Si hoy la ciudadanía chilena siente tal indignación por haber sido engañada durante 10 años de compra de papel en artículos de primera necesidad, y ese sentimiento se acrecienta al ver a un Estado de Chile secuestrado por una clase política financiada por estos mismos empresarios, pueden imaginarse la justa rabia que sienten las comunidades mapuche de cuyas tierras sale el papel, que fueron y siguen siendo desalojadas a punta de balazos.
Sin embargo, sería muy empobrecedor que el trabajo de esa comisión se acotara solo al tema del DL 701, siendo que este subsidio, aunque totalmente innecesario, es de lo menos escandaloso en esta historia de connivencia entre la dictadura y el empresariado forestal.
La Comisión Investigadora no puede dejar fuera de su investigación lo que significó la Contrarreforma Agraria y cómo las tierras que el Presidente Allende había devuelto a los mapuche y en partes a campesinos pobres, llegaron a ser de las empresas forestales, en un proceso liderado por el hoy controvertido Julio Ponce Lerou, en ese entonces Director Ejecutivo de CONAF.
Al respecto Jaques Chonchol ha planteado que “vino la democracia, se acabó la dictadura, y es un problema que no se ha tocado, es un problema que está pendiente, porque la verdad es que ahí se produjo un desfalco colectivo a favor de unos pocos privilegiados, ya sea militares o ya sean civiles, que se aprovecharon de la coyuntura, de la anarquía y del desorden que existía en el régimen militar. No me cabe la menor duda que algunos abogados podrían estudiar el problema y plantearlo al país, por lo menos. No sé si tendrá éxito, pero sería una denuncia que no se ha hecho, y que ha quedado oculta como muchas otras cosas de la dictadura”[1].
Sin una mirada detenida sobre este proceso, no se comprende cómo se llega a la situación actual de control de precios del papel que tanto escándalo ha causado. Tampoco es posible dimensionar el significado de revalidar el DL 701 sin consulta indígena, sin analizar el modo en que las tierras mapuche pasaron a ser forestales.
El papel y las tierras de INFORSA
En 1986 el Grupo Matte logra el control del mercado del papel al hacerse de la papelera INFORSA, que una década antes había sido privatizada a favor del Grupo Vial. Sobre esa y otras operaciones, Carlos Vial, hijo del empresario Javier Vial, ha dicho que “sus empresas le fueron quitadas, intervenidas y compradas a precio vil por muchos que hoy día aparecen como los grandes forjadores del nuevo Chile”. Sin duda se refiere principalmente a los Matte, entre otros. Si bien en ningún caso es legítimo victimizar a Vial, siendo que él había sido el beneficiario de la privatización de INFORSA pocos años antes, no solamente él ha estimado que el negocio de los Matte fue ilegítimo.
En ese entonces, la Comisión Preventiva Central de la ley antimonopolios declaró que la adjudicación de INFORSA por parte de CMPC restringiría la libre competencia en los mercados de papeles. Apelando Matte, la Comisión cambió de opinión y la venta de las acciones de INFORSA que tenía CORFO fue autorizada por el brigadier general Fernando Hormazábal y los ejecutivos civiles Ismael Ibarra Leniz y Alfonso García-Huidobro, como dice el documento público “con prescindencia de los procedimientos de subasta y licitación pública” (Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados Encargada de Analizar Presuntas Irregularidades en las Privatizaciones de Empresas del Estado Ocurridas con Anterioridad al Año 1990”. 2004).
El año 2004 una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, investigadora de irregularidades en las privatizaciones de la dictadura, señaló a la adquisición de INFORSA por parte de CMPC como ejemplo de “políticas económicas que sentaron bases firmes para la consolidación de un modelo caracterizado por la concentración económica en unos pocos grupos económicos, la exclusión y la distribución del ingreso desigual”. La misma Comisión califica el proceso como “impropio, y por cierto irrepetible en un ambiente de transparencia, de democracia”.
