Chile sigue fracasando ante desastres naturales

FOTO: Publicada por The Clinic.

Y Piñera y Hinzpeter responden, como siempre, con “el combate al terrorismo”. Especialistas hablan de otros factores, por lo demás frecuentes en este tipo de siniestros. La tesis de La Moneda ocultó respuestas y menciones a la ausencia de recursos para Conaf, municipalidades, brigadistas, bomberos y planes de prevención y ataque a los siniestros.

En las últimas semanas hubo incendios forestales en zonas como las Torres del Paine, Carahue, Paine, Quintero, reproduciendo un desastre natural frecuente en Chile en la temporada de más altas temperaturas, fuertes vientos, sequedad y turistas que deambulan por esos lugares. Todos los especialistas y análisis vuelven a indicar que más del 80% de esos siniestros son por factor humano (no siempre intencional) y que, una vez más, falta presupuesto, equipos y planes para encarar esta destrucción de bosques y tierras del país.

Lo novedoso fue que esta vez, el Gobierno levantó la tesis de que se trataba, en varios de esos focos, de actos “terroristas”. Tomaron la batuta el Presidente, Sebastián Piñera, y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para anunciar la aplicación de la Ley Antiterrorista, acusar a organizaciones mapuches, poner en el centro de la sospecha a los indígenas y meter en la nebulosa todos los factores que, año a año, se presentan en estos desastres naturales.

Como en otros temas, Piñera y Hinzpeter aprovecharon mediáticamente el caso para jugarse por el combate al terrorismo. ¿Más dinero para Conaf, para los municipios de las zonas afectadas, para bomberos, para capacitación y equipamiento de brigadistas? Nada. ¿Corrección de planes de prevención, diseño de estrategias para prevenir y combatir estos desastres naturales, reforzamiento de Conaf, compra de helicópteros o aviones para el combate de incendios forestales? Nada. ¿Planes de reforestación, ayuda para comuneros que perdieron tierras, coordinación con empresas forestales, evaluación de las condiciones para el cuidado de reservas naturales y de biodiversidad? Nada. ¿Evaluación y explicación de la tardanza en el combate de los primeros focos; por qué no se envío la fuerza de combate necesaria; por qué fallaron las comunicaciones municipales, regionales y del gobierno central? Nada. En el eje, el terrorismo.

Según el ingeniero forestal y profesor de la Universidad de Chile, Manuel Gallardo, causa extrañeza la agilidad con que las autoridades están centradas en buscar a los responsables y no en analizar y evaluar si toda esta tragedia pudo ser evitada.

“Aquí lo que se está haciendo es una cacería de brujas para buscar a los responsables. El 85% de los incendios forestales es causado por la negligencia humana, pero sólo el 54% de éstos es intencional, por lo que me parece muy apresurado dedicarse con tanto ahínco a acusar tempranamente al pueblo mapuche y de amenazar con la aplicación de la Ley Antiterrorista”, argumentó el académico de la Universidad de Chile.

Según estudios elaborados por el profesor Gallardo, la ocurrencia de incendios forestales en Chile en los últimos 15 años es cada vez más constante, sobre todo en la zona centro sur en época estival.

“Si luego del terremoto la ciudadanía completa entendió que Chile es un país sísmico y que estas catástrofes tarde o temprano se repetirán, es así que debe entender que contamos con una de las mayores y diversas reservas de especies forestales en el mundo y deben ser protegidas por todos”, señaló el académico.

TESTIMONIOS DECIDORES

Cuando el 27 de diciembre de 2011 comenzó el fuego en la zona de las Torres del Paine (XII Región), el Gobierno tardó 24 horas en decretar la alerta de emergencia y enviar todos los equipos necesarios para combatir el voraz incendio que consumía a pasos agigantados la principal reserva forestal de nuestro país.  En menos de tres días, ya las cifras oficiales hablaban de ocho mil hectáreas –luego superaría las 14 mil- consumidas por las llamas y voces de testigos declaraban que el actuar de los brigadistas era tardío y descoordinado.

La estudiante Michela Nardiello, que estaba de vacaciones en la zona y presenció los primeros focos de incendio, dijo a medios de prensa locales que “hubo un minuto en que el fuego no era tan grande y se podría haber apagado, no entre cuatro personas, pero sí entre 10 ó 15, pero no llegó la ayuda necesaria”.

Ante esto, trabajadores y dueños de centros turísticos de la zona, señalaron a la prensa que les avisaron con 24 horas de retraso que tendrían que cerrar sus puertas y que se negaría el acceso a la zona ante la cercanía y aumento del fuego.

En tanto, cuando se activó la alerta de incendio en la cordillera de Nahuelbuta, específicamente en la provincia de Carahue, cuyas reservas forestales -propiedad de la Forestal Mininco- ardían por las llamas descontroladamente, sólo acudían en su mitigación brigadistas contratados por la empresa. Fue ante este escenario que acudieron voluntarios de diversas comunas de la Región de La Araucanía para sofocar el fuego, sin tener mayor preparación ni equipos adecuados para combatir las llamas.

