Cabe recordar que dicho informe, al cual Enap presentó descargos, señaló que finalmente se trataría del vertimiento de 38.700 litros, y no 22 mil como había indicado la empresa estatal. Además, se constataron una serie de irregularidades que provocaron que la magnitud del derrame fuera tal en lugar de haber sido de tan solo 77 litros. Entre ellas, se encuentran graves faltas de procedimiento, entre ellas no seguir los protocolos de la Armada en la maniobra de descarga, no contar con un eficaz sistema de amarre a la monoboya (punto de entrada del petróleo al terminal de Enap) y no contemplar un procedimiento específico para evitar los riesgos de contaminación en caso de este tipo de sucesos.
Además se acusa el mal estado de las espías ( cuya ruptura provocó el derrame), que debían tener un largo de 100 metros y soportar 350 toneladas, requisitos que no fueron cumplidos. En concreto, fue el Departamento de Ingeniería Mecánica de la U. Federico Santa María el que, en el contexto de las pericias encargadas por la Armada, estableció que las espías no tenían la resistencia mínima recomendada por el fabricante.
Como resultado del sumario, se impuso una multa de $450 millones a la estatal, en tanto que para el capitán del Mimosa y el del remolcador Puyehue,se establecieron sanciones económicas de $360 millones.
El sumario incluye además la declaración del capitán del Buque «LR Mimosa», Gener Dima-Culagán Mercado, quien, según consigna RBB, estableció la inexistencia de un protocolo de seguridad; “Sólo existe un procedimiento respecto de las condiciones de descarga… pero no normas de seguridad respecto al terminal, como en otros países”.
La diputada UDI Andrea Molina señaló que la entrega de la información al fiscal es “tremendamente relevante, toda vez que aporta datos fidedignos y técnicos, que estoy segura serán debidamente valorados por el fiscal Carrasco para efectos de judicializar la investigación”.