La Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del pasado 26 de agosto, que obliga al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a anular la aprobación dada a la campaña de 350 sondajes de la minera Vizcachitas Holding en el Sector de Las Tejas y a realizar la Participación Ciudadana de la comunidad de Putaendo.
“Se confirma la sentencia apelada de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, establece el dictamen de la Suprema con fecha del jueves 17 de septiembre.
En su fallo, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acogió favorablemente el Recurso de Protección presentado por la comunidad putaendina, en contra del SEA, que en marzo de este año negó la Participación Ciudadana solicitada formalmente por más de 2.000 personas y que luego, en un proceso express y en plena pandemia, dio la aprobación a que la compañía Minera Vizcachitas Holding pudiera iniciar una nueva campaña de 350 sondajes mineros en el Sector de Las Tejas.
Dicha sentencia dejó “sin efecto la Resolución Exenta Nº 76 de 17 de marzo de 2020, del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso, que rechaza las solicitudes de efectuar un proceso de participación ciudadana, en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, retrotrayéndose el proceso de Declaración de Impacto Ambiental al momento previo a su calificación, debiendo someterse el proyecto, previamente, al procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente”.
Para el abogado de la comunidad de Putaendo, Álvaro Toro, esto significa que «el SEA debe dar una oportunidad real a los más de 2.000 solicitantes a efectuar sus observaciones y objeciones sociales, ambientales y técnicas al proyecto en evaluación».
Adicionalmente, al quedar nula la votación de autorización, se deberá repetir una vez que se concrete el proceso de Participación Ciudadana en el cual la comunidad de Putaendo podrá presentar argumentos para evitar que el proyecto sea autorizado, mientras que la Minera Vizcachitas no podrá dar inicio a sus faenas de exploración al interior del sector Las Tejas.
«El SEA esta metido en un zapato chino, por un lado debe cumplir lo ordenado por la Corte y al mismo tiempo la norma sobre PAC en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como es el caso es bien limitada a tan solo 20 días», indicó Toro.
Daño ambiental a Putaendo
La decisión judicial abre un nuevo escenario público para el debate de este proyecto que ha generado múltiples manifestaciones en la comuna de Putaendo en contra de Vizcachitas Holding, propiedad de la canadiense Los Andes Copper Ltd.
Una polémica que comenzó hace un par de años cuando la empresa realizó sondajes sin autorización, los que derivaron en intervenciones en el río Rocín, alterando el curso fluvial en el sector de Las Tejas.
El proyecto de Vizcachitas Holding contempla la construcción de 124 plataformas, 350 sondajes y más de 22 kilómetros de caminos en el sector Las Tejas, con una inversión estimada de 25 millones de dólares.
Las actividades de prospección pretenden desarrollarse durante 4 años, y el emplazamiento de las obras se ubica en las inmediaciones el lecho del Río Rocín, principal afluente del Río Putaendo, el cual está declarado agotado desde el año 2004 por la Dirección General de Aguas (DGA) Regional.
Asimismo, se encuentra 20 kilómetros aguas arriba del Embalse Chacrillas, una anhelada obra con capacidad para embalsar 27 millones de metros cúbicos de agua, que aseguraría el riego de 7.100 hectáreas.
Según los estudios ambientales, los glaciares del sector de Las Launas, zona rica en humedales y lagunas de montaña (ubicada a solo 4 kilómetros de las obras) también podrían verse afectados por el material particulado emitido por la faena, que acelerarían su derretimiento.
Estos glaciares constituyen una reserva de agua dulce y embalses naturales, que durante el verano o largos períodos de escasez, proveen del vital líquido a los habitantes del valle de esta comuna, cuya fuente principal de ingresos proviene de la actividad agrícola y ganadera.
Por tal motivo, desde que Vizcachitas Holding presentó este proyecto, los habitantes comunidad de Putaendo ha sido enfáticos en oponerse a su desarrollo.
Triunfo ciudadano
Tras el fallo de la Corte Suprema, desde la Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste señalaron que es un triunfo ciudadano y una “buena noticia para la Tierra”.
“Nos hemos enterado hoy día que la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó el fallo dado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenaba la anulación de la resolución de calificación ambiental dada por el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso al proyecto minero de 350 sondajes de la compañía minera Vizcachitas, y que además obliga a que se dé la Participación Ciudadana a la comunidad, para que la gente del pueblo sea oída y se consideren sus observaciones y comentarios, y negativa a este proyecto”, expresó el vocero de Putaendo Resiste, Alejandro Valdés.
En declaraciones a El Ciudadano destacó la sentencia se suma al fallo del primer Tribunal Ambiental que el jueves confirmó la clausura y cierre definitivo de la mina Pascua Lama de Barrick Chil, y mantuvo la multa por más de 7 mil millones de pesos contra la empresa, luego de años de lucha social por parte de la comunidad de Atacama.
“Esto se suma a lo que fue el fallo del tribunal ambiental a favor de Pascua Lama y eso hace que sea una gran noticia para la Tierra. Nuestros cerros, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros glaciares, nuestros humedales, pueden confiar en que habemos gente digna que está dispuesta a luchar y hacer todo lo que sea necesario para preservar la vida y la salud de las comunidades. Estamos muy emocionados, ha sido muy importante, es un tremendo paso para lo que son las luchas medio ambientales del país”, subrayó.
Para Valdés, la sentencia marca un precedente en el trabajo de las comunidades para proteger al medio ambiente de los peligros y daños que pueden ocasionar los proyectos mineros y muestra el camino a los aspectos ecológicos que debe incluir la nueva Constitución chilena.
“Esto de cara a lo que es el proceso constituyente y a la formulación de una nueva Constitución viene a relevar lo que debe ser la base de una nueva Constitución ecológica en la que no solamente se conciben los derechos y deberes de las personas, sino que esencialmente lo que son los derechos de la naturaleza, donde se reconozca que esta debe ser respetada, de que se debe buscar la armonía, de que siempre la hemos obligado a servirnos y llegó el momento en que entendamos que somos parte de esta y que por lo tanto debemos establecer un nuevo pacto con la naturaleza y una relación que nos permita vivir en armonía y preservar el planeta para las futuras generaciones esta generación, lo que hoy día estamos aquí somos responsables de lo que va a pasar en los próximos 50 o 100 años, y es nuestro deber responder y estar a la altura de esa tremenda responsabilidad”, afirmó.
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