La Comisión del 2004 tiene un capítulo dedicado a la Contrarreforma Agraria, ejemplificando en detalle con el fraude de Ponce Lerou en la Hacienda Rupanco. Se menciona que en total se transfirieron a CONAF 352.731 hectáreas, supuestamente por ser de aptitud forestal, pero no se entra en detalle sobre el traspaso de CONAF a las forestales. Ese tema queda en la nebulosa en el Informe.
Sí se detalla, por lo escandaloso que fue en la época, la adquisición de INFORSA por parte del Grupo Matte. Citando a Hugo Fazio, la Comisión señala que este Grupo “en la década de los ochenta se beneficia con la reprivatización de INFORSA. INFORSA fue adquirido por el Grupo Matte –continúa la cita a Fazio por parte de la Comisión– en el último trimestre de 1986, en la licitación de más repercusión pública de esos meses, acentuando su control en la producción y comercialización de papel de diario. La licitación, como constató en esos días el diario El Mercurio, transformó a la Papelera en uno de los dos mayores tenedores de bosques del rubro, en uno de los dos mayores fabricantes de celulosa, y en el principal productor de papel para corrugados. Con esta adjudicación el Grupo Matte tomó también el control de las filiales pertenecientes al conglomerado INFORSA; entre otras, el 99% de Forestal Río Vergara, el 90% de Maderas Nacimiento, el 50% de papeles Sudamérica, el 50% de exportadora de papel, el 40% de Forestal CRECEX y el 40% de Agrícola Monteverde. Inforsa producía en ese momento el 50% del papel de diario en Chile, poseía 75.000 hectáreas plantadas con recursos forestales y otras 9.820 hectáreas por plantar”.
La forma en la que el Grupo Matte se hizo a precio vil del monopolio del papel, llegando a ser el beneficiario de lo que antes la dictadura había dado al Grupo Vial, ya fue entonces condenada moralmente por una Comisión Investigadora de la Cámara. Sin embargo, sistemáticamente se ha silenciado o minimizado el tema de las tierras de donde viene el papel, y que se trata del territorio emblemático que hoy constituye el mayor foco de beligerancia en el mal llamado “conflicto mapuche”, que más bien debiera llamarse “conflicto forestal” en el sur de la Provincia de Arauco. Ese tema, por algún motivo inexplicable, no aparece en el análisis cuando el Gobierno se refiere a lo que pasa en Tirúa y Cañete.
Resulta que CRECEX, filial de INFORSA, a partir de 1976 había sido beneficiada con miles de hectáreas de la Reforma Agraria a precios totalmente irrisorios. Valgan algunos ejemplos en cuyos documentos de compraventa, disponibles en la Notaría de Cañete, puede encontrarse la firma de Julio Ponce Lerou en representación de CONAF, o de su sucesor Jaime Contesse:
– Fundo Choque (6905 hectáreas), vendido por CONAF en 1979 a Forestal CRECEX en $22.951.191. Si ese dinero lo actualizamos según el IPC del 2015, actualmente el precio del predio sería $737.042.396, es decir, $106.740 cada hectárea.
– Fundo Cura (808 hectáreas), vendido por CONAF en 1979 a Forestal CRECEX en $3.686.849. Actualizado a IPC del 2015, tenemos que la Forestal habría pagado hoy $121.077.640. Dividido en 808 ha, tenemos que el precio supuesto de cada hectárea sería hoy $149.840.
– Fundo Paillaco (2919 hectáreas). Actualmente con instalaciones de campamento policial en su interior. Fue vendido en 1978 por CONAF a Forestal CRECEX en $11.426.223. Actualizado a IPC 2015, el predio valdría hoy $366.871.736, es decir, $125.684 cada hectárea.
– Fundo Lanalhue (2846 hectáreas). Recién cosechado con instalaciones de campamento policial en su interior. Los camiones con madera bajaban todos los días hasta el Puente Lanalhue en caravana con vehículos policiales blindados. Fue vendido por CONAF el año 1980 a Forestal CRECEX en $26.503.752. Actualizado a IPC 2015 serían hoy $652.735.689, es decir, $229.351 cada hectárea.
