Controversial agencia Fema asiste a gobierno chileno para mitigar incendio en Torres del Paine

El presidente Sebastián Piñera anunció que el gobierno chileno recibirá la cooperación de la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (Fema) para mitigar el colosal incendio que ya afecta a más de 11 mil hectáreas en Torres del Paine.

El Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la Patagonia chilena, se ha visto afectado por un siniestro desde el día martes. La evolución del fuego llevó el viernes al gobierno a decretar como “zona de catástrofe” a la provincia de Última Esperanza.

«Hemos decidido declarar zona de catástrofe la provincia afectada y solicité al ministro de Agricultura (Luis Mayol) y la ministra del Medio Ambiente (María Ignacia Benítez) viajen y puedan coordinar en persona todas las medidas necesarias», manifestó el presidente Piñera luego de dirigir el Comité de Contingencia junto al director nacional de la Onemi, Vicente Núñez, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y autoridades del Estado Mayor Conjunto.

Ante la crisis, el mandatario ha comunicado públicamente haber tomado contacto con “la organización Fema en Estados Unidos, que es especialista en este tipo de situaciones”. El anuncio se enmarca en acuerdos de cooperación ya suscritos entre Chile y Estados Unidos, firmados en marzo de 2010.

“Como parte de su visita a Washington para acompañar al Presidente Sebastián Piñera a la Cumbre sobre Seguridad Nuclear, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, firmó una Carta de Intención en materia de cooperación entre el Gobierno de Chile y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (Fema)”, reportó la embajada estadounidense a inicios del año pasado.

El sitio web de la sede diplomática informó que el acuerdo será válido por 5 años y permitirá “iniciar un proceso de intercambio de experiencias e información”. La firma fue abrazada por el ministro Moreno al declarar que el tratado hará que el país pueda “conocer el marco jurídico organizacional de la entidad, sus atribuciones, metodología y mecanismos de alerta temprana, prevención, mitigación reconstrucción en materia de catástrofe”, temas que “nos interesa conocer para aplicar en Chile”.

No obstante, las acciones de Fema no han estado exentas de críticas en Estados Unidos, especialmente por su manejo de la crisis del Huracán Katrina que sucumbió a Nueva Orleans en 2005. En tal oportunidad, fuerzas militares violaron los derechos de autodefensa de estadounidenses al entrar a sus casas con ametralladoras en mano y confiscar sus armas, generando un invasivo ambiente de ley marcial.

“Numerosos funcionarios estatales y locales en Louisiana han acusado a Fema de empeorar la situación con burocracia y una respuesta vacilante inmediatamente después de que Katrina impactara las costas de Louisiana, Mississippi y Alabama”, reportó el L.A. Times en 2005.

En septiembre pasado, medios estadounidenses acusaron a la agencia federal de impedir que bomberos controlaran las llamas de un incendio que consumía a más de 48 mil hectáreas en el estado de Texas. Según The Gonzales Cannon, funcionarios federales llegaron a la escena y asumieron el mando de la operación bajo la premisa de que “funcionarios locales nunca hicieron una petición formal para ofrecerse como voluntarios”.

El animador radial de Texas, Alex Jones, sostiene que la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias (Fema) es únicamente un instrumento del gobierno federal para restar soberanía a las autoridades locales e instituir progresivamente un estado policial bajo la figura de la “emergencia nacional”.

Actualmente, Fema está íntimamente ligada al Depto. de Seguridad Interior (Homeland Security), el cual se formó en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Esta organización ya ha proporcionado un marco institucional para la activación de campos de concentración en EE.UU. luego de la presentación en el Congreso del Acta de Centros Nacionales de Emergencia (o HR 645), en el año 2009. La ley mandata el establecimiento de “centros de emergencia nacional” a ser ubicados en instalaciones militares con el propósito de proveer “albergue temporal, asistencia médica y humanitaria a individuos y familias sin hogar debido a una emergencia o un desastre importante”, según la legislación.

Temores de que la función de estas instalaciones pueda también extenderse a la reclusión de enemigos políticos, ha despertado enormemente la atención de defensores de las libertades civiles en Estados Unidos. Las alarmas comenzaron en 1987 durante las audiencias de Irán-Contra, cuando el coronel Oliver North fue consultado por el Senado sobre un programa denominado Rex 84. El plan, ideado por North y el entonces subdirector de “preparación nacional” de FEMA, John Brinkerhoff, proponía la detención de más de 21 millones de “negros americanos” en el escenario de un levantamiento de activistas de color en EE.UU.

Infowars.com reporta que el programa era “un reservado simulacro desarrollado por el gobierno federal para suspender la Constitución, declarar ley marcial, designar comandantes militares que se apoderaran de los gobiernos estatales y locales, y detener a grandes números de ciudadanos estadounidenses que fuesen indicados por el gobierno como ‘amenazas para la seguridad nacional’”.

Bajo la figura de la emergencia nacional, el caso chileno no se encuentra tan alejado del escenario formulado por Fema.

En relación a las facultades que el decreto de zona de catástrofe proporcionaría a Sebastián Piñera ante la crisis en Torres del Paine, Cooperativa informa: “El marco legal chileno permite que se establezca una serie de Estados de Excepción, los cuales son invocados en situaciones especiales, para atribuirle mayores poderes administrativos al Presidente de la República con el fin de enfrentar calamidades públicas que afecten a parte o a la totalidad del país.”

El Estado de Catástrofe, reporta el medio, debe ser determinado por los ministros del Interior y Defensa de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional. Tal facultad permite que las autoridades mencionadas, en este caso el presidente Piñera, el ministro Andrés Allamand y el ministro Rodrigo Hinzpeter, puedan ejercer poderes como: restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

En otras palabras, una suspensión de muchas garantías constitucionales de los chilenos.

No sólo bastó incorporar a William Bratton al Ministerio del Interior y permitirle insinuar que las “leyes chilenas son un obstáculo” para «combatir la delincuencia». La cooperación de Fema con el gobierno chileno sólo viene a acentuar el compromiso de esta administración con modelos represivos del extranjero, cubiertos bajo el discurso de la seguridad y el orden.

El caso de Torres del Paine es un ejemplo muy minúsculo de lo que un Estado de Excepción a gran escala podría eventualmente infligir sobre la ciudadanía chilena. Ante eso, podemos estar seguros de que Fema se encontrará plenamente preparada para brindarnos una “solución”.

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