Argentina: Gobierno da vía libre para que mineras y agroquímicas creen material educativo

Las últimas medidas tomadas por el Gobierno de Mauricio Macri parecen destinadas a diseñar una escuela a imagen y semejanza del modelo de país que quiere Cambiemos, donde las palabras derecho o inclusión pierdan sentido, y el sistema educativo se convierta en un ancho campo de reclutamiento donde las empresas puedan elegir a los más capacitados.

Así como la educación de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se creó con fundamentos doctrinarios y pedagógicos de la Argentina agroexportadora, “granero del mundo”, el neoliberalismo del siglo XXI pretende avanzar en la construcción de nuevos contenidos curriculares, a tono con un modelo económico reprimarizado, extractivista, cuyos máximos beneficiarios son los agronegocios y la minería, los sectores concentrados a los que ya se les quitaron las retenciones a la exportación de sus productos.

El 15 de junio pasado, el ahora saliente ministro de Educación Esteban Bullrich, que competirá por un lugar como Senador contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las próximas eleccones,  firmó con el Ministro de Agroindustria trasandino, Ricardo Buryaile, un convenio “para fortalecer la educación agraria”, que incluyó un acta compromiso con más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que se constituyan en “fuente de capacitación” para escuelas rurales.

“Pensando en que debemos convertirnos en el supermercado del mundo, recorrimos todo un camino con el ministro Buryaile y hoy la agroindustria sabe que se puede apoyar en la educación”, dijo Bullrich. Su colega, también próspero descendiente de una familia de productores agropecuarios, resaltó a su turno “la sinergia del sector público y el privado” que supone el convenio, apuntando a “la cantidad de empleo y oportunidades que generan estas empresas”.

Tal como informa el diario Tiempo Argentino, el acuerdo descansa básicamente en otro convenio de cooperación, rubricado ese mismo día por ambos ministerios con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la UATRE y más de 45 organizaciones y empresas del agronegocio, con el objetivo de que aporten contenidos y generen acciones en pos de “una alta capacitación en docentes y directivos de las escuelas y una mejor inserción laboral de los alumnos”.

Así, la educación agraria que postula el Gobierno de Macri no quedará en manos de académicos y universitarios, ni hablar de agricultores familiares o campesinos, sino de las grandes trasnacionales como Monsanto-Bayer, Syngenta o Dow-Dupont. Estas firmas –como bien explica el último informe de Greenpeace titulado “Ley de semillas: el lobby de las empresas químicas”, que identifica los vínculos con estas de 30 funcionarios del actual gobiern argentinoo– “apadrinan”, a través de membresías y convenios de financiamiento, a las organizaciones que se presentan ante la sociedad como entidades “sin fines de lucro” pero que ocupan un rol clave en el lobby agrario.

Siguiendo la información del periódico trasandino anteriormente citado, el convenio firmado por Bullrich y Buryaile oficializa una práctica que en realidad ya existe. Por ejemplo, el proyecto bautizado Aula Aapresid lleva cinco años recorriendo escuelas para difundir los beneficios del modelo de siembra directa. Sus objetivos: corregir “la poca, y a veces errónea, información existente acerca de las consecuencias y efectos que genera la producción agropecuaria en nuestro país”, y “concientizar sobre el rol central de la Argentina como productor mundial de alimentos y la necesidad de dar respuesta a una creciente demanda de los mismos”. Entre las “empresas que brindan valiosa colaboración a ILSI Argentina”, su sitio web enumera a Basf, Bayer, Dow Agro Sciencies. Monsanto y Syngenta, el oligopolio mundial de la producción de agroquímicos.

Así, las graves consecuencias para la salud de los agrotóxicos o la incidencia del modelo a gran escala de siembra directa en las recurrentes inundaciones difícilmente formen parte de los contenidos escolares. El 13 de junio pasado, un centenar de asambleas, ONG, académicos y universidades nacionales volvieron a exigir la sanción de la Ley de Humedales.

“Estas catástrofes, cada vez más frecuentes, están vinculadas con el desmonte de bosques nativos y el relleno de zonas inundables para emprendimientos agropecuarios”, dice la carta enviada a los diputados, y señala los peligros de “un modelo de desarrollo que en su afán productivista omite las condiciones más elementales de sustentabilidad socioambiental”. Una discusión que no debería llegar a las aulas argentinas. ¿Podrá la organización social frenar esta avanzada neoliberal?