La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solo en general el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en Chile, a contar del 31 de diciembre de 2025.
La iniciativa legal consta de un artículo único que prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional.
Adicionalmente, una disposición transitoria señala que esta ley comenzará a regir el 31 de diciembre de 2025 «para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de treinta años de antigüedad«.
La iniciativa, votada favorablemente por 145 diputados, fue objeto de indicaciones, por lo que volverá a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El texto plantea en sus antecedentes que, en Chile, existen 28 centrales termoeléctricas a carbón en operación con un potencia instalada de 5.529 MW, concentradas, principalmente, en Iquique, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel.
El proyecto de ley permite adelantar el cierre de termoeléctricas a la fecha prevista en el Plan de Descarbonización establecido por el Gobierno, que plantea que el cierre de estas compañías es de carácter voluntario y que tienen un plazo de 20 años para realizarlo, dejando eventualmente su funcionamiento hasta el 2040.
En las horas previas a la votación, la coalición «Chao Carbón» señaló que “un mundo en una grave crisis climática y ecológica requiere que los países sean pioneros e implementen políticas que avancen en la mitigación de las emisiones de orden global. A su vez, en nuestro país se requiere del urgente cierre debido a que dichas centrales termoeléctricas se encuentran afectando los ecosistema y la salud de los habitantes de las cinco zonas de sacrificio en donde se encuentran concentradas las carboneras”.
Además agregaron que “las personas que habitan las zonas de sacrificio y los ecosistemas que las comprenden, han tenido que soportar por décadas la contaminación generada por este tipo de empresas, siendo gravemente expuestas a la contaminación y el envenenamiento del agua, el suelo y el aire, exponiéndolas a enfermedades respiratorias, neurológicas y cardíacas, quedando en el abandono ante un Estado que no toma medidas que remedien y reparen los diversos efectos que producen estas empresas”
Por su parte, uno de los promotores de la iniciativa, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, había señalado su oposición a que los plazos de cierre de las termoeléctricas se consensuaran con las empresas. Por ello, se había insistido en la necesidad de que debía definirse por el pronunciamiento del Congreso a través de un proyecto de ley.