El comité de ministros, que aprobó el proyecto hidroeléctrico El Canelo de San José de Maipo, se ha transformado en la mejor instancia para destrabar los proyectos energéticos en beneficio de los intereses empresariales en el área medioambiental, para abandonar su rol de resguardo de los derechos de las personas, para conceder un trato especial a quienes tienen el poder del dinero y ha dejado de manifiesto que para el gobierno, el fin justifica los medios.
Casi 150 observaciones ciudadanas basadas en argumentos técnicos, legales y humanos presentadas al Servicio de Impacto Ambiental, SEA, en un proceso que duró casi dos años, fueron desechadas en 30 minutos por los ministros que asistieron a esa reunión privada, privilegiando así los intereses de Juan Claro y de José Antonio Garcés, presidente de los empresarios cristianos, propietarios de la empresa.
Con esta complaciente resolución ministerial se ignoró la opinión del SEA, organismo técnico encargado de aprobar o rechazar las iniciativas medioambientales, que se supone profesional y justo; es decir, que vela no sólo porque se realice un buen proyecto, sino que además vigila que su desarrollo sea en concordancia y en respeto por los intereses de la comunidad afectada. Esto significa que las evaluaciones de los proyectos constituyen una “pantalla” para que los chilenos pensemos y creamos que el proceso es participativo y democrático. Como lo expresó Ian Nelson, gerente general del holding Energía LLaima SA, en reunión del Concejo Municipal de San José de Maipo: “el informe del SEA no cuenta, es un mero servicio de organización”.
Así, en un par de minutos, los ministros dieron respuesta a los tres principales argumentos que tuvo el SEA para fundamentar su rechazo: “De las causales de rechazo indicadas, del proceso de evaluación, del ICE y de la RCA, se concluye claramente que el titular no cumplió con la obligación de entregar la información suficiente para caracterizar, identificar y posteriormente valorar la significancia de los impactos y presentar o descartar, según corresponda, las medidas para hacerse cargo de aquellos.”(Memo Nº 0019) ¿En qué momento se caracterizaron, identificaron y se valoraron la significancia de los impactos y se presentaron las medidas pertinentes? El documento resolutivo del SEA, EL Memo Nº 0019, está datado el 12 de noviembre de 2014.
No es primera vez que el comité de ministros toma decisiones políticas beneficiosas para la empresa, abandona su rol de velar por el bien común de los chilenos y contradice y obliga al organismo técnico a cambiar de opinión. En siete reuniones desde su creación, ha aprobado a lo menos cuatro casos en que las empresas no tenían ninguna posibilidad de concretar sus proyectos por razones técnicas.
Este proyecto hidroeléctrico fue rechazado enérgicamente y con sólidos argumentos por la comunidad, concejales y alcalde, porque no cumple con la norma ambiental, está plagado de inexactitudes y errores, no respeta lugares de culto protegidos por la ley chilena y atropella artículo 11 de la Ley 19.300 sobre las condiciones necesarias para aceptar un proyecto en relación a las comunidades afectadas.
Informamos también, que Juan Claro, en reunión con la comunidad y ante la presencia del ministro Máximo Pacheco, dijo que no realizará el proyecto si no cuenta con el apoyo de los vecinos. Esperamos ahora, que cumpla con su palabra.
Finalmente, queremos señalar que no hay desarrollo si no hay amor por las personas y la naturaleza que es la Creación de Dios y no hay democracia si no se considera la opinión de la ciudadanía. Mantendremos una enérgica y activa resistencia para defender nuestro territorio con sus montañas y sus aguas que pertenecen a todos los chilenos.
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