprueban HidroAysén porque es una energía limpia, pero al mismo tiempo vemos cómo se aprueba un proyecto que explotará un carbón sub bituminoso de muy baja calidad y con bajo poder calorífico, que implicará la quema de miles de toneladas para obtener un producto adecuado para su utilización en las generadoras, poniendo en riesgo todo lo que a su alrededor se encuentra.

-El famoso doble estándar…

-Claramente vemos cómo el Gobierno tiene un discurso público donde dice que fiscalizará exhaustivamente y que velará por el cumplimiento de las normas. Pero también tiene un discurso interno que pareciera que cada vez más le preocupa resguardar la inversión privada en desmedro de la calidad de vida de sus ciudadanos y la protección de nuestros recursos naturales. La autoridad medioambiental está absolutamente viciada por los intereses de privados y le está provocando un grave daño a nuestro país.

-¿Será la tónica de aquí en adelante?

-A todas las organizaciones sociales nos indigna enormemente que no existan las suficientes condiciones para pelear contra grandes grupos económicos que, con el apoyo de las autoridades, vienen a generar riqueza dejando una estela de daños a nuestra naturaleza y en nuestras comunidades.

-Daniel Fernández, director de HidroAysén, sostuvo en una entrevista con TVN que algunos movimientos ambientalistas recurren a campañas de desinformación y del terror para oponerse a ciertos proyectos.

-Perdón, pero los que hacen la campaña del terror son ellos, que gastan millones de pesos en publicidad para argumentar con falacias que sus proyectos son viables y que no afectan a la biodiversidad en general. ¿Cómo puede permitirse que, abiertamente por televisión, se informe de proyectos ambientales que claramente son un negocio para unos pocos y un gran daño para muchos? Qué fácil es decir que hacemos una campaña del terror cuando lo único que buscamos es que se realicen buenos proyectos que provoquen el menor impacto posible en nuestra naturaleza y que el Estado cumpla su función de fomentar el desarrollo, pero no a costa de la explotación desmedida de nuestros recursos.

-¿Qué les queda por hacer ahora?

-En lo inmediato retomar nuestras vidas, trabajos, tiempo a nuestras familias, pero siempre manteniendo la lucha por el resguardo de nuestra tierra. El escenario que nos espera es continuar peleando legalmente, quizás buscando apoyo en el extranjero, pero por sobre todo, no abandonaremos a Isla Riesco. A pesar de todo fue mucho lo que ganamos: se mejoró en parte el proyecto, que sigue siendo malo, pero se mejoró; pusimos el tema en el debate nacional, pero lo más importante, es que habrá muchos ojos alerta y atentos.

Por Claudia Pedreros Saá

El Ciudadano Nº109, primera quincena septiembre 2011