Barrick Gold y el daño irreparable al ecosistema glaciar del Valle del Huasco

A fines del 2004, la empresa presentó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental ya que encontraron nuevas reservas de mineral por lo que requerían una ampliación del proyecto, comenzando así otro proceso de consulta ciudadana quedando la iniciativa sometida a una nueva Resolución de Calificación Ambiental a cargo en ese entonces de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) dependiente de la Comisión Nacional, CONAMA.

A estas alturas todo el Valle del Huasco estaba en contra del proyecto y se unió también a la oposición la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes que agrupa a más de 2000 regantes. Esta organización encargada de distribuir y resguardar las aguas de toda la cuenca mandato un estudio a la consultora ECONORTE, el que dio como resultado que tanto los glaciares como las aguas serían afectadas, así como la zona periglaciar y un glaciar de roca que sería sepultado por toneladas de estériles.

Dicho estudio, fue entregado como las observaciones de todos estos agricultores al Estudio de Impacto Ambiental. Barrick, preocupada, para acallar esta fuerte organización, le ofreció un Protocolo de Acuerdo por 60 millones de dólares el que fue firmado por 8 directores de la época a espalda de la bases. Dicho Protocolo incluía mandatar un nuevo estudio, esta demás decir que las conclusiones de este último, ahora pagado por la trasnacional, dieron como resultado que no habría ninguna afectación y fue integrado al proceso de evaluación Ambiental como respuesta a las observaciones ciudadanas (ICASARA).

El 15 de Febrero de 2006, pese a la gran oposición local, nacional e incluso internacional al proyecto y a tener las autoridades en su poder la información acerca de daños ya producidos a los glaciares, el proyecto fue aprobado irresponsablemente con la condición de “no remover, trasladar o intervenir físicamente los glaciares” a fines del gobierno de Lagos.

Además, se exigieron medidas para protegerlos: un plan de Mitigación de material particulado (ya que la empresa menciona en su Estudio de Impacto Ambiental que la acumulación de polvo en un glaciar podría reducir la capacidad de reflexión de los rayos del sol que da el blanco del hielo (albedo), traduciéndose en un aumento de la tasa de derretimiento), y un Plan de Monitoreo de Glaciares que permita realizar un seguimiento ambiental capaz de verificar y reconocer si los glaciares están siendo afectados por acción u intervención humana.

Demanda por daño ambiental irreparable a Glaciares

A pesar del gran golpe que significo la aprobación del proyecto, las comunidades nunca bajaron los brazos y siguieron manifestando contundentemente su oposición por medio de distintos medios y acciones. Una línea potente ha sido la fiscalización comunitaria, por medio de ella, durante todos estos años de defensa han obtenido importantes documentos y evidencias que demuestran un daño constante y permanente así como irreparable a todo su ecosistema glaciar, tomando en cuenta glaciares descubiertos y la zona periglaciar que contiene permafrost, glaciares de roca entre otras expresiones de hielo en riesgo.

Fue la confirmación de daño en la etapa de construcción del proyecto probada tras las fiscalizaciones estatales terminadas en sanción, las fotos obtenidas por medio de las fiscalizaciones de agricultores, sobre todo las de marzo de 2012 que demostraron entre otras cosas la casi inexistencia superficial de los glaciares Toro 1 y Toro 2, y la paralización dictada por SERNAGEONIN en Octubre de 2012 que reconoció gran polución de “material fino por incorrecto control técnico”, lo que terminó por impulsar a las comunidades y organizaciones agrupadas en la Asamblea por el Agua del Guasco Alto a realizar una demanda por daño ambiental irreparable la que se interpuso junto al abogado de OLCA, Álvaro Toro, el 27 de junio de 2013 ante el Segundo Tribunal Ambiental.

Ésta, por convicción colectiva y tomando en cuenta lo dispuesto en la RCA, que no hay posible compensación para la destrucción de glaciares, exige como única medida compensatoria el cese inmediato de las faenas en la alta cordillera y el cierre definitivo del proyecto como única medida para resguardar lo que aún queda.

Durante el proceso las comunidades presentaron todas las pruebas que tienen a su haber. La lista es larga y contundente: documentos de la propia empresa que prueban daño en la época de exploración por sondajes y caminos en los mismos glaciares, testimonios de trabajadores que pusieron dinamita sobre glaciares y que destruyeron ambiente periglaciar, documentos de la propia Dirección General de Aguas (DGA) que constatan disminución de los glaciares por polvo de la actividad minera y construcción de caminos, desestimando el calentamiento global como responsable, documentos de entes fiscalizadores que constatan afectación de glaciares (incluso del glaciar Estrecho) los cuales terminaron en sanciones por incumplimiento de mitigación de polvo(no regar los caminos y no tapar los camiones) e incumplimiento reiterado del Plan de Monitoreo de Glaciares, y la aseveración de daño de los testigos expertos tanto del argentino Daniel Taillant director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), que ha publicado estudios que demuestran el daño y que los glaciares existentes en el área del proyecto en el lado chileno ascienden a 76 entre glaciares cubiertos y descubiertos, como del glaciólogo director del departamento de Geografía de la Universidad de Chile, el doctor y profesor Francisco Ferrando, que afirmo sin dudas una afectación a las condiciones que permiten la vida de los glaciares, por ende al glaciosistema, son algunas de la principales.

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La empresa por su parte presentó solo el testigo de empleados y consultores pagados como son el caso del glaciólogo Andrés Rivera del Centro de Estudios de Valdivia (CECS) y Andrés Wainstein de BGC ambos contratados para realizar el monitoreo de glaciares.

La empresa y sus empleados han negado durante todo el proceso la afectación de los glaciares sosteniéndose exclusivamente en los resultados del monitoreo de glaciares que ellos mismos realizan, los cuales no estarían arrojando que las causas de la disminución de los glaciares es por intervención humana sino que por el calentamiento global. Fundamento que las comunidades demostraron ante el Tribunal se cae por sí mismo ya que justamente Barrick ha sido sancionada por no realizar el seguimiento meteorológico de los glaciares y en cuanto al Monitoreo, ha sido castigada por “incumplimientos de ejecución, reiteradas omisiones, errores y fallas, eventos de superación de límites a los cuales no se ha activado Plan de Comunicaciones, desfase en entrega de informes hasta de 5 meses”. Con lo cual no se pueden tomar como pruebas seguras. Además ¿Cómo se explica que los glaciares más afectados son los más cercanos a la faena minera?

El largo proceso de rendición de pruebas llegó a término con el alegato final que se efectuó el 4 de diciembre del año recién pasado. Hoy las comunidades se encuentran a la espera del pronunciamiento del Segundo Tribunal Ambiental del país, del que esperan falle nuevamente a favor de la verdad y la vida. Ya se ha cumplido el plazo por lo que según lo informado por el abogado de las comunidades “en cualquier momento se sabrá el fallo”.

Por último las comunidades dicen no descansarán hasta lograr que la Presidenta Bachelet cumpla su promesa realizada en plena campaña del año 2006, donde prometió que no se destruirían los glaciares y defendió el proyecto con condiciones. “Hoy sus condiciones tanto de no afectación de glaciares y contaminación de aguas han sido violadas por ende el proyecto debe ser clausurado definitivamente”, expresan.

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