El “juicio del siglo”, como se conoce a la demanda que enfrenta el consorcio Chevron en Ecuador, parece llegar a su fin tras la sentencia emitida el 14 de febrero por el juez Nicolás Zambrano, de la Corte Superior de Sucumbíos, que condena a la petrolera a pagar alrededor de US$9,5 millones por los daños ambientales causados en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992, durante la explotación petrolera que la empresa Texaco —adquirida en el 2001 por Chevron— realizara en Ecuador.
Aunque la sentencia establece un pago por U$8,6 millones, la Ley de Gestión Ambiental condena al responsable al pago adicional del 10% del valor de la indemnización a favor de los demandantes.
En temas ambientales, el juicio que enfrenta Chevron en Ecuador es uno de los más significativos de todos los procesos que se han iniciado por daños al medio ambiente a nivel mundial, incluyendo el hundimiento en 1989, en Alaska, del buque tanque Exxon Valdez, perteneciente a la petrolera estadounidense Exxon Mobil, que fue condenada en primera instancia al pago de $4 millones de indemnización por haber ocasionando la catástrofe medioambiental más grande en la historia de EEUU; o los procesos legales que enfrenta la British Petroleum (BP), por los cuales ha debido pagar unos U$3,5 millones hasta el momento, por los daños ecológicos que provocó el accidente de una de sus plataformas de perforación en el Golfo de México.
“En este juicio no hablamos de daños provocados por accidentes, hablamos de daños a las personas y a la ecología de forma deliberada”, sostiene Luís Yanza, presidente del Frente de Defensa de la Amazonia, que agrupa a las comunidades indígenas y campesinas que demandan a Chevron.
UN LARGO LITIGIO
Tras 28 años de operaciones, con 339 pozos perforados en 15 campos petroleros, Texaco abandonó el país en 1992 luego de haber vertido unos 18 millones de barriles de agua tóxica en la selva ecuatoriana y dejado 627 piscinas con desechos tóxicos, lo que afectó a unas 30.000 personas, entre campesinos e indígenas de cinco nacionalidades: siona, secoya, cofán, wuaorani y kichwa.
En 1993, los afectados por Texaco presentaron una demanda en una corte federal de Nueva York, acusando a la empresa de contaminar el ambiente y afectar la salud de la gente al usar tecnología obsoleta. Diez años después, en el 2003, la Corte de Apelaciones de Nueva York ordenó a Chevron —que para entonces ya había adquirido Texaco— someterse a la jurisdicción de una corte ecuatoriana.
Chevron buscó no ser enjuiciada en EEUU porque las leyes son más blandas en Ecuador y los tribunales pueden ser más permeables a la presión de las grandes empresas.
En el 2003 se inició el juicio contra Chevron en la Corte Superior de Nueva Loja, en la provincia oriental de Sucumbíos. Desde entonces se realizaron numerosos peritajes e inspecciones judiciales en los campos en donde operó Texaco, cuyos resultados, incluidos los de peritajes solicitados por la propia compañía, probaban el daño producido.
Al verse acorralada, Chevron empezó a dilatar el juicio con requerimientos de peritajes innecesarios y amenazando a los demandantes con procesos penales por supuestos fraudes, e incluso forjó informes de inteligencia militar para presentar a los demandantes como supuestos terroristas.
“Texaco hizo todo para dilatar el proceso, abusando de los recursos que la justicia ecuatoriana le permite. Hubo ocasiones en que llegó a presentar 40 escritos en media hora”, afirma Yanza.
Las maniobras jurídicas de la petrolera llegaron a su fin cuando, el 16 de diciembre de 2010, el juez Zambrano decidió cerrar la etapa de pruebas y solicitó se le entreguen las más de 215,000 hojas del expediente para analizarlas y dictar sentencia.
Chevron reaccionó en tres frentes: el primero ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Holanda, donde logró a principios de febrero que se prohíba temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que se emita contra la empresa en Ecuador. La decisión arbitral ordena a Ecuador que “adopte todas las medidas que estén a su disposición para suspender o hacer que se suspenda la aplicación o reconocimiento de cualquier sentencia contra Chevron que se emita, tanto dentro, como fuera de Ecuador”.
Igual resolución logró en una Corte Federal de Nueva York. El 8 de febrero del 2011, una semana antes de que el juez Zambrano diera a conocer su sentencia, el juez Lewis Kaplan estableció que durante las siguientes dos semanas no podría ejecutarse fallo alguno sobre el caso emitido en Ecuador. Luego de conocerse la sentencia del juez Zambrano, Kaplan decidió prolongar esta prohibición hasta el 8 de marzo. Mientras tanto, analizará el proceso para evaluar si convierte esta orden en una sentencia formal definitiva.
Pero Chevron decidió ir más allá. El 1 de febrero entabló un juicio en Nueva York contra los 47 habitantes de la Amazonia que la procesaron. Además, abrió demandas contra el equipo legal de los demandantes, a sus asesores y consultores científicos, a los técnicos y a todos los que hayan colaborado en el juicio, incluyendo organizaciones no gubernamentales ambientalistas, laboratorios, estudios jurídicos, el productor del documental “Crude”, Joe Berlinger, que mostró al mundo el daño producido por Texaco, y hasta la propia Corte Provincial de Sucumbíos.
La petrolera se ampara en la Ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción (Rico por sus siglas en inglés), con las que acusa a todos los involucrados en el juicio de conspirar para extorsionar y defraudar a Chevron mediante el juicio de Lago Agrio.
La ley Rico se usa en EEUU para procesar a sindicatos criminales, como la mafia. Según Chevron, todos los actores, abogados y organizaciones que han participado en el juicio y la propia Corte de Sucumbíos son parte de una conspiración criminal que busca deliberadamente extorsionar a la empresa para que pague grandes sumas de dinero, mediante abusos del proceso judicial, falsificación de informes científicos y buscando influir en el valor de sus acciones.
UNA LUCHA QUE AÚN NO TERMINA
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, no teme a la demanda presentada por Chevron en EEUU y considera que es una más de las acciones fallidas de la transnacional para evitar pagar por los daños causados. Ahora su atención está centrada en cómo ejecutar la sentencia del juez Zambrano, contenida en 188 páginas.
“Si bien la cantidad no es significativa frente a los daños causados por Texaco, esta sentencia recoge jurisprudencia de avanzada respecto a los derechos ambientales y a la responsabilidad de las empresas con la naturaleza, y esto es lo que hace de esta sentencia un paso histórico en la defensa de la vida”, afirma Fajardo.
Además de los U$9,5 millones que debe pagar Chevron, el juez de Sucumbíos dictaminó que la empresa debe pedir disculpas públicas a las víctimas por el crimen cometido. Si Chevron se niega a hacerlo, debe pagar adicionalmente el doble del monto establecido, es decir, la cifra puede superar los U$19.2 millones.
Si bien las dos partes han apelado la sentencia de primera instancia, ésta ya se ha convertido en una referencia para nuevos procesos por daños ambientales en todo el mundo.
“En Nigeria se estaba esperando esta sentencia porque tienen una situación similar”, dice Fajardo.
En tanto, Diocles Zambrano, dirigente de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre (RLCAS), afirmó que las transnacionales petroleras europeas “Perenco y Repsol ya deben estar preocupadas”.
La RLCAS —que toma el nombre del dirigente ambiental ecuatoriano Ángel Shingre, asesinado en noviembre del 2003— ha monitoreado los daños producidos por estas dos empresas en la provincia amazónica de Orellana y se apresta a seguir el sendero abierto por el Frente de Defensa de la Amazonia.
Por Luís Ángel Saavedra
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