Las posturas expresadas hasta ahora por los distintos estados no logran disipar el presagio anticipado de un rotundo fracaso en las negociaciones para alcanzar un acuerdo global post 2012, cuando culmina el primer periodo de compromisos de reducción de emisiones fijados en el marco del Protocolo de Kyoto.
Estos días arriban ministros de estado y mandatarios para fijar posiciones. Ante una problemática que no solo requiere de voluntad, sino también de un abordaje integral y una participación amplia de diversos actores, por tratarse de uno de los desafíos más importantes a los que debe hacer frente la humanidad durante el siglo XXI.
Postura del gobierno chileno fue calificada por organizaciones de la sociedad civil como un retroceso y una actitud “mezquina e impropia” para un país con el más alto ingreso per cápita de Latinoamérica, ya que si bien confirma el compromiso de reducciones del 20% hacia el 2020 planteado por Bachelet el 2009, afirma que ello requiere del apoyo internacional y no con esfuerzos nacionales, como fijó la ex mandataria.
La XIV Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (COP-16), que se desarrolla desde el pasado lunes 29 de noviembre y hasta este viernes 10 de diciembre en la ciudad de Cancún, México, entra en su etapa decisiva de resoluciones.
Tras una semana de intensos debates técnicos y jornadas de discusión a puertas cerradas entre las delegaciones nacionales reunidas en el Hotel Moon Palace, el sábado pasado los dos órganos asesores de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) –el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)- evacuaron un texto de preacuerdo para ser sometido a discusión en la plenaria final de esta Conferencia, el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Se espera ahora que los distintos estados comiencen a fijar posiciones definitivas frente a los ejes primordiales que están siendo debatidos: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); mecanismos y tecnologías asociados a la mitigación; financiamiento; y, sin lugar a duda el aspecto más importante, adoptar un nuevo acuerdo vinculante para régimen post 2012, cuando culmina el primer periodo de compromisos establecidos en el marco del Protocolo de Kyoto (2008-2012).
Sin embargo, a casi 20 años de la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y pese a que desde su adopción en 1998, el Protocolo fija compromisos –voluntarios para los “países en desarrollo” y vinculantes para los “países desarrollados” del Anexo 1- de reducción de emisiones de dióxido de carbono, principal generador de los GEI causantes del calentamiento global, esto es aún insuficiente para enfrentar este deterioro climático y la magnitud de sus impactos asociados.
Una situación que se ve agravada por los modelos de desarrollo que implementan los distintos estados en un contexto de globalización económica y de mercantilización, con la consiguiente proliferación de megaproyectos de infraestructura, extractivos y de generación de energía que afectan drásticamente al medio ambiente, recursos esenciales como el agua, así como la salud y la vida de las personas.
LA POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES EMISORES
Estados Unidos y China se encuentran entre los principales emisores del mundo, por lo que gran parte de la atención se centra en la postura que adoptarán ambos países. El jefe de la delegación norteamericana, Jonathan Pershing, confirmó un compromiso de reducción al 2020 de 17% para sus emisiones de gases contaminantes, y adelantó que habían conversaciones avanzadas con China frente a un acuerdo futuro. Cabe destacar, no obstante, que el propio Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) sugirió niveles entre 25% -ya insuficiente a juicio de este grupo de científicos expertos- a un 40%, respecto a las emisiones registradas en 1990.
Por su parte el jefe de negociaciones de China, Su Wei, señaló la preocupación de su país por “transparentar la provisión de fondos” a la hora de fijar sus compromisos, pues no quieren ver afectado su proceso de crecimiento económico. Se debe recordar que en el Acuerdo de Copenhague –que no tiene carácter vinculante ni resolutivo, al no haber sido ratificado por la asamblea de las Partes, sino impuesto por un grupo de poco más de 20 países-, se establecieron dos flujos de financiamiento: una vía rápida (fast track) de 30 mil millones de dólares al 2012; y de 100 mil millones anuales a partir de 2020, sin que existiera claridad de cómo se obtendrían estos recursos. Que de acuerdo a la Convención deben ser “nuevos y adicionales” a otras cooperaciones, como a Ayuda Oficial al Desarrollo (ADO).
