El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, emitió la resolución con los argumentos técnicos y científicos que llevaron a la instancia ministerial a rechazar de manera unánime el proyecto minero portuario Dominga en enero de este año.
El documento, de más de 200 páginas, condensa una serie de deficiencias que la iniciativa de Andes Iron no superó durante el proceso de evaluación ambiental, y que ya le habían llevado a ser rechazado en 2017.
De hecho, la resolución establece que luego de revisar los argumentos, «el proyecto Dominga, cuyo proponente es Andes Iron SpA, no podrá ejecutarse».
Tras conocerse el informe del SEA, desde la comunidad manifestaron su satisfacción y destacaron la contundencia de la resolución.
Para Antonia Berríos, abogada de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, se trata de una resolución «absolutamente contundente, tanto desde una perspectiva jurídica como científica».
«Esto demuestra que el proyecto fue evaluado de manera deficiente, faltando requisitos tan básicos como una correcta definición del área de influencia y línea de base mínimamente sólida, así como ignorar el impacto permanente que causará en el acuífero Los Choros», agregó Berríos.
No se consideraron las amenazas a especies protegidas
Respecto a los argumentos que justificaron el rechazo del proyecto Dominga, la resolución del SEA expone deficiencias graves de información sobre el medio marino, como son la presentación de un área de influencia incompleta que no consideró las amenazas del proyecto sobre las especies protegidas.
A esto se suma la entrega de un «inadecuado e incompleto levantamiento de línea de base de cada especie», en especial de aquellas en peligro.
Asimismo, tampoco se consideró la afectación a las especies por el tránsito marítimo y las obras del proyecto, ni se identificó ni evaluó los impactos que la planta desaladora tendría en las áreas de manejo de los pescadores artesanales.
Desde la ONG Oceana, su directora Liesbeth Van der Meer, «el pronunciamiento del Comité de Ministros viene a corroborar lo que hace años venimos exponiendo desde el mundo científico, deficiencias graves y que dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este».
«Los argumentos dan cuenta además que un proyecto como este habría alterado irreversiblemente la biodiversidad y actividades económicas tan importantes como lo son la pesca y el turismo en la zona», añadió Van der Meer.
Impacto sobre recursos hídricos
Otro de los temas que generaba mucha preocupación en las comunidades locales, eran los impactos que la minera tendría sobre los recursos hídricos, preocupación que fue acogida por el Comité de Ministros asegurando que Andes Iron no se hace cargo de la posible afectación a la calidad y disponibilidad del agua en un sector con evidente vocación agrícola.
Sobre este punto, Alejandra Donoso, abogada de Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, del Comité de Agua Potable Rural Los Choros y de la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, destacó que la decisión del Comité de Ministros «es coherente con lo que ha sido todo el proceso de evaluación y que tiene que ver con la afectación irreversible a la fuente de agua de las comunidades locales que podría tener la ejecución de un proyecto de la envergadura de Dominga».
La abogada recordó además que la empresa presentó una medida de compensación «que no está probada ni se condice con la naturaleza del territorio».
Finalmente, la resolución emitida por el SEA dio cuenta igualmente de los impactos en el aire, indicando que entre estos no fueron debidamente considerados los efectos del material particulado sedimentable sobre el medio ambiente y la salud.
El proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso.
Desde entonces, y luego de dos instancias en el tribunal ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros, que en esta oportunidad, recayó en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, instancia que en enero de 2023 votó de manera unánime el rechazo al proyecto.
Vía Oceana
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