Lamentablemente, siete brigadistas murieron trabajando en la zona tras ser alcanzados por el fuego. Según las investigaciones,  el accidente fue provocado por un repentino cambio en el sentido del viento, lo cual hizo que fueran rodeados por las llamas en cuestión de minutos. Sólo dos trabajadores de esta brigada lograron sobrevivir con quemaduras  considerables en sus cuerpos.

¿UNA INSTITUCIÓN PREVENTIVA O REACTIVA?

La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) tiene como fin ejecutar la política forestal del país, ya sea en materia preventiva, específicamente en la conservación de especies nativas, como la maximización de esos recursos a nivel país.

Según datos otorgados por esta institución, el Programa de Manejo de Fuego de Incendios Forestales cuenta con un presupuesto anual  de  26 millones de dólares, de los cuales sólo el 2,8% se destina a prevención. El año pasado se gastaron más de 60 millones de pesos en materia preventiva, pero en lo que va de este año, ya se gastó 350 millones,  sólo en planes de mitigación de los incendios.

Por otra parte, los guardabosques de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado afirmaron mediante un comunicado emitido el 4 de enero de 2012, que en 26 de los 100 parques bajo su resguardo no hay personal calificado que esté a cargo de su protección, la cual califican de “insuficiente y preocupante, dado que en el caso del incendio de las Torres del Paine, había sólo 30 funcionarios de planta para una superficie de 18.414 hectáreas, lo cual hacía imposible el control del siniestro y facilitó su propagación”.

Las cifras son claras. Un alto número de guardabosques de Conaf ha emigrado a empresas privadas en busca de mejores condiciones laborales y salariales, provocando un déficit en personal calificado que esté en las brigadas de alerta y prevención de siniestros.

El presidente del sindicato de trabajadores de Conaf, Jorge Martínez, señaló que “es urgente que el Estado invierta no sólo en implementos o políticas preventivas, sino también mejorar los sueldos de los funcionarios”.

Según Martínez, tras los incendios forestales del año 2005 en las Torres del Paine, que tuvieron una magnitud cercana al actual siniestro, la Asociación de Profesionales de la Conaf emitió un informe que concluía en la urgencia de aumentar la dotación de guardabosques y de brigadistas. Ambas recomendaciones no fueron escuchadas.

El dirigente sindical de Conaf manifestó que “si se hubiera dotado de las condiciones que planteamos en el informe, y lo que el mismo director regional de Magallanes había pedido para fortalecer la vigilancia en el caso de las Torres del Paine, a lo mejor estaríamos contando una historia distinta y ni siquiera sería noticia”.

Añadió que “hace más de 20 años que no se renuevan los equipos con los cuales la gente trabaja; reposición de vestimentas, zapatos adecuados y la protección apropiada para evitar ser alcanzado por las llamas”.

Sin embargo, los siete brigadistas que fallecieron controlando las llamas en las reservas forestales de Mininco estaban contratados por la empresa, quien a juicio de Martínez, invierte tres veces más que el Estado en prevención, “sin embargo, la inversión realizada tampoco es suficiente cuando se trata de proteger la vida de los trabajadores”.

El profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de La Frontera (Ufro), Alejandro Zamorano, sostiene que es impresentable que una de las principales reservas de la biósfera no cuente con los debidos resguardos preventivos, ya sean guardabosques, fiscalización exhaustiva a quienes entran o una vigilancia aérea.

“En esta zona se encuentran especies únicas en el mundo y que no basta con protegerlas en un documento o pegarles un cartel en sus troncos, es preciso afinar una política real de protección de nuestras especies nativas”, declaró.

AYUDAS EXTERNAS

Pese a todo el despliegue de los brigadistas de Conaf y de las empresas privadas que están trabajando en las zonas afectadas, uno de los principales obstáculos con los que se debió lidiar, fueron los fuertes vientos que llegan a los 80 y 100 kilómetros por hora, y la abrupta topografía del lugar.

Es así como el Gobierno se vio obligado en pedir ayuda internacional para el control del fuego.  Desde Argentina viajaron 60 brigadistas de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, quienes portando equipos de primera ayudaron a controlar las olas de fuego en las Torres del Paine.

Pero lo que causó mayor extrañeza, fue la llegada de efectivos de la agencia estadounidense Fema (Federal Emergency Management Agency), quienes son especialistas en este tipo de incendios y capturaron imágenes satelitales de los focos más conflictivos del incendio que afectó a la zona de Carahue.

Como buena institución del país del norte, viajan por el mundo dando cátedra de cómo reaccionar ante emergencias naturales y prestando auxilio a países que no logran controlar por sí solos los siniestros.

Para el profesor Manuel Gallardo, la presencia de esta agencia estadounidense no hace más que comprobar que la imagen país que tenemos es muy deficiente a la hora de controlar nuestras propias catástrofes.

