La ley N°21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso en la venta de comida preparada, fue aprobada en 2021, hace ya 3 años. Su implementación ha sido gradual, con una primera etapa que entró en vigencia ese mismo año, y que prohíbe la entrega de artículos desechables plásticos en la venta de comida preparada. A partir del 13 de agosto de este año, la segunda etapa de la ley prohibirá la entrega de cualquier artículo desechable (sin importar el material) en la venta de comida en locales para consumo en ellos. Nadie puede acusar la falta de gradualidad, ya que desde hace tres años que las empresas saben las obligaciones que tendrán que cumplir.
En este sentido, los reclamos de Wallmart, Kentuky Fried Chicken, McDonalds, Burger King, Nestlé y Starbucks son solo un intento de imponer sus intereses comerciales por sobre los intereses de la población en general. Mark Minneboo, director ejecutivo de Plastic Oceans Chile, asegura que “(Las empresas) han tenido casi tres años para consultar, estudiar otros casos, colaborar con terceros y buscar formas innovadoras para cumplir con la ley, pero en vez de ocupar toda su capacidad económica y de innovación para desarrollar modelos de negocios sustentables, están usándolo para frenar los avances en materia medio ambiental que tanto necesitamos”.
Los costos ambientales de la no implementación de la ley son mayores a los costos para las grandes empresas que se resisten a su cumplimiento. Estos costos pueden medirse fácilmente calculando el gasto de las municipalidades en disposición final de la basura generada por la entrega de comida preparada en envases desechables (dinero público que pagamos todas y todos). También pueden calcularse, aunque de manera mucho más compleja, en los impactos ambientales producto del destino final de esos artículos: basura enterrada en vertederos que emite contaminación incluyendo gases de efecto invernadero, contaminación de espacios naturales, muerte de fauna marina, degradación de la calidad de los paisajes turísticos, pero también los costos en salud de las personas producto de la contaminación por plásticos. “En Chile, al menos el 75% de la basura en nuestras playas es plástica, y la mayoría son plásticos de un solo uso como bombillas, cubiertos y botellas plásticas. Además, la situación con los rellenos sanitarios y vertederos es cada vez más crítica, al punto de que algunas regiones deben llevar sus desechos a otras”, asegura Cristóbal Correa, director de campañas de contaminación marina en Oceana.
En Estados Unidos, un estudio[1] calculó que ese país gasta US$249.000 millones en salud pública para tratar los efectos de la contaminación por plásticos en la salud de las personas. Esta realidad nos afecta a todos y todas: hoy bebemos microplástico en el agua, comemos microplástico en la comida, y respiramos microplástico en el aire. Las miles de sustancias tóxicas que este material contiene, entran a nuestros organismos de diferentes maneras provocando una enorme variedad de enfermedades como problemas de desarrollo, problemas de inmunidad, obesidad, diabetes, distintos tipos de cáncer, y un largo etcétera.
El relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, detalló en un reporte el 2021 (el mismo año que se promulgó la ley) los impactos de los plásticos en los derechos humanos, siendo especialmente afectadas las poblaciones más vulnerables como las racializadas, las mujeres, las y los trabajadores, los pueblos indígenas, las y los niños, y las futuras generaciones.
Sin embargo, estas grandes cadenas transnacionales que ganan miles de millones de dólares al año “presentan sus dudas” a esta ley porque tendrán que invertir un pequeño porcentaje de sus ganancias en su implementación. En 2022, por ejemplo, McDonald’s Corporation tuvo ingresos por la suma de 23 mil millones de dólares. Ese mismo año, los ingresos netos de Starbucks ascendieron a la suma de 32 mil millones de la moneda estadounidense.
Desde las organizaciones ciudadanas miembros de la Alianza Basura Cero Chile, desde Iquique hasta Magallanes, exigimos no solo la implementación de la ley con el máximo rigor. También exigimos que el reglamento para implementarla obligue a que el plástico certificado sea 100% en base a fuentes renovables, y se garantice que su contenido sea libre de tóxicos, aunque lo ideal sería que no se permita la entrega de ningún tipo de plásticos en la venta de comida preparada, ya que existen opciones mucho más seguras y saludables que ya están en el mercado y que pueden ser desarrolladas promoviendo negocios locales, aumentando más aún los beneficios de la implementación de esta ley.
Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura añade que “Desde la sociedad civil hemos estado trabajando fuertemente para la correcta implementación, brindando apoyo a los distintos municipios, que finalmente son en quienes recae la fiscalización. Seguiremos trabajando para que estén capacitados y con las herramientas necesarias y que la industria no tenga argumentos de los cuales agarrarse para las peticiones que están haciendo.”
Esperamos que las autoridades no se dobleguen frente al poder económico de estas grandes cadenas transnacionales, y que cumplan con su obligación de velar por el bienestar de toda la población y de la salud pública. Los daños ambientales los pagamos todas y todos, pero los beneficios económicos de la contaminación se los llevan solo algunos, que libran impunes frente al daño que provocan al mismo tiempo que se llenan los bolsillos. Si alguien pudiera quejarse legítimamente de esta ley, serían los pequeños negocios familiares. Para ellos, diferentes soluciones pueden desarrollarse que no significan dejar de cumplir la ley. Sin embargo, las “dudas” y reclamos de las cadenas transnacionales están completamente fuera de lugar en el contexto de triple crisis planetaria que vivimos hoy[2].
[1] https://www.healthandenvironment.org/assets/images/webinar-highlights-chemicals-in-plastics-human-health-costs.pdf
[2] https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis
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