La instauración de un Tribunal de Justicia Climática y un referendo mundial sobre el medio ambiente fueron las principales propuestas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Bolivia, donde movimientos sociales de diversas partes del mundo pasaron de la resistencia al neoliberalismo a la entrega de propuestas para diseñar el mundo en el que quieren vivir.
La primera década del siglo XXI quedará en la historia como una época de crisis. No sólo ocurrió la mayor crisis del capitalismo, sino que también la crisis ecológica que por primera vez pone en cuestión la sobrevivencia del ser humano y del planeta Tierra.
El hecho ocurre justo a diez años de que estallaran las primeras protestas contra la globalización neoliberal en los países del Norte Global, lo que ocurrió en Seattle en la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio en 1999; y a 15 años de la respuesta insurgente zapatista a los Tratados de Libre Comercio, en Chiapas.
Desde aquellos momentos, según apunta el editor de Turbulence, Rodrigo Nunes, “la globalización misma hizo posible que diferentes fuerzas sociales del planeta fuesen conscientes de la simultaneidad de sus luchas, sus puntos de superposición y sus diferencias; y que se comunicaran para comenzar a desarrollar apoyos, aprendizajes mutuos y converger en puntos comunes”.
Y si hasta el 2009, la transversalidad de todos estos movimientos era ser anti globalización, anticapitalistas o sus luchas estaban signadas por la respuesta a las arremetidas de la globalización neoliberal, desde abril de este año la convergencia de tantas luchas, derrotas, pequeñas victorias y la alegría de sentirse unidos vislumbran un nuevo estadio para que otro mundo sea posible.
Pese al silencio mediático o el énfasis en las desafortunadas palabras del presidente boliviano, Evo Morales, que relacionaron el consumo de pollos alimentados con hormonas con la diferencia sexual, el hecho de que más de 35 mil personas de todos los continentes se dieran cita en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), convocada en Cochabamba, da cuenta de la capitalización de un gran momento para esta nueva fuerza global.
CONVERGENCIA ENTRE VERDES Y ROJOS
El encuentro en Bolivia fue convocado luego del fracaso de Copenhage, en diciembre pasado, durante la XVª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático. Los países ricos quisieron imponer un acuerdo al resto de las naciones del globo, no vinculante, y que no afectaba el modelo de desarrollo neoliberal. No prosperó.
En Cochabamba se abordaron las causas estructurales del cambio climático en 17 mesas de trabajo; la necesidad de reestablecer una armonía con la naturaleza; la situación de los migrantes climáticos; la deuda de los países industrializados con el resto del mundo; mecanismos de adaptación, financiamiento y transferencia de tecnología; la peligrosa situación de los bosques del mundo; la trampa de los Mercados de Carbono; la soberanía alimentaria y las estrategias de acción a seguir.
En la cita compartieron puntos de vista organizaciones como Andha Chile, los ecologistas de Codeff, indígenas de América y África, activistas del Norte Global, militantes de la izquierda latinoamericana, científicos, juristas y sindicalistas.
La conclusión, nunca antes consensuada entre tan vastos sectores sociales, es que es hora de poner fin al capitalismo del desastre.
“Se proponen muchas fórmulas para evitar el aumento de la temperatura en el planeta -comenta Tadzio Mueller, de Climate Just Action-, pero la insistencia en un modelo de desarrollo cuyo crecimiento sea a través de combustibles que no dejen huella ecológica producto del avance científico es sólo teoría. En el mundo del capitalismo real, el crecimiento siempre ha significado mayor uso de energías, más efecto invernadero y más destrucción ambiental”.
El efecto del modelo de desarrollo, basado en la idea de que las necesidades son infinitas y el bienestar de los pueblos se mide por el Producto Interno Bruto, es que de seguir con la actual explotación de recursos naturales y emisión de contaminantes a la atmósfera, la temperatura global aumentaría en 2º C durante los próximos 20 años.