– Fundo Cayucupil (607 hectáreas), vendido en 1978 en $2.003.032. Actualizado a IPC 2015 son $81 millones aproximadamente, es decir, $133 mil la hectárea.
– Fundo Puchacai (499 hectáreas), vendido en 1978 en $1.633.017.
– Fundo Pulebu (533 hectáreas), vendido en 1978 en $2.173.907.
Y así. Documentos de compra-venta como estos hay cientos en la Notaría de Cañete, la mayoría en beneficio de las Forestales CRECEX y Arauco, hasta el año 1989. Además, la mayoría fueron pagados solo 10% al contado y el resto en 10 cuotas anuales. Muchos de estos fundos estaban plantados, con lo que podemos decir sin exagerar que fueron regalados por el Estado. El precio irrisorio que pagaron las forestales se cubría de sobra cosechando unas pocas hectáreas. Este tema no puede acallarse a la hora de cuestionar hoy el DL 701.
Como medida de comparación de cuánto valían los predios realmente en esa época, podemos ver la venta del Fundo Quelén-Quelén, cercano a los anteriores, por parte del particular Arnoldo Ebensperger a Celulosa Arauco. En 1980 el fundo fue vendido en $18.213000 al contado y en efectivo. Se trata de 355 hectáreas (más un retazo de 33). Actualizado a IPC 2015, tenemos que cada hectárea valdría hoy $1.156.058.
La diferencia es abismante, ya que la forestal, para comprarle a un particular adinerado tenía que desembolsar 100 veces más al contado que para comprarle al Estado (pues al Estado le pagaban solo 10% al contado).
Con la quiebra de los Grupos Vial y Cruzat (Arauco), el traspaso de las acciones a CORFO y luego la reprivatización nuevamente a precio vil, los beneficiarios finales de todo el proceso de desfalco fueron los Grupos Matte y Angelini.
Pero el desfalco al Estado no es lo peor de esta historia, no perdamos el foco. Lo peor es que el Estado estaba regalando a las forestales lo que no le pertenecía, tal como lo había hecho 100 años antes. El correlato del crecimiento exponencial de las riquezas de los Matte y los Angelini son las historias de violentos desalojos por parte del Ejército de Chile a las familias y comunidades mapuche que llevaban años viviendo nuevamente en estos fundos de Reforma Agraria. Es de este trauma reciente, que está en la memoria de todos los mayores de 50 años en las comunidades entre Tirúa y Cañete (en Ercilla la historia es similar), que se alimenta la fuerza del movimiento mapuche actual, y no solamente, como cree la mayoría, de relatos de hace 100 o 150 años.
Todos los fundos en los que el Gobierno es querellante a favor de las forestales y en contra de comuneros mapuche en Tirúa y Cañete en la actualidad (por “robo de madera”) tienen esta misma truculenta historia.
Las ventas a precios irrisorios de CONAF a las forestales fueron hechas con documentos legales, aunque ilegítimos. Donde sí hubo ilegalidad fue en el proceso de cambio de uso de suelo. Esto está también en la memoria de las comunidades mapuche, con detallados relatos sobre las triquiñuelas que usaron los operadores de las forestales y del Ministerio de Agricultura de la época.
Incluso el hoy asesor de Forestal Mininco en Tirúa, Omar Rebolledo, ha reconocido a comunidades mapuche que “me pusieron en un programa que llamaban de regularización de la propiedad agrícola (del Ministerio de Agricultura), y teníamos que andar con un montón de agrónomos y otros topógrafos viendo los predios de aptitud forestal. Incluso en algunos casos les cambiaban la aptitud para pasarlos como forestales y tirárselos a la CONAF, que fue el pasadizo para entregárselos a dos grupos económicos”.
