Una reunión clave para lo que sería la posterior tramitación de la cuestionada Ley Longueira que privatizó los peces ocurrió el 21 de octubre del 2011. En ella se encontraban el ex-ministro de Economía y ex- candidato presidencial, Pablo Longueira, los representantes de las siete familias del “cartel” industrial que controla el sector pesquero chileno, y funcionarios de la Subsecretaria de Pesca. Dicho encuentro se efectuó con el objeto de acordar el “modus operandi” que luego sería negociado con las dirigencias de las dos confederaciones de la pesca artesanal y parlamentarios, para organizar la mayor expropiación de bienes comunes y recursos naturales después de la dictadura cívico-militar en Chile: la privatización de las valiosas pesquerías chilenas.
Así lo revela un correo electrónico donde Hector Bacigalupo, en ese momento operador político de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), y hoy gerente general de la patronal pesquera, les envía detalles de la negociación pesquera a los grandes empresarios que luego resultarían beneficiados por la modificación de la ley de pesca.
En la reunión estuvieron presentes el entonces ministro de economia Pablo Longueira y sus asesores, el subsecretario de pesca de la epoca Pablo Galilea y los empresarios pesqueros y sus representantes, encabezados por el hoy renunciado e investigado por un caso de coima y cohecho, Francisco Mujica, gerente general de la empresa Corpesca, de propiedad de la familia Angelini. También estuvieron Rodrigo Sarquis, dueño de Blumar, Carlos Vial de la compañia FrioSur de propiedad de la familia Del Rio, Roberto Izquierdo Menendez, propietario de Alimar S.A., Hector Bacigalupo de Sonapesca, Marcos Osuna de la transnacional española PescaNova y R. Garcia.
Llama la atención la presencia en esta negociación de las abogadas de la Subsecretaria de pesca, Edith Saa y María Alicia Baltierra, quienes históricamente han operado dentro de este organismo gubernamental cuidando los intereses del empresariado pesquero e implementando legislaciones expropiatorias de los derechos de acceso y uso de recursos marinos de los pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios.
Como dato que refuerza la percepción publica de los graves conflictos de intereses existentes durante el proceso parlamentario de esta cuestionada ley, es el hecho que la abogada Baltierra hasta el 2010 había sido Directora Jurídica de la patronal Sonapesca. Junto a las abogadas de la Subpesca, aparecen participando M.Rios y C.Feres
Longueira y el cartel pesquero
En el correo electrónico, Bacigalupo indica los principales puntos señalado por Pablo Longueira: que 100% de los permisos de pesca se transformarían en licencias de pesca plenamente transables y divisibles, por lo que “se eliminan las licencias a 20 años y posterior licitacion”. Luego Longueira agregó que el 50% de las licencias serían indefinidas,y el 50% de las licencias restantes serían por 20 años.
Además indico que la propuesta acordada “fija un piso para la industria que es equivalente a lo que se entregó en fraccionamiento en la Mesa, medido en toneladas, base 2011 y que será válido para cualquier fórmula que se estudie”.
En la minuta, Longueira destaca que todo estará bien amarrado, al indicar que “desean llegar a un acuerdo en esta reunión, y lo que se acuerde iría al congreso con veto presidencial”. El ex- ministro le confidencia al grupo de conjurados que “se superaron las diferencias al interior del gobierno”.
“Todo se decidirá políticamente”
En la minuta de Bacigalupo señala que “existe un piso que es el Punto Crítico – PC-, o el PC , mas lo cedido en el fraccionamiento -a los armadores de la pesca artesanal-“. Se indica taxativamente que “bajo este piso no se licita”, y ” sobre el Punto Biológico de Referencia- PBR-no se licita”, para luego rematar indicando que “la forma- pendiente- de pasar del PC al PBR será definido políticamente, buscando congelar o bajar las actuales cuotas hasta alcanzar el PBR” con lo cual se evitan las licitaciones!
En el correo electrónico, Bacigalupo señala que se acordó “conformar y dar soporte a la mesa pesquera -conformada por los dirigentes artesanales de Conapach y Confepach-, y por lo tanto al fraccionamiento ya acordado”, refiriéndose al acuerdo de transferencia de cuotas de pesca desde el sector industrial al artesanal.
Finalmente, el correo electrónico indica que “Ante el planteamiento de Sonapesca, quedaron de estudiar algún incentiv, para que la pesca artesanal pueda aceptar un congelamiento de las cuotas y recuperación de las biomasas».
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