Si bien algunos estudios sugieren que no se trata sólo de variables antrópicas sino que un importante factor tiene relación con ciclos solares, de incrementarse la temperatura a ese nivel, existe un 50% de probabilidades de que los daños provocados al ecosistema sean irreversibles.
Eso amenaza la existencia de entre un 20 y un 30% de las especies que habitan la Tierra, la desertificación de grandes extensiones de bosques, sequías o inundaciones en diversas regiones y el mayor derretimiento de los polos y los glaciares en Los Andes y los Himalayas.
La inequidad, aparejada de este cuadro, se expresa en el hecho de que el consumo ilimitado de bienes en Estados Unidos (EU) ha provocado que sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hayan aumentado en 16,8% durante el período 1990 – 2007. Un habitante promedio emite allí entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2, cifra que es nueve veces mayor que las correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de veinte veces las de un habitante de África Sub-sahariana.
Pese a que en 1997 los países ricos se comprometieron a reducir sus emisiones de contaminantes, éstas crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007. Justina Morales, de Orinocay, poblado de origen aymara en la frontera de Bolivia con Chile, considera que la CMPCC ha sido una instancia importante “para discutir las verdades con gente de todos los países. La pachamama está afectada por los que hacen guerra y contaminan. Si aplicamos las conclusiones a las que llegamos, se dará esperanza a los pueblos”.
UN PRIMER CONSENSO
La dispersión de las demandas entre quienes durante la década de los ’90 se vieron afectados por el despliegue de las políticas neoliberales y desarrollistas, ha sido la torre de Babel del movimiento social. Si bien, detrás de todas sus luchas estaba el mismo modelo económico y de subjetivación, las particularidades y la urgencia de lo local impedían que cristalizara un programa en que convergieran sus demandas.
Pero la crisis actual del neoliberalismo, con su huella de pobreza, desastres ambientales y desmantelamiento del espacio público, exigen crear nuevos terrenos comunes. Mueller destaca que “se trata ahora de defender, crear y expandir los recursos comunes para que sean accesibles a todos. Quizás necesitemos de una ‘comunización’ (commoning) que implique la socialización de la atención en salud, la expansión de los espacios y transporte públicos o garantizar una renta básica”.
A dicha demanda de bienestar social, se suma la urgencia de cuidar el planeta. A juicio de Nunes “se está construyendo esta convergencia de una manera distinta a la forma como se dio a mitad de los ’90, cuando el enemigo era el neoliberalismo. Creo que en la zona del movimiento de Justicia Climática, el enemigo que se plantea es el capitalismo mismo, porque la crisis medioambiental nos pone delante de la contradicción básica del sistema, de estar basado en una idea de progreso infinito frente a la capacidad finita que el planeta tiene para regenerarse”.
Si el capitalismo ha convertido todo en mercancía, ha conllevado a que el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma sean gestionados en el juego de la oferta y demanda, el nuevo programa de acción entre los pueblos apuesta por establecer derechos de la Madre Tierra en acuerdo con los derechos humanos. Evo Morales sintetizó la salida diciendo que “o vive el capitalismo o vive la Madre Tierra”.
Nunes ve con optimismo este nuevo estadio del movimiento de los pueblos, ya que “los diez años que tenemos para lograr cambiar el sistema, antes de que cambie el clima, son una instancia de radicalización más amplia que la convergencia que se daba alrededor del ‘No al neoliberalismo”.
LA DEUDA ECOLÓGICA
La actual economía planetaria ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. De seguir el mismo ritmo de sobreexplotación se necesitarían dos planetas para el año 2030. Por ello, resulta urgente terminar con el factor antrópico que hace subir la temperatura de la Tierra.
De hecho, en el mismo Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. O sea que se requiere retornar a concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.
El problema es que las emisiones que provocan esto provienen en un 80% de los países ricos. “Ellos han provocado el problema y todos estamos sintiendo los impactos”, sostuvo el embajador boliviano ante la ONU, Pablo Solón, al diario boliviano Opinión.