A pesar de todo esto, el Grupo Matte tiene una política de total negativa a solucionar el conflicto territorial con las comunidades mapuche a través de la CONADI. El argumento es que, en el emblemático predio que vendió en Temucuicui el año 2002 (Fundo Alaska), la comunidad se negó a volver a plantar pino o eucalipto. Al pontificar sobre el uso que se debe a dar a esas tierras si es que se devuelven a los mapuche, el Grupo Matte calla no solamente el proceso ilegítimo en que llegó a poseer todas estas tierras en conflicto, sino también el modo fraudulento de cambio de uso de suelo, tratándose de tierras aptas para la agricultura, como lo han demostrado las comunidades que hoy realizan siembras comunitarias en los predios tomados. Las cosechas están a la vista.
Casi 40 años después, cada desalojo de los fundos por parte de Carabineros de Chile, significa la continuidad, supuestamente en democracia, de la Contrarreforma Agraria de la dictadura.
Esta política del Grupo Matte y del Estado, es el motivo de los enfrentamientos armados del conflicto forestal en el sur de la Provincia de Arauco, y no lo que el Gobierno llama “mafias de robo de madera”. El centenar de heridos en enfrentamientos entre las fuerzas policiales y el movimiento mapuche en los últimos dos años en Cañete y Tirúa, son el fruto de la continuidad de la pretensión, por parte del Grupo Matte (sin descontar a Angelini), de monopolizar la fuerza armada del Estado de Chile para sus propios intereses. Así lo hicieron en 1973 y así lo siguen haciendo hoy, con campamentos policiales instalados al interior de los fundos en los lagos Lanalhue y Lleu-Lleu. El nivel de beligerancia hoy ha alcanzado niveles tan altos que hasta el municipio de Tirúa está ideando un plebiscito para echar a las forestales de la comuna, dadas las profundas alteraciones a la convivencia social que han generado, además del profundo daño ecológico.
Pensamos que tarde o temprano el Grupo Matte dará su brazo a torcer, como lo hizo en Temucuicui el 2002, cuando declararon que accedían a vender las 2000 hectáreas “después de llegar al convencimiento de que no podría ejercer normalmente el dominio sobre el predio, a raíz de las constantes tomas, incendios y perturbaciones que lo han afectado”. Con esas declaraciones han marcado el camino a seguir por el movimiento mapuche.
El problema ético y político para el Estado es que los Matte querrán que se les pague a precio de mercado actual un territorio que compraron a precio de huevos. Así se hizo ya hace pocos meses con los fundos Tranaquepe (Forestal Arauco) y El Canelo (Forestal Volterra), en que CONADI pagó a $2.700.000 y $4.300.000 respectivamente la hectárea, en tierras que en 1989 fueron vendidas por CONAF a Forestal Arauco en lo que serían hoy, actualizadas al IPC 2015, $85.000 por hectárea. Se trata de un nuevo desfalco al Estado, del que estamos siendo testigos hoy, frente a la ignorancia de la ciudadanía y el silencio cómplice de los medios.
Lo que correspondería para solucionar el conflicto es una expropiación al mismo precio que las forestales pagaron, descontando además el dinero que han percibido por el subsidio del DL 701. Además, sería un contrasentido devolver las tierras a las comunidades bajo el requisito de que las sigan plantando con pino y eucalipto, como propuso Huenchumilla, cuando lo que corresponde es incentivar la reforestación con especies nativas, tratándose del ecosistema degradado de la cordillera de Nahuelbuta, que hasta hace 40 años albergaba a miles de hectáreas de coihues, arrayanes, hualles y boldos; bosque nativo que constituye la fuente espiritual del Pueblo Mapuche, y que fue ilegalmente reemplazado por especies invasoras, siendo CONAF artífice y cómplice de este delito.
Si hoy la ciudadanía chilena siente tal indignación por haber sido engañada durante 10 años de compra de papel en artículos de primera necesidad, y ese sentimiento se acrecienta al ver a un Estado de Chile secuestrado por una clase política financiada por estos mismos empresarios, pueden imaginarse la justa rabia que sienten las comunidades mapuche de cuyas tierras sale el papel, que fueron y siguen siendo desalojadas a punta de balazos. Y es que el Grupo Matte no solamente ha controlado por años a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también el poder coactivo de Carabineros de Chile, y también del Ejército cuando les ha sido necesario para sus intereses.
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