El acuerdo o no que alcancen estos países, resulta fundamental para la posibilidad de obtener en esta Conferencia el nuevo régimen de compromisos post-2012 que las Partes acordaron ya en la COP-13 de Bali, Indonesia (2007), el que debió haber sido adoptado el 2009 en Copenhague y que sigue rezagado. Ello es aún más claro a la luz de la postura de los países agrupados en la Unión Europea, los que están dispuestos a ratificar un nuevo protocolo, siempre y cuando este sea adoptado por los diferentes estados partes.
LA POSTURA DE CHILE
El gobierno de Michelle Bachelet fijó el 2009 en Copenhague un compromiso de reducción de emisiones del 20% al 2020, lo cual fue ratificado por la administración de Piñera pero con una importante diferencia, la que distintas organizaciones de la sociedad civil chilenas agrupadas en la Alianza por la Justicia Climática calificaron de “retroceso” en declaración pública entregada hoy en conferencia de prensa en Santiago.
De acuerdo a la declaración, el compromiso de la ex mandataria era que esta reducción fuera “financiada significativamente con recursos nacionales”, mientras que el nuevo gobierno afirma que para alcanzar este mismo objetivo de desviación de crecimiento de sus emisiones, “Chile requiere un relevante nivel de apoyo internacional”. Calificando esta postura de “mezquina e impropia” para el país que ostenta el mayor ingreso per cápita de Latinoamérica y que ha hecho su ingreso a la OCDE.
LAS FALSAS SOLUCIONES
Entre los planteamientos incluidos en el preacuerdo evacuado el pasado sábado, se que establece que la captura y el almacenamiento del carbono (CCS) “pueden ser una actividad de proyecto elegible bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, siempre y cuando cumplan con una serie de estrictas evaluaciones sobre riesgo y seguridad”.
Este tipo de instrumentos, que permiten a los países industrializados considerar como propias reducciones que se realizan en otros países y que ellos financian, han sido severamente cuestionados y no existe además certeza de su efectividad, por lo que son vistos como “falsas soluciones” e inescrupulosas oportunidades de negocios a cuenta de los trastornos del clima producto de la acción humana y los modelos de desarrollo a base de combustibles fósiles, los que a su vez permiten a las naciones más contaminantes seguir manteniendo sus niveles de emisiones.
Otro caso es la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), apoyado por países ricos por la comercialización de petróleo –tales como Arabia Saudita, Kuwait, Argelia, Emiratos Árabes, Qatar, Iraq, Jordania y Egipto-, así como Noruega, permiten adquirir áreas de forestación en otros países, que al ser puestas en condición de conservación del ambiente quedan bloqueadas y no pueden ser utilizadas para otros propósitos, lo que rechazan categóricamente las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas, por ser una amenaza para su subsistencia y una comercialización externa de sus recursos naturales.
Lo que en el caso de pueblos indígenas, además, debería considerar su consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, y su consentimiento, en el caso de los países que han ratificado la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, adoptada el 2007.
FOROS PARALELOS
Tres importantes foros paralelos se realizan también en la ciudad de Cancún, los que confluyen hoy en una gran marcha hacia el Hotel Moon Palace donde se encuentran las representaciones internacionales debatiendo, para exigir a los gobiernos el fin de las falsas soluciones, justicia climática en las decisiones y resguardo de derechos para desplazados ambientales producto del cambio climático.
Estos son el “Foro Global por la Vida y la Justicia Ambiental y Social”, convocado por el Movimiento Internacional Campesino y de pueblos indígenas (La Vía Campesina), con cerca de dos mil participantes de diversos países, muchos de los cuales arribaron en las 6 caravanas que concluyeron en México Distrito Federal, recorriendo 17 estados de ese país, y dos de ellas provenientes desde exterior (EEUU y países andinos). El “Diálogo Climático”, espacio organizado de reflexión y resoluciones convocado por organizaciones ambientales y de la sociedad civil mexicanas, el que incluye la realización de un Foro Internacional de la Justicia Climática, con la participación de importantes expositores extranjeros. Y Klimaforum, ubicado hacia las afueras de Cancún, donde además de foros, debates y proyección de documentales, se instaló una villa ecológica para fortalecer el intercambio entre los participantes.
Por Paulina Acevedo
Desde Cancún