Distintas organizaciones sociales e indígenas advirtieron que el Poder Judicial de Chubut guarda informes de Inteligencia sobre activistas de la ciudad de Esquel que se oponen a la instalación de minas. Aseguran que se trata un caso de persecución y violencia institucional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió los hechos.
“Gran activista. Opositor al Gobierno.” “Alto perfil de izquierda.” “Profesora de música, baja línea del no a la mina.” “Periodista de radio Kalewche. Vocera de Asamblea.” Esas expresiones, entre otras, figuran en algunas de las “fichas” de espionaje ilegal que están en el Poder Judicial de Chubut, según informa el periodista Darío Aranda para el diario Página 12.
Las víctimas en cuestión son periodistas, docentes, referentes mapuches, empleados estatales y activistas sociales. El punto en común que los conecta es el mismo: el rechazo al extractivismo. Los fiscales generales denunciantes, Fernando Luis Rivarola y Alicia Fernanda Revori, manifestaron en conferencia de prensa su repudio a las tareas de espionaje y reconocieron que ese material es “violatorio de derechos básicos” reconocidos por la Constitución Nacional. El defensor público que interviene en favor de los mapuches, Fernando Radziwilowski, exhibió ante el juez Martín Zacchino parte de la prueba que la Fiscalía tiene en su poder. En ella aparecen nombres, apodos, apellidos, DNI y fotos de vecinos de Esquel.
Lee la nota completa del periodista Darío Aranda para Página 12 acá
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