“No se trata de convertimos en súper héroes y en asegurar que tenemos todas las situaciones controladas –manifestó Gallardo-. Se trata de entender que es urgente desarrollar una política preventiva eficiente, que involucre tanto a la red de instituciones pertinentes como a la ciudadanía en general, para que cada uno de nosotros sepa tanto prevenir como reaccionar ante una emergencia de esta índole”.

EL GOBIERNO A LA CAZA DE LOS RESPONSABLES

Luego que declaraciones de diversos testigos apuntaran como responsable del incendio en las Torres del Paine al estudiante israelí Rotem Singer, quien habría quemado un trozo de papel higiénico tras su visita al lugar, y que actualmente se encuentra formalizado por la fiscalía local, el Gobierno sigue detrás de los supuestos responsables del siniestro en los predios de la Forestal Mininco en la localidad de Carahue.

Sin realizar investigaciones a fondo y concluyentes, sin contar con pruebas concretas que validaran sus tesis, sin coordinarse realmente con fiscales, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que los incendios forestales son intencionales, que detrás de ellos está la CAM -Coordinadora Arauco Malleco-, y que el país está ante un acto de “terrorismo”. Puso a las comunidades indígenas en el centro de las sospechas.

Según Hinzpeter, “el Gobierno dispone de antecedentes con bastante claridad que el incendio en Carahue (en el que murieron siete brigadistas) habría sido intencional.  Hace pocos días se incendió un helicóptero destinado a apagar el fuego… y ese atentado terrorista fue reivindicado por la CAM… a partir de eso uno puede conjeturar y decir quién está detrás de otros incendios que pueden ser intencionales”.

Ante eso, la CAM emitió un comunicado firmado desde la cárcel por uno de sus líderes, Héctor Llaitul, negando las acusaciones que los sindican como autores del incendio en la zona de Carahue. El escrito, enviado directamente a La Moneda, señaló que “estas acciones corresponden a un montaje para justificar la aplicación de la Ley Antiterrorista a las comunidades mapuches en conflicto, al movimiento autónomo y en particular a la CAM”.

Agregó que las tierras afectadas por las llamas son territorios ancestrales del pueblo mapuche que fueron “usurpados” por el empresariado forestal al que responsabilizan por esta tragedia.

La Moneda no quiso perder, como ocurre siempre, e ideó una respuesta enredada y falaz para hacer todo lo posible por sostener la tesis de existencia de terrorismo y ligar a los mapuches. El vocero Andrés Chadwick (dirigente de la UDI), sostuvo que “este comunicado concluye que la CAM está activa, demuestra tener una jerarquía y estar también en acción, porque señalan no tener participación en un incendio, pero nada dicen con aquellas declaraciones hechas por ellos mismos, donde sí tuvieron o reclamaron participación en otros incendios, como fue el de un helicóptero”.

En este marco, se sabe que desde el Ministerio de Interior y el alto mando de Carabineros se orientaron operativos de Inteligencia y represión contra comunidades indígenas.

Eso terminó en una ola de provocaciones y enfrentamientos en las zonas indígenas, teniendo como protagonistas a las Fuerzas Especiales de Carabineros. La guinda de la torta fue la agresión, en la comunidad José Jineo Nanco, sector Rofúe, en Temuco, donde un carabinero agredió a una mujer mapuche con una escopeta, mientras ésta portaba en sus brazos a su hijo de dos años. Luego un Tribunal de Temuco declaró ilegal la detención de las dos mujeres mapuche.

Según el comunicado público de la Comisión de Defensa por los Derechos del Pueblo Mapuche –compuesto por Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción; y el padre José Fernando Díaz, de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Sur, entre otros- “las declaraciones emitidas por las autoridades exacerban un clima de prejuicio y desconfianza contra la comunidad mapuche y en nada contribuyen a solucionar el conflicto”.

Por su parte, el fiscal nacional Sabas Chahuán denegó la solicitud de La Moneda de designar un fiscal preferente para que investigue los incendios forestales. Según sus palabras, “no se justificaría nombrar un fiscal preferente, porque no hay una línea común. Ya hay un equipo bastante dedicado tanto en La Araucanía como en Bío Bío y Maule”.

El Gobierno, sin embargo, no abandonó la tesis del “terrorismo” y responsabilidades de organizaciones o comunidades mapuche.

Ya están en tribunales las querellas criminales que interpuso la Conaf por ser la institución competente en el resguardo de las reservas forestales del país y por su parte la Forestal Mininco también interpuso su acción jurídica por el siniestro en sus predios, sin antes señalar, a diferencia de La Moneda y Hinzpeter, que no indicaba a nadie como culpable. En tanto, se está a la espera de la presentación formal, por parte del Gobierno, de la invocación de la Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables.

Por Claudia Pedreros

El Ciudadano

Edición impresa N° 118 enero 2012