Ante una nueva expansión urbana

El intendente de Santiago, Fernando Echeverría, tiene hasta fin de mes para convencer al Consejo Regional Metropolitano para expandir nuevamente la ciudad. Se trata de 10 mil hectáreas de 8 comunas periféricas que tienen con ganas a las constructoras que, de paso, el mismo intendente fue presidente de su corporación gremial.

El 30 de junio de 2010, el Consejo Regional Metropolitano (Core) rechazó el proyecto PRMS 100, concebido para extender el límite urbano y por lo tanto, reducir las áreas agrícolas de esta saturada región. En esa fecha, de los 26 consejeros regionales, 14 lo rechazaron y 12 lo aprobaron.

El promotor de esta iniciativa es el intendente Fernando Echeverría, connotado personaje inmobiliario que tiene gran sensibilidad por los problemas que aquejan a la sociedad y por ello desea, con esta modificación, solucionar la dificultad que tienen los pobres para acceder a viviendas sociales y disminuir el déficit de áreas verdes disponibles. Estas son las razones por las cuales el próximo 30 de marzo se votará nuevamente este cambio en las reglas del juego, a sabiendas que el proyecto no es exactamente igual al anterior.

Echeverría fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) entre el 2002 y el 2004, uno de los dueños de la constructora Echeverría e Izquierdo, donde también tuvo participación accionaria el presidente Sebastián Piñera.

En números redondos, estamos hablando de cambios de usos de suelo de 10.000 hectáreas llamadas Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC), localizadas en 8 comunas alejadas del Área Urbana Metropolitana, de las cuales 2.500 serían áreas verdes y zonas forestales, contemplándose que el 8% de las viviendas a construirse allí deberán ser sociales.

Este proyecto se inició en el gobierno anterior a solicitud de varios privados quienes, en distintas ocasiones, le expresaron a la ministra Patricia Poblete que accediera a  cambiar  los usos que tenían sus predios, muchos de ellos adquiridos a bajo precio por actores inmobiliarios que deseaban estos cambios normativos porque buscaban el bien público de la urbe.

Estos estaban seguros que la institucionalidad iba a comprender que sus intereses eran coherentes con el bien colectivo regional y la ministra les contestó a todos (Circular 41 de diciembre de 2006) que esperaran un tiempo porque ella iba a incluir esas solicitudes individuales en un paquete que se llamó PRMS-100.

Los pedigüeños quedaron conformes con la respuesta ministerial y ahora esperan con ansias el resultado de la próxima votación en el Core. Sabemos que Echeverría, hombre asociado a Piñera en varias actividades inmobiliarias, ha sabido desplegar muy acertadamente una campaña de convencimiento entre los consejeros regionales para que lo apoyen en su proyecto.

En todo caso, repetimos lo que hemos dicho en otras ocasiones, en orden a que el antojadizo PRMS-100 es una fórmula habilidosa creada por la Cámara de la Construcción con la idea de evadir la normativa vigente desde el 2003 para utilizar territorios agrícolas con proyectos inmobiliarios.

En efecto, se halla presente en el instrumento regulatorio intercomunal la figura de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) que exige a los privados que deseen someterse a ellos una serie de medidas y procedimientos respecto a las mitigaciones, compensaciones e inversiones, las que no existen en las ZUC del PRMS-100. A modo de ejemplo, en lugar del 8% de viviendas sociales que considera el proyecto que se vota en el Core, en los PDUC se fija que el 30% de las viviendas deben ser las que se adquieren con subsidio habitacional y que el 40% de ellas tienen que ser viviendas sociales.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta, puesto en el tapete público por Juan Carrasco, alcalde Quilicura, una de las comunas en donde se ampliarían los límites urbanos, es su  denuncia divulgada el 5 de febrero pasado en La Tercera, en donde decía que las 1.000 hectáreas agrícolas de su comuna que pasarían a ser “aptas” para la construcción de viviendas, en la actualidad y desde que está vigente (1994) el PRMS, están afectas al riesgo de inundación (sic). Este alcalde además criticaba el carácter centralista y sectorial del Gobierno, señalando que era urgente y necesario que se escuchara a los municipios.

