El proyecto Pascua Lama, aprobado en el 2006 pese a la oposición comunitaria y a las serias irregularidades en su evaluación, acumula 9 sanciones en su contra y dos procesos de sanción en curso, prontuario que pretendía alivianar acogiéndose a través del beneficio del “Programa de Cumplimiento”, recientemente rechazado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Barrick Gold ha debido enfrentar dos procesos sancionatorios desde que entró en funcionamiento la Superintendencia de Medio Ambiente. El primero terminó con máxima pena pecuniaria que podía fijar el organismo, pero las comunidades consideraron que la gravedad de las faltas denunciadas y la correcta ponderación de las mismas, ameritaban la revocación de la RCA, y recurrieron a tribunales, los que determinaron que había habido vicios de procedimiento y procedía reabrir el proceso sancionatorio. Como las infracciones de la empresa siguieron ocurriendo y las comunidades siguieron meticulosamente informándolo a la autoridad, la SMA tuvo que, junto con reabrir el primer proceso como ordenó la Justicia, iniciar otro proceso con las nuevas denuncias interpuestas por los habitantes del territorio.
Sobre este segundo proceso sancionatorio en curso, es que Barrick Gold pretendió acogerse al beneficio del “Programa de Cumplimiento”, que posibilita que el infractor, comprometiendo acciones reparadoras o mitigadoras, dé cuenta de su buena voluntad con el territorio y con la autoridad, frente a los cargos que se le imputan. Este plan fue el rechazado por la SMA a fines del mes de junio, por considerar que el titular del proyecto Pascua Lama estaba abusando de la figura legal y eludía su responsabilidad en al menos 7 de los 10 cargos que se le imputaban.
Según la SMA, la propuesta “no cumple con los criterios de aprobación al no ser ésta íntegra, eficaz, ni verificable” además de que se advierte “la inexistencia de una voluntad seria de cumplir con sus obligaciones ambientales (…)”. Esto fue acogido favorablemente por las organizaciones que hace 15 años vienen sufriendo las maniobras oscuras, los engaños y la corrupción promovida por la transnacional canadiense, pero a la vez manifestaron la debida cautela frente a estos hechos, relevando aspectos peligrosos del informe de rechazo de la autoridad y de infortunadas declaraciones que el superintendente ha dado a la prensa.
En una senda Declaración Pública de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, las organizaciones que se oponen al proyecto binacional, señalan entre otras cosas que el superintendente Cristián Franz, habría señalado que se estaba revisando acumular los dos procesos de sanción, lo que retrasaría el avanzado proceso de sanción sobre faltas impunes por más de tres años, cuestión que no tiene ninguna explicación de economía procesal, y más pareciera querer dar tiempo a la empresa para que encuentre el modo de salvar su agónico proyecto.
En la declaración circulada el 1 de julio, señalan además que la ley impide acogerse al beneficio de “Programa de Cumplimiento” a empresas que ya han sido sancionadas por la SMA con una infracción gravísima o que ya se han acogido a un Plan de gradualidad, ambas, condiciones ostentadas por Barrick. “Lamentamos y vemos con recelo que hasta el día de hoy la SMA, amparada en que el primer proceso de sanción fue impugnado y hoy espera nueva sanción, evite considerar que la minera sí tiene un proceso de sanción anterior, vulnerando con ello, el derecho íntegro a la justicia de las comunidades, permitiendo pavimentar un camino a una sanción más laxa a la empresa quien ni siquiera sería entonces reincidente en muchos cargos que repite en este segundo proceso de sanción.” Esto es particularmente interesante, pues justamente una de las cuestiones que motivaron que se reabriera el primer proceso de sanción realizado bajo el gobierno de Piñera, fue que no se sopesó la reincidencia en algunas faltas graves, espíritu que al parecer se mantendría en la SMA de la administración de Bachelet. De hecho, si bien la SMA rechazó el Programa de Cumplimiento, se abrió posibilidades de aceptarlo para las infracciones de contaminación de agua e incumplimiento del monitoreo de glaciares, los temas más sensibles para el territorio y condiciones inapelables en la RCA para la ejecución, o no, del proyecto binacional.
Por Comunicaciones OLCA
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