De todo se dijeron ayer los diputados luego que el presidente de la Cámara, (PPD) Marco Antonio Núñez anunciara ante la Sala la decisión de admitir a tramitación el proyecto de ley que busca anular la ley de Pesca promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera.
En lo concreto, y no obstante la resistencia que produjo su admisibilidad en la derecha que representa los intereses de la industria pesquera, la moción de la bancada PC-IC quedará radicada en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, instancia que se pronunciará sobre el fondo del proyecto.
No obstante que se había anunciado que hoy la mesa de la Cámara de Diputados daría a conocer su decisión respecto a la admisibilidad del proyecto de ley que busca anular la Ley de Pesca –conocida como Ley Longueira–, la medida fue adoptada de manera sorpresiva en la sesión de ayer en la tarde. En efecto, el presidente de la Corporación anunció la admisibilidad de la moción, tras lo cual ésta pasará a la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
La controversia fue iniciada dentro de la propia Nueva Mayoría cuando el diputado (DC) René Saffirio objetó la decisión acusando al presidente de la Cámara de haber dividido el proyecto en dos partes.
“Cuando el presidente informa por primera vez en la sesión de hoy en la tarde, separa los aspectos de forma y de fondo, y dice ‘este proyecto es admisible desde el punto de vista formal, pero tengo dudas de su admisibilidad respecto al fondo, y por tanto, la remito a la comisión de Constitución’; la comisión de Constitución no es un órgano consultivo en la Cámara de Diputados, no somos un Tribunal Constitucional”, enfatizó Saffirio.
No obstante, el parlamentario sostuvo: “Estoy absolutamente convencido que la Ley de Pesca tiene que modificarse y que es fruto de un proceso a lo menos espurio, pero esta no es la forma”. En su opinión, la decisión de revisar la legalidad de la Ley de Pesca puede alentar la revisión de otras leyes vigentes.
“Nos estamos extralimitando en estas facultades del mecanismo de las nulidades de derecho público para anular leyes, con ello podríamos anular cualquier ley de la República”, concluyó.
Por su parte, su colega (RN) Nicolás Monckeberg sostuvo que todo parlamentario tiene derecho a pedir que se derogue una ley. “A lo que no tenemos derecho es a inventar recursos para anular leyes”. Luego se preguntó: “¿Qué significa esto?, que mañana cualquier parlamentario podría presentar un recurso para anular la ley de educación y dejar sin recursos a los colegios, para anular la reforma tributaria y dejar al Fisco sin recursos; es un completo absurdo. Creo que el presidente de la Cámara ha actuado en forma irresponsable”.
En tanto, el diputado (UDI) Ernesto Silva fue más allá a la hora de evaluar la decisión de la mesa. “Lo quiero decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter. Hoy día tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar; lo que ha pasado es que no se ha atrevido a hacer lo que tiene que hacer, que es decir que esto es inadmisible e invitar a un debate como corresponde”, recalcó.
El representante de la UDI, partido en que militaba el desaforado senador Jaime Orpis, quien está imputado por cohecho y otros delitos tributarios debido a los dineros que recibió de la empresa Corpesca, una de las beneficiadas directas con la Ley de Pesca, se mostró bastante pesimista ante la eventual anulación de dicha legislación.
“Cuando en los países las autoridades no se atreven a tomar decisiones, tiran la pelota al corner o se esconden en las comisiones u otras es porque ya no hay autoridad. Espero que el presidente de la Cámara de Diputados cambie, porque de esta manera esto se está transformado en un desastre”, enfatizó.
Satisfechos
“Como bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana nos sentimos muy satisfechos que la mesa haya declarado admisible este proyecto de ley; consideramos que los parlamentarios tenemos el derecho y el deber de reivindicar la soberanía del mundo político frente al poder de los grandes grupos económicos, como es el grupo Angelini dueño de la empresa Corpesca; es evidente que puestos en la disyuntiva de tener que hacer cambios profundos como los que queremos hacer a la ley de pesca y ante el riesgo de si tocamos lo que hoy día es, lamentablemente, la propiedad privada de los peces, tendríamos que indemnizar empresas y nos parece que es inmoral que el Estado de Chile al reformar la ley de pesca tenga que indemnizar a una empresa que obtuvo un beneficio económico con lo que todos los chilenos conocen, con dolo, con un dolo evidente, un dolo que el Consejo de Defensa del Estado le dijo a todos los chilenos cuando dijo que la empresa Corpesca tenía un senador que era empleado de esta empresa y que este empleado legisló a favor de los intereses de la empresa en materia de la privatización de los peces que son patrimonio de todos los chilenos”, sostuvo el diputado (PC) Daniel Núñez, uno de los impulsores de la moción de nulidad de la Ley Longueira.
“Nos parece que el camino más correcto y justo para tener una nueva ley de pesca que realmente ponga los recursos pesqueros nuevamente en propiedad de todos los chilenos, que cuide la sustentabilidad, que privilegie a los actores que siempre han tenido una posición desmejorada”, agregó Núñez.
Respecto a la aprensión planteada por la derecha de que con esta iniciativa se abre la posibilidad de cuestionar otras leyes en el Parlamento, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo:
“Me siento parte de una democracia deliberativa, y en una democracia como tal, las argumentaciones son las que valen, y si efectivamente la argumentación, tal como lo señala el diputado Núñez, es desconocer la legitimidad de una ley que se obtuvo, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, esta es una ley que está deslegitimada, es una ley que se obtuvo a través de la coima y el cohecho”. Y agregó. “No es posible que mañana se presente una ley derogatoria, que sin duda será expropiatoria, y que tengamos que indemnizar en miles y miles de millones de dólares a estas empresas que obtuvieron toda la biomasa marina a través de cohecho”, remarcó.
Gutiérrez descartó que la anulación de la Ley de Pesca genere inestabilidad en el sector, considerando que mientras se discuta la nulidad de la actual legislación se puede recurrir a mecanismos alternativos. “Pienso que eso no es efectivo. Lo que estamos planteando es la nulidad de una legislación y en el intertanto podemos discutir proyectos de ley que puede presentar el mismo Ejecutivo en materia de cuotas o de la propiedad de la biomasa”.