Caimanes y la Escuela Santa María de Iquique

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Desde diciembre de 2014, hace 55 días que las noches pasan con la fogata encendida al lado del camino, iluminando con una llama apenas oscilante unos gruesos bolones tirados sobre la capa de mezquino asfalto. En el día no solamente el calor. También cuánto ilumina el sol. Es como dijo Violeta de los pueblos calicheros: “¡Arriba quemando el sol!”

Fresca es la noche. Silenciosa. En el cielo por supuesto estrellas, y por las laderas de los cerros, conejos, muchos conejos. Hace 55 días que el pueblo de Caimanes -hombres, mujeres, ancianos y niños- tiene cortada la ruta de acceso al muro del tranque de depósitos de relaves mineros de Pelambres, impidiendo su normal operación.

Motivo y causa: la Corte Suprema del Estado de Chile, luego de estimar y razonar la demanda de Caimanes les ha dado su razón. Pelambres está obligada por este fallo judicial a restituir las aguas del río Pupío, la fuente de vida y gozo de la comunidad, desaparecidas precisamente cuando se construyó el muro.

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En diciembre de 1907, los trabajadores salitreros, en número de miles, mantenían tomada la Escuela Sta. María de Iquique y la plaza Manuel Montt de la ciudad. Allí estaban, en asamblea permanente. Habían, como dice la historia y su leyenda, declarado la huelga general y “bajado de la Pampa” para lograr del Estado –a través del intendente Eastman- una mediación que facilitara las negociaciones con la patronal

En Iquique, además, los esperaba una ciudad en rebeldía con los trabajadores “de playa” y los obreros de varias fábricas en paro por sus propias demandas. La llegada de los pampinos aumentó el entusiasmo, y se manifestaron también por la huelga los operarios iquiqueños de la fábrica de gas, los de la luz eléctrica, hasta los carretoneros del mercado y aguadores (Ver: Eduardo Devés, Los que van a morir te saludan. Lom ediciones, 1998; Sergio Grez, Las razones del poder, Proyecto Fondecyt N°100034). La ciudad habría quedado en estado de inanición. Los dirigentes salitreros pidieron que los trabajadores de los servicios básicos continuaran sus labores. La ciudad funcionaba porque el comité de dirigentes tomó esa responsabilidad.

Pasaron los días.

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A mediados de diciembre de 2014, hace 45 días, hubo reuniones tripartitas entre el pueblo de Caimanes -a través del comité de dirigentes liderado por Cristián Flores-, un gerente de Pelambres y la Intendenta regional H. Utreras. Estas negociaciones generaron esperanzas en el campamento de la toma. Es duro estar allí arriba, en el lugar de la rinconada de cerros que impide alguna brisa. Con ansias se esperaba una solución, un acuerdo en que las partes cedían por el bien común. Las señoras se acordaban de sus gallinas y rogaban porque la vecina que había quedado de darles de comer, no se olvidara.

Hubo ofrecimientos. Luego, repitiendo una acción diez veces anterior, abruptamente la minera negó toda propuesta con el argumento de negarse a negociar bajo presión. Pero, ¿qué reunión, no digamos negociación, habría comenzado en esta mesa de tres patas, si los caimaninos no hubieran subido para hacer el corte de ruta? Es la asimetría de la fuerza social en Chile.

Y, sin embargo, un acontecimiento había sucedido. Los de Caimanes no estaban solos frente a la empresa, ni a la Intendente nombrada por la Presidenta Bachelet. Además de la solidaridad de cientos de comunidades organizadas, contactadas, informadas y comunicadas por las “redes sociales”, el poder judicial del Estado, independiente de los otros poderes, había emitido una sentencia definitiva a favor del pueblo. La toma, en un sentido estrecho un acto ilegal, solamente ocurría para presionar el cumplimiento de otro acto legal del más alto nivel.

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En Iquique, según el parte militar del oficial a cargo, general Silva Renard, las ametralladoras dispararon directo contra la multitud muy cerca de las tres de la tarde del día 21, después que una pequeña descarga preventiva de fusilería fuera, según el parte, respondida con “tiros de revolver y aún de rifle”.

La cantidad de muertos es motivo de un debate extraño. Como si la diferencia entre si fueron 400 o 1400 hiciera precisamente la diferencia. Pero con esas enormes y confusas cantidades es imposible nombrar a los héroes asesinados. Cuando silenciaron las ametralladoras, se cuenta, todo era silencio. Iquique se rindió, y los sobrevivientes volvieron a la pampa.

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Esta nueva etapa en la épica de más de 15 años de Caimanes contra el grupo económico de los Luksic, ofrece la complejidad de este balance entre los poderes fácticos y un poder independiente del Estado, cuyo poder, precisamente, reside en la fuerza para hacer cumplir sus fallos.

Ya sea que los caimaninos sigan en la toma o no, el fallo debe cumplirse. Lo que ellos quieren es que se cumpla ya, y que se cumpla verdaderamente, no  con un simulacro.

El fallo dice que si para restituir las aguas del Pupío es necesario proceder a la “demolición o remoción, total o parcial” del muro del tranque, esto se debe hacer. Ahora lo dice también la Corte Suprema.

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Comenzando el siglo XX, estábamos como país en un Iquique minero monoexportador. Luego de la masacre, el gobierno decretó censura de prensa y de la información pública. Uno de los pocos en protestar desde el Congreso fue Arturo Alessandri Palma, por ese entonces político liberal –todavía no el “león de Tarapacá” que rugió para las elecciones presidenciales 15 años más tarde.

Comenzando el siglo XXI, estamos unos kilómetros más al sur, en el valle del Pupío, en un país minero monoexportador, y otra vez entre los patrones y los sencillos. No se ha decretado oficialmente ninguna censura de la información pública por la toma del camino –ni relacionada con que el pueblo haya decidido, por decisión autónoma, pasar a los hechos e impedir el funcionamiento normal de los procesos industriales asociados con el muro (que todos los días crece)-. Pero, ¿ha visto usted un comunicado público con la noticia? Llevan 55 días. Carabineros hasta ahora no los ha tocado.  ¿Ha visto un reportaje de esta rebelión social en la televisión chilena? ¿Ha escuchado una entrevista en alguna radio de cobertura nacional?

Tal vez van juntos. Es necesario que no se note ni se sepa de la toma en Caimanes. Pelambres quiere agotarlos por el tiempo y la continuación de presuntos ofrecimientos individuales para tentar y dividir al pueblo. El gobierno de Bachelet no quiere cargarse con el peso de una violencia represiva que, entonces, no podría evitar que apareciera en los medios. En Chile y el mundo. Y si hubiera violencia contra Caimanes, necesariamente aparecería el asunto del incumplimiento del fallo de la Corte. Este gobierno se vería obligado a obligar a Luksic.

Fernando Viveros Collyer es filósofo y miembro fundador de la organización ambientalista ObservatorioAguas