Comunidades de Intag, Ecuador, han venido denunciando que la compañía cuprífera chilena Codelco está respaldando la estrategia del presidente Rafael Correa para imponer la minería en Ecuador, violando los derechos colectivos y desoyendo la voluntad de las comunidades.
El noroccidente ecuatoriano ha sido escenario de una poderosa lucha comunitaria que ha expulsado a diversas transnacionales mineras, incluida Codelco en 1997. La última fue la canadiense Copper Mesa quien intentó explotar la biodiversa Cordillera de Toisán, invirtiendo decenas de millones de dólares para neutralizar la oposición y de utilizar estrategias violentas, incluyendo el uso de paramilitares vestidos de personal de seguridad, y de comprar la justicia para silenciar a la oposición, en el 2008, también se vio obligado a salir con el rabo entre las piernas y ver sus concesiones revertidas al Estado. Esta experiencia le mereció a Copper Mesa la expulsión de la Bolsa de Valores de Toronto, y por ende, la bancarrota.
Carlos Zorrilla, integrante de Comité por la Defensa y Conservación Ecológica de Intag, se pregunta en una declaración pública de Decoin “¿Qué pensarían los 16 millones de accionistas de Codelco (o sea, todo el pueblo chileno), si supieran que su empresa está por invertir millones de dólares en una zona tan conflictiva y difícil como Íntag? ¿Sabrán que “su empresa” ya inició sus labores violando derechos constitucionales, tal como el derecho legítimo de consulta con las comunidades? ¿Sabrán que existe una oposición abierta y contundente en contra de la minería por parte de, no solo la mayoría de comunidades y organizaciones en Íntag, sino también de parte de los gobiernos locales?”
En este mismo sentido el alcalde de Cotacachi, Alberto Anrango, aún siendo del partido del presidente Correa, asegura “defiendo la naturaleza, las aguas puras, la biodiversidad y eso haré. No podemos pensar en sacar los minerales, pienso que hay muchas alternativas para sobrevivir, tenemos que trabajar en la producción agrícola ganadera. El plan económico y de desarrollo establece que tenemos que impulsar el turismo y las artesanías.”
Lucio Cuenca en tanto, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, plantea que es escandaloso que justo ahora que crece la demanda porque los dineros de la estatal sean invertidos en las áreas más vulnerables de la política interna, como la educación por ejemplo, la empresa esté pensando en vulnerabilizar con esas divisas a los países hermanos. “Es urgente que Codelco le dé una explicación al país de este proceder en el extranjero, no puede ser que una empresa que es de todos los chilenos exhiba las mismas prácticas depredadoras y abusivas del resto de las transnacionales mineras”.
César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, Ocmal, señala que “es sumamente preocupante que aprovechando su reputación de empresa estatal, Codelco esté actuando como punta de lanza para el ingreso de la minería transnacional en Ecuador, en circunstancias que las comunidades indígenas y campesinas que habitan las localidades supuestamente mineras, han declarado sostenidamente que no quieren un desarrollo insustentable en su suelo.”
Lucio Cuenca insiste en que si la empresa establece en su página web “trabajamos para que todos los chilenos sientan orgullo de Codelco y admiración por su historia de servicio al país, cuidando como propia la reputación de la empresa”, es imprescindible que la actual administración informe al país quién autorizó a Codelco a incursionar fuera del país, qué recursos del patrimonio nacional están comprometidos en estas inversiones, y sobre todo, por qué se decide entrar en un proyecto a sabiendas de los altísimos costos sociales y ambientales que están en juego.
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