Comunidades en pie de lucha contra proyecto minero en Perú

A pesar de la tregua, los manifestantes siguen en pie de lucha para denunciar los efectos colaterales del proyecto minero en Apurímac, donde el Gobierno ha ordenado el ingreso de agentes militares.

La Fiscalía en Perú denunció a tres personas y solicitó medida de privativa de libertad preventiva, por presuntamente haber participado en protestas violentas contra el proyecto minero de Las Bambas, que han dejado cuatro muertos y decenas de heridos.

Justino Chiclla Quispe, Edwar Quispe Ccuno y Asunto Huamaní Huamán. fueron señalados por la presunta comisión de los delitos de disturbios, daños agravados a la propiedad privada y tenencia ilegal de armas y explosivos en Chalhuahuacho, distrito de la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac.

Testigos aseguran que los manifestantes recibieron disparos por parte de agentes policiales que se encontraban en el lugar para evitar los disturbios.

El fiscal adjunto provincial, Walter Vilca, solicitó al Juzgado Mixto de la provincia la prisión preventiva por nueve meses contra los tres imputados, quienes están detenidos en las dependencias de la Seguridad del Estado en la ciudad de Abancay, destaca EFE.

Además, las 18 personas que habían sido detenidas durante los enfrentamientos quedaron en condición de citadas a la Fiscalía “las veces que sea necesaria su presencia”.

Por otra parte, el Gobierno peruano afirmó que el proyecto iniciado en 2004 no se detendrá pese a las protestas que se han venido presentado en los últimos días, en las que se ha reforzado el cerco policial con “1.500 efectivos” según informó el ministro de Interior en Perú, José Luis Pérez Guadalupe.

Se prevé que el sepelio de los fallecidos se lleve a cabo este jueves, hecho que también fue denunciado por los protestantes, a quienes tardaron hasta dos días en entregar los cuerpos.

El proyecto minero en la región de Apurímac se lleva a cabo desde 2004, pero tras el cambio de dueño en 2013 se ha generado el rechazo en la comunidades Saihuas, Mara, Pitis, entre otras.

Los empresarios modificaron el estudio de impacto ambiental (EIA), lo que se tradujo en la cancelación del proyecto mineroducto y la construcción de una planta de molibdeno.

Eso ha generado malestar en la comunidad campesina, la cual denunció que el transporte del material afectará el medioambiente en la zona. Además, bloquearía uno de los accesos de agua más importante en el distrito Chalhuahuacho.

Telesur