En relación a las anunciadas áreas verdes, implantadas por los beneficiados con los cambios de uso de suelo y mantenidas durante los primeros 5 años por ellos mismos, Echeverría se ha comprometido verbalmente que la debida conservación de las mismas por tiempo indefinido será por cuenta del Estado. Vale decir, con millonarios recursos de todos los contribuyentes se preservarán estas áreas, a sabiendas de que existen miles de hectáreas correspondientes a parques (bienes nacionales de uso público) tipificadas como áreas verdes en el resto de la megalópolis que hoy en día son vergonzosos peladeros porque el Estado se niega a entregar los fondos necesarios para plantar árboles.

Entonces nos preguntamos por qué este doble estándar que favorece exclusivamente a las áreas verdes proyectadas en el PRMS-100. ¿ Será que la administración central ya no aducirá más que no hay dinero para materializar las áreas verdes de los parques existentes ? El gobierno de excelencia tendrá que dilucidar esta evidente contradicción.

Pero lo más gravitante, que pone en entredicho esta caprichosa política pública, es que todavía no se conocen los nombres de las personas jurídicas y naturales que se verán beneficiadas con las plusvalías de sus terrenos. Hace 7 meses le solicitamos al Minvu, promotor junto con Echeverría de esta expansión horizontal, que nos entregara esa información, pero adujo que quien debía suministrárnosla era el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que nos entregó un listado que contenía diversas equivocaciones, razón por la cual, con el apoyo del Consejo para la Transparencia, ya le respondimos que el listado necesariamente tenía que ser elaborado y firmado por el Minvu y el SII en conjunto, ya que sólo así tendrá credibilidad.

Con paciencia oriental continuaremos esperando dicho listado porque sería indecoroso que los consejeros regionales tengan que emitir sus votos sin que se sepa a quiénes están favoreciendo. Pero como todo es posible en la vida, en una de esas se podría producir  un milagro y antes de la fecha de la votación la opinión pública pueda saber los nombres de aquellos especuladores que se beneficiarán con los cambios de uso de suelo.

UN SANTIAGO A ESCALA HUMANA

Tiempo atrás se conformó el referente ciudadano “Por un Santiago a Escala Humana”,  que agrupa a decenas de organizaciones que tienen opiniones fundadas sobre esta inicua iniciativa comercial y el 11 de enero pasado sus dirigentes le entregaron un téngase presente al Presidente de la República, alertándolo sobre la inconveniencia del PRMS-100, a la luz de la situación objetiva que se observa en esta región. Como el multipropósito Sebastián Piñera está tan ocupado en otros menesteres más trascendentes, no ha tenido tiempo de contestarnos y es más, creemos que nunca nos responderá.

GALLITO EN EL CORE

Por último, el jueves 10 de marzo pasado sesionó la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core con el objetivo de decidir sobre esta discutida expansión y en votación no vinculante la rechazaron. Cinco consejeros de la Concertación votaron negativamente, tres consejeros de la UDI votaron a favor, un consejero DC se abstuvo y los consejeros de RN optaron por no pronunciarse esperando nuevos antecedentes. Si bien es cierto que esta votación no produce ningún efecto práctico, sí es una señal clara que entregan los consejeros regionales especialistas en materias de uso de suelo y ordenamiento urbano.

Y el viernes 11 de marzo pasado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile se llevó a efecto un concurrido seminario sobre este PRMS-100 en donde expusieron 3 destacados especialistas : Luis Eduardo Bresciani, profesor en la Universidad Católica y uno de los autores del proyecto, Alberto Gurovich, urbanista y académico de la Universidad de Chile y Pablo Trivelli, economista, académico y experto en la materia por ser editor del Boletín del Mercado de Suelo en esta región.

Este dio una documentada clase magistral respecto de la verdadera disponibilidad de suelo, con cifras que sepultaron las entregadas por los apologistas de esta forzada expansión.

En ese acto universitario hubo un entretenido debate y se apreció que dos de los tres expositores, Gurovich y Trivelli, con razonados e inapelables antecedentes, se pronunciaron en contra del PRMS-100. En síntesis, concluyeron que el proyecto modificatorio de las reglas del juego está aún muy inmaduro para darle curso. Claro que  ellos no votarán el 30 de marzo en el Core.

Por Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad