Con voto de Intendente, se rechaza resolución de calificación ambiental de minera Dominga

Foto: elcomunal.cl

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, presidida por el Intendente Claudio Ibáñez y de la que participaba un nutrido conjunto de Seremis regionales junto al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, rechazó la resolución de calificación ambiental del proyecto minero Dominga.

En la tensa sesión, que se extendió entre las 09.00 y las 13.00 horas y que contó con la irrupción de vecinos que agitaban posiciones a favor y en contra del proyecto, se produjo una situación de empate entre los votos de los comisionados. Por este motivo se utilizó el protocolo de resolución de empates, cuestión que derivó en que el Intendente tuviera que votar dos veces y desbalancear en favor del rechazo.

Los argumentos esgrimidos por Ibáñez se refirieron, principalmente, a que “debemos ser honestos para pensar en el futuro”, e indicó que ante la eventual instalación de la minera se podría producir “en ciertos casos”, “daños irreversibles a las personas, al medio ambiente y a la confianza”, por lo que subrayó que “existe una duda razonable cuando hay riesgo para las personas”.

Rechazaron las secretarías regionales ministeriales de Desarrollo Social, Transporte, Agricultura, Energía y Salud. En cambio, votaron a favor, sin condiciones, las seremis de Vivienda y Urbanismo, y la de Economía; mientras que votaron la aprobación “con condiciones”, el director del SEA y las seremis de Minería, Obras públicas y Medio Ambiente.

Manifestaciones

En el marco de esta actividad, vecinos irrumpieron en la sesión, agitando posiciones a favor y en contra del proyecto. La presión fue tal que la instancia tuvo que detenerse y abrir una ronda de intervenciones de las y los manifestantes.

Manifestantes en contra del proyecto. Foto de archivo

Quienes agitaban el rechazo sostenían argumentos que apuntaban a la “vulnerabilidad” y que su realidad está “haciendo aguas”. Recriminaron que el Intendente “no ha visitado la zona”, acusaron “abandono” y que el modelo de desarrollo les asigna rol de “zona de sacrificio”.

Quienes promovían la aprobación criticaron el rol de algunas ONGs que han intervenido en el debate, acusando que no son de la zona y que localidades como Chungungo o El Llano no tienen alcantarillado ni agua, respectivamente, ni colegios que abordaran al menos la educación básica completa. Por estos motivos argumentaban que la minera podría favorecer sus intereses más inmediatos.

Cabe recordar que el proyecto minero y portuario de Andes Iron, de propiedad de la familia Délano (protagonista del caso Penta), contempla una inversión de 2 mil 500 millones de dólares, y se proponía extraer y procesar 5 mil toneladas de hierro al mes en la zona de Dominga, Lineal y Totoralillo, contemplando hasta la distribución a través de embarque.