El negocio privado energético no da tregua en su avance. Hoy por hoy es uno de los más rentables y aquí en el territorio lo sabemos muy bien. Hemos sido y seguimos siendo testigos de esto. Son ya tres los grandes embalses en el río Bio Bio, los que juntos embolsan una no despreciable potencia instalada de 1.505 MW. La Central Palmucho de 32 MW, la Central Ralco de 690 MW, la Central Pangue de 467 MW y la recién inaugurada Central Angostura de 316 MW conforman hasta hoy esa suculenta cifra, que en el corto plazo pretende seguir en aumento. Un cuarto embalse en el río Bio Bio y otra central de menor envergadura en el canal Bio Bio Sur cuyas potencias serían unos 110 MW entre ambas, ya están en proceso de evaluación ambiental.
Pero esto no queda ahí. Mas proyectos de intervención en el mismo río Bio Bio están en carpeta. También en el río Queuco, en el río Pangue en el río Chaquilvin y otros de las comunidades mapuche pewenche del Alto Bio Bio. Y pese a que existen acuerdos de Estado (Acuerdo de Solución Amistosa de Ralco) para esta zona que no permiten este tipo de intervenciones, este modelo continúa concretando sin retrasos ni contratiempos su andar dejando de manifiesto la inutilidad de la legislación ambiental a la hora de poder influir en su instalación.
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Los efectos negativos que han causado estas ocupaciones en el territorio son cuantiosos. Desapareció parte de una cultura milenaria, desapareció un ecosistema prístino de proporciones, y junto con esto también un polo de desarrollo que convivía en forma armónica con la cultura mapuche pewenche y su entorno: el ecoturismo.
¿El escenario de hoy?
Un territorio intervenido vorazmente que muestra la huella del colonialismo moderno, esa que deja ver el saqueo desmedido de los recursos, sin importar lo que los demás piensen o digan, y que usufructúa al máximo sin retribución alguna para las comunidades.
Aquí en la región se genera el 30% de la energía de Chile, sin embargo, los costos de esta son los más altos del país. Aquí en Quilaco, Santa Bárbara y Alto Bio Bio se paga una tarifa domiciliaria por concepto de energía mucho más alta que en Santiago, Concepción o Calama, sin embargo, el costo social, ambiental, cultural, emocional, etc. nosotros lo hemos pagado, y de acuerdo al mensaje entregado por la propia presidenta Michelle Bachelet en la inauguración de la Central Angostura -en donde avala este modelo- seguiremos pangándolo mientras la normativa continúe en su rol actual.
Varios años han pasado desde que este proyecto ingresara al sistema de evaluación ambiental, y pese a la inadmisibilidad que el estudio de impacto ambiental presentado contenía, este fue acogido por la legislación de esa época sin reparo alguno.
Presentaba derechos de agua insuficientes para su funcionamiento y en litigio legal en los tribunales de justica además de una violación al acuerdo de Solución Amistosa de Ralco; el cual establecía el compromiso del Estado de Chile que comprometía lo siguiente: “acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros mega proyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del alto Bío Bío”.
Sin embargo, y pese a las denuncias ciudadanas y recursos de reclamación a la resolución de calificación ambiental, la Central Angostura prosiguió su paso firme en un recorrido por los gobiernos de la concertación con Michelle Bachelet, la coalición por el cambio con Sebastián Piñera y la nueva mayoría nuevamente con Michelle Bachelet, quién el día martes 8 de julio de 2014 inauguró y respaldó esta hoja de ruta planteando que: “el modelo que se ha seguido acá va en la línea de lo que queremos, que es conciliar la generación de energía con un trabajo de asociatividad con las comunas que lo acogen y privilegiar el cuidado del entorno natural”, palabras que no se condicen con la realidad de la historia que hasta hoy ha marcado la Central Hidroeléctrica Angostura, puesto que las comunidades organizadas así lo manifestaron y las propias autoridades locales de las comunas lo denunciaran públicamente por los medios de comunicación dejando además de asistir a esta “solemne” inauguración junto a la presidenta. La señal que queda; es la de un gobierno permisivo y en manos de la empresa privada.
El movimiento social frente a las instalaciones hidroeléctricas en el río Bio Bio.
Innumerables han sido las reuniones, documentos, emails etc., que los habitantes de esta parte del territorio han cruzado en torno a las temáticas ambientales, sociales y culturales; en diferentes gobiernos, sin embargo, el escenario continúa sin cambios sustanciales.
La ley 19.300 con todas sus modificaciones, continúa en un rol pasivo. Permite acomodar los proyectos frente cualquier variable medioambiental, cultural, social etc. por muy sensible que esta sea, y pese a que la presidenta el día de ayer planteó lo contrario, la central angostura destruyó sitios de significación cultural de alto valor patrimonial, reasentó gente mapuche pewenche sin consulta indígena y aniquiló un río – el Huequecura- prístino que albergaba una enrome fuente de vida muchas de ellas especies endémicas, en peligro de extinción.
Se denuncia la permisividad del estado con el negocio privado por considerar que estas instalaciones no respetan ni tampoco aportan al desarrollo local de las comunidades.
Destruyen lugares de alto valor ambiental, modificando y borrando para siempre los ecosistemas, la memoria y la historia del territorio reemplazándolos por los embalses muertos que además siembran el temor acarrean un peligro por su cercanía a los volcanes. El territorio mapuche pewenche sigue sin protección alguna ante la amenaza del capital privado.
La alta rentabilidad del negocio energético versus el alto valor de la energía es el reflejo del desarrollo que el Estado y la empresa privada proponen para los habitantes afectados.
Estado de derecho y la represión policial.
La criminalización de los movimientos sociales en chile se ha ido acrecentando en el último tiempo. El movimiento estudiantil por ejemplo en su largo proceso ha sido víctima de ese manejo que los medios tradicionales -televisión y diarios de propiedad de grandes poderes económicos-toman y manejan a su antojo creando escenarios que distorsionan la realidad.
El movimiento mapuche es el ejemplo más claro de esta manipulación en donde el Estado –presionado por el capital privado- ha militarizado las comunidades llegando a invocar la Ley de Seguridad del Estado para justificar el uso de la fuerza en los allanamientos a la propiedad privada.
En la visita de la presidenta a la inauguración de la Central Hidroeléctrica Angostura hubo situaciones de represión excesiva que no se condice con el lenguaje de los que habitamos este territorio. La sensación que quedó al final del día fue un proceder –de las fuerzas de orden que se desplegaron”- que violentó y redujo a los ciudadanos que quisieron proponer otra mirada al modelo actual del desarrollo, anulando cualquier voz que no fuese la del capital privado que ayer se dejó ver en todo su esplendor. El análisis en este sentido amerita afinar el oído para entender el mensaje que el día de ayer la presidenta junto al capital privado entregó en el puel mapu.
Fuente: Mapuexpress.org
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