El pasado miércoles, se promulgó la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. La iniciativa contempla, entre otras materias, obligaciones para los tenedores de animales de compañía, exigencias a los centros de mantención, una reformulación de las sanciones por maltrato y una política pública de control reproductivo.
Si bien en Chile ya existe regulación vinculada a los animales, como el Reglamento de Prevención de la Rabia, ley sobre protección de animales y el Código Sanitario, «por primera vez en la historia, el Estado asume como política pública el tema y establece una regulación, no solo para quien tiene una mascota, sino que también obligaciones para el Estado de Chile y sus órganos, es decir, ministerios, municipios y juzgado de policía local», explica Florencia Trujillo, asesora legal de Ecopolis y miembro del equipo programático de Bienestar Animal del comando de Beatriz Sánchez.
La especialista destaca además la normativa que recae sobre los centros de mantención temporal, como los caniles, refugios, hospitales clínicos veterinarios, lugares de exposición de mascotas y hoteles de mascotas.
«Las instalaciones deben tener un cierto estándar de bienestar animal. Deben llevar un registro detallado de todos los animales que ingresen y egresen, tienen que contar siempre con apoyo de un profesional idóneo y sus instalaciones deben ser adecuadas, no puede haber hacinamiento», expone.
Por otro lado, para los tenedores de animales de compañía también hay nuevas responsabilidades, puesto que de acuerdo al texto legal recientemente promulgado, deben proporcionar los cuidados de salud adecuados al animal, inscribir a su mascota en un registro nacional y esterilizarla según exige la normativa, puesto que la reproducción indiscriminada y el control de la población animal fueron algunas de las urgencias que impulsaron la ley de tenencia responsable.
«Tenemos un país con una alta tasa de concentración de mascotas por habitante y eso es lo que está generando una serie de efectos negativos, no solo en los espacios públicos urbanos, sino que también impactos en las áreas silvestres protegidas. La única forma de llegar a un control de la situación es estableciendo políticas que restrinjan el tema de la reproducción», argumenta Florencia Trujillo.
Inquietudes
El nuevo cuerpo legal reconoce el trabajo de las organizaciones de protección animal y establece la creación de fondos concursables para apoyar su labor. Sin embargo, Carlos Saa, presidente de la ONG Donde el Guille, agrupación dedicada a gestionar la adopción de mascotas, piensa que «faltó profundizar» en la materia. A su juicio, la ley no aprovecha en toda su capacidad la experiencia de las organizaciones en el manejo con animales.
«Yo sé que las autoridades o el Colegio Veterinario no tiene ese manejo. Ellos están preocupados más de los animales que van a las consultas veterinarias, pero el trabajo de las organizaciones animalistas es fundamental para que esto tenga un buen resultado», sostiene.
Respecto de los fondos concursables, los considera insuficientes, «dada la competencia que hay a través de los fondos, porque no solo participan organizaciones animalistas sino que también ambientalistas y ecologistas».
No obstante, Florencia Trujillo señala que la creación de fondos para concurso público «es muy importante, porque genera la necesidad de que los municipios trabajen en conjunto con estas organizaciones».
Lo que sí representa una inquietud para la asesora de Ecopolis es la incertidumbre respecto de los programas de esterilización masiva. «El problema está en que los programas que hoy tenemos, que son el programa nacional (400 mil esterilizaciones) y el programa del Gobierno Regional «Cuidado con el Perro» (200 mil esterilizaciones), se acaban ahora, a pesar de que han sido inéditos en la historia de Chile. El primero termina en marzo de 2018, mientras que el segundo en diciembre de este año», detalla.
Para la miembro del equipo de la candidatura de Beatriz Sánchez, «sí es cuestionable y preocupante tener una ley que no vaya de la mano con la continuidad de los programas de esterilización masiva».
Y añade que, «considerando que esto es un comienzo de solución, donde esta ley entrega herramientas, pero no es en sí misma la solución»
A su vez, Carlos Saa plantea sus dudas respecto de la capacidad para fiscalizar que tendrán las municipalidades, entidades maniatadas para rescatar, sanitizar, esterilizar y reubicar animales sin dueño, además de fiscalizar el cumplimiento de la norma.
Para el presidente de Donde el Guille, «es insuficiente el alcance que tienen, porque acá en Santiago trabajan del orden de seis personas en higiene ambiental, pero tenemos más de 50 mil mascotas, entonces, es imposible que ellos puedan fiscalizar a todos. Por eso es importante que trabajen en conjunto con las organizaciones».
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