Para ello la CMPCC llamó a reparar dicha deuda climática del norte del mundo al sur del mundo, exigiendo que los países desarrollados financien con un 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Si bien la cifra puede resultar excesiva, el monto ofrecido en Copenhague por los países ricos de 100 billones de dólares de aquí al 2020, es sólo el 0,8% del presupuesto que gastan dichos países en guerras y defensa. Además, el 6% del PIB exigido representa un quinto de lo que destinaron para rescatar bancos y especuladores en quiebra a lo largo de la crisis económica que se inició el 2008.
También se concordó en la CMPCC crear “un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Éstas deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas”-según sostiene la declaración final, agregando que sean de dominio público, libre accesibilidad y bajo costo.
TRIBUNAL DE JUSTICIA CLIMÁTICA
Una de las principales propuestas de la CMPCC es la de establecer un Tribunal de Justicia Climática, destinado a dirimir, en demandas por daños al medio ambiente por parte de Estados, grandes corporaciones y personas. Tom Kucharz, integrante de Ecologistas en Acción, señala que “existe un gran vacío institucional en el ámbito internacional, con la capacidad de juzgar a los Estados que están incumpliendo el Protocolo de Kyoto y los compromisos de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático”.
Paulo Bustillos, de la Fundación Solón, considera que “al no existir una instancia vinculante capaz de investigar, procesar y sancionar a los países y responsables de la hecatombe climática, se acepta un marco de impunidad global. Por ello, se necesita una instancia que cree una pedagogía jurídica nueva que supere esta injusticia global, generada por el modelo de crecimiento de los países industrializados”.
“Se trata de replicar la Corte Penal Internacional para prevenir los delitos ambientales, por lo que necesitamos un órgano con suficiente fuerza jurídica para cambiar las actuales políticas contaminantes de los Estados, las empresas e instituciones como el Banco Mundial o el FMI”-agrega Kucharz.
Eduardo Giese, coordinador regional del Programa de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, agrega que la propuesta “surge del acuerdo de organizaciones sociales que veíamos la necesidad de establecer un proceso similar al desarrollado desde la década de los ’70 en la defensa de los derechos humanos. Ahora buscamos establecer responsabilidades éticas respecto de los daños que está provocando el cambio climático y sus falsas soluciones a los pueblos del mundo”.
La iniciativa es respaldada por el gobierno boliviano, que la llevará a instancias de debate de las Naciones Unidas. “Su existencia no sólo juzgaría los daños ambientales generados por dichas instituciones, sino que prevendría que a futuro se produzcan delitos al ecosistema”-concluye Kucharz.
LLAMADO A CONSULTA POPULAR
Como la dinámica de las negociaciones al interior de la ONU vislumbra que los acuerdos alcanzados en la CMPCC sean desatendidos, en Cochabamba se llamó a realizar un Referéndum Mundial, preparado por las naciones que suscriban este acuerdo y las organizaciones sociales en cuyos países los gobiernos lo rechacen.
La declaración final sostiene que dicho plebiscito permitirá que “todos seamos consultados sobre el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deberá proveerse; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista”.
Para ello se llamó a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que implemente los resultados de Cochabamba, se aboque a la tarea de preparar la votación en los pueblos del mundo y a preparar la 2ª CMPCC el 2011, la que revisará los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.
LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Una radical innovación jurídica constitucional está en la mesa de las Naciones Unidas. Se trata de la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, la que otorga categoría de objeto de derechos al planeta. Y no se trata de un delirio de juristas verdes, sino que ya tiene su primera concreción en la Constitución ecuatoriana, aprobada por referéndum el año 2008, con más del 63 por ciento de los votos.
Los derechos de la Madre Tierra son:
• Derecho a la vida y a existir;
• Derecho a ser respetada;
• Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales, libre de alteraciones humanas;
• Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autoregulados e interrelacionados;
• Derecho al agua como fuente de vida;
• Derecho al aire limpio;
• Derecho a la salud integral;
• Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
• Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura, amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
• Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración, causados por las actividades humanas.
Por Mauricio Becerra
Enviado especial de El Ciudadano en Cochabamba
Artículo publicado en la edición N°80, mayo 2010.
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