El Comité de Ministros, reunido esta mañana, resolvió acoger la reclamación presentada por el titular del proyecto hidroeléctrico Central El Canelo San José, Energía Coyanco, para la construcción de una central de pasada en el Río Maipo, que abarca una extensión de 4,23 km entre el punto de captación y restitución de las aguas al río, con una capacidad de generación estimada de 16,06 MW que se inyectarán al Sistema Interconectado Central (SIC).
La aprobación quedó sujeta a la exigencia al titular a entregar un «Programa Específico de Construcción y Mantención del Canal de Aducción«, el cual deberá ser entregado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana y aprobado por la Comisión de Evaluación. Dicho documento deberá incluir los plazos específicos de la construcción de obras, en especial en el predio de la Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso, por donde pasarán los acueductos de la central -hecho que ha generado una fuerte oposición de parte de la congregación religiosa- lugar para el que se ha fijado un plazo de 60 días para la ejecución de las obras y la restitución de las condiciones originales.
Respecto a la mantención, el documento deberá contener un cronograma detallado con las fechas en las que serán repuestas todas las superficies afectadas por la construcción del ducto subterráneo; «Las condiciones que hemos establecido para la construcción y mantención de las obras obligan al titular a reponer todas las superficies de terceros afectadas por la construcción del ducto subterráneo, con especial atención a los terrenos de las Carmelitas, en un nivel igual o mejor que el que existía al momento de la intervención. Esto implica que se debe devolver a su condición original tanto el suelo como la vegetación existente. Todas las condiciones establecidas al proyecto deberán ser verificables por la Superintendencia del Medio Ambiente», sostuvo el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Antecedentes
El proyecto Central El Canelo, ligado al empresario Juan Claro, presidente de la firma, quien forma asimismo parte de la junta directiva de Antofagasta plc, el brazo minero de los Luksic, ha sido rechazado de forma sistemática por las comunidades de la zona, quienes realizaron más de 120 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del mismo.
El proyecto ingresó en 2012 al SEA, organismo que, tras cuatro instancias de revisión y observaciones (adendas) por parte de los servicios públicos, recomendó rechazar el proyecto, principalmente porque no se presentaba información suficiente para evaluar los efectos producto de su construcción y operación, quedando entonces la decisión en manos de la Comisión de Evaluación, quienes lo rechazaron por 10 votos contra dos a favor.
Claudio Orrega, quien presidió la CEA, justificó el rechazo en que la firma no habría logrado acreditar las medidas de mitigación que ameritaría el proyecto: “Después de dos años de tramitación, el titular fue incapaz de responder todos los requerimientos que se le hicieron en la evaluación ambiental. Este no es un rechazo a un tipo de energía o a un titular, sino que no se acreditaron las exigencias ambientales del impacto físico como a la comunidad”, sostuvo entonces el intendente de la región metropolitana.
La votación del proyecto en la CEA estuvo marcada entonces por la presencia de religiosas integrantes del convento Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso, que han mostrado una fuerte oposición al proyecto desde sus inicios, por considerar que atenta contra su modo de vida, ya que la empresa demandó una servidumbre de agua para hacer pasar los ductos por sus terrenos. Según señaló hace unas semanas a Radio Cooperativa el abogado de la Congregación, Roberto Celedón, «Dentro del marco de la libertad religiosa y la libertad de culto hay una norma en nuestro Derecho Civil, en la Constitución, y en la ley sobre libertad de culto en Chile en la cual las cosas destinadas y consagradas al culto están regidas por el derecho canónico, y aquí las madres están protegidas por el derecho canónico en cuanto a que no están obligadas a prestar colaboración con proyectos que son antagónicos a su modo de vida«.
Ellas tienen una vida consagrada, llegaron al sector en 1993, llevan una vida contemplativa, de oración. Para ellas el silencio, la separación física del mundo y el contacto con la naturaleza es parte de sus reglas, entonces que se pretenda pasar una servidumbre de acueducto, de ocupación perpetua de tránsito y de paso, sin duda que altera profundamente el marco donde desarrollan su vida religiosa», argumentó el abogado.
Además, las hermanas acusan a la empresa de ser responsables de los incendios generados en el verano de 2013, que ‘casualmente’ acabaron con más de 280 hectáreas de bosque nativo que se verían afectadas por el proyecto y cuya protección daba cuerpo a varias de las observaciones presentadas al EIA. A pesar de que el informe del cuerpo de bomberos de la zona acusó una posible intencionalidad en los más de 15 incendios registrados, finalmente la Fiscalía no logró establecer relación entre los siniestros y la empresa.
Por su parte, el representante de la firma, Alejandro Donoso, señaló que «Es un proyecto pequeño, de muy baja escala, que se inserta bastante bien en el medio ambiente, con muy bajo impacto y muy amable con la comunidad».
Cebe señalar que las religiosas y comunidades también contaron con el apoyo de un grupo transversal de diputados, formado entre otros Andrea Molina (UDI), Yasna Provoste (DC), Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC), Daniel Melo (PS), Leonardo Soto (PS) y Gabriel Silber (DC) quienes ya solicitaron el rechazo del proyecto hidroeléctrico a la CEA.
Entre las razones esgrimidas por la autoridad ambiental para rechazar el proyecto,se señaló, entre otros, que Coyanco pretende reutilizar una zona de acopio de materia de relleno de otra de sus instalaciones en el sector, la Central Hidroeléctrica Guayacán; “El titular (Coyanco) pretende utilizar el pozo Nº2, el cual ya forma parte de una medida de compensación de suelo comprometida (…) del Proyecto Central Hidroeléctrica Guayacán. En consecuencia no es posible utilizar la misma área”.
Asimismo, el informe de la CEA señaló la existencia de especies en peligro de extinción en la zona, en concreto la rana chilena (Caudiverbera caudiverbera) y la lagartija de los montes ( Liolaemus monticola), esta última catalogada como vulnerable.
Por último, con respecto a la eficiencia, expertos aseguran que el proyecto no sería eficiente de concretarse la ejecución de la hidroeléctrica Alto Maipo, ya que El Canelo se ubicará en la zona intermedia, entre la captación y el punto de restitución de las aguas de Alto Maipo.
Reacción de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM)
Tras conocerse la noticia, la CCRM sostuvo:
“Rechazamos de manera contundente lo que hoy ha sucedido con la aprobación del Consejo de Ministros a la Central El Canelo de San José. La COREMA RM y el SEA ya habían rechazado el Estudio de Impacto Ambiental; Hoy una vez más, al igual que con Alto Maipo, nuestras autoridades deciden seguir favoreciendo a las grandes compañías y corporaciones. Chile se ha convertido gracias a nuestros gobernantes en un país que privilegia el desarrollo sin las personas y opta por las ganancias de las empresas. “La cuenca del río Maipo está sobre explotada no resiste más intervenciones. ¡NO MÁS HIDROELÉCTRICAS EN EL CAJÓN DEL